BLOGS
13/12/2013 07:32 CET | Actualizado 11/02/2014 11:12 CET

No hay ningún político imputado ocupando un cargo público, ¿seguro?

"Todas las personas afectadas por los casos que han estado en los medios de comunicación han dimitido". Si nos referimos a casos de corrupción en sentido amplio (prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de cuentas...) esta afirmación del presidente del Gobierno no se sostiene por ningún lado.

"Todas las personas afectadas por los casos que han estado en los medios de comunicación han dimitido. Yo no conozco que haya ninguno que ocupe un cargo público y que esté imputado en este momento. Pero cuando digo ninguno, es ninguno".

Con esta contundencia defendió Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, en una entrevista con seis periódicos europeos, entre ellos El País, que todos los militantes del PP que han sido imputados en algún proceso judicial han dimitido de su cargo público. Dado que las imputaciones son públicas es fácil de comprobar. Lo hacemos.

Los datos

Antes que nada, conviene aclarar, en primer lugar, que el hecho de que una persona esté imputada no significa que sea necesariamente culpable y en segundo lugar, que la corrupción no es un problema exclusivamente del Partido Popular, ni mucho menos.

Dicho esto, para ser rigurosos, habría que saber exactamente a qué casos concretos que han estado en medios de comunicación se refiere Rajoy, pero si nos referimos a casos de corrupción en sentido amplio (prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de cuentas...) la afirmación del presidente del Gobierno no se sostiene por ningún lado.

Sólo en la Comunidad Valenciana, hay 13 alcaldes imputados en casos de corrupción que no han renunciado a sus cargos públicos y siguen ejerciendo como regidores en sus consistorios, según las cuentas realizadas por el periodista Sergi Castillo en el libro Tierra de saqueo. La trama valenciana de Gürtel.

Casos como el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, imputado en una de las ramas del caso Gürtel por posibles irregularidades en contrataciones públicas; la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal o el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, también imputado.

Eso en cuanto a alcaldes que compaginan su cargo público con su condición de imputados. Si hablamos de diputados, que también son cargos públicos, casi uno de cada cinco de los diputados del grupo popular en las Cortes valencianas está imputado por alguna causa judicial en marcha, de acuerdo a este recuento de El País.

Fuera de Valencia también hay otros ejemplos de cargos públicos del PP imputados. Es el caso del Alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, imputado en la instrucción de la Operación Pokémon, o de Iván González, actual alcalde de Castro Urdiales, imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Esto no quiere decir que todas estas personas sean culpables. Pese a la mala imagen que provoca la llegada de políticos a los juzgados, que ha contribuido a disparar la preocupación por la corrupción en los últimos barómetros del CIS, lo cierto es que una imputación no implica necesariamente una condena, y sí puede dañar la imagen de un político debido a lo que se suele dilatar la instrucción de este tipo de casos.

Tampoco es justo dar la impresión de que la corrupción es un problema exclusivo del PP. Según esta recopilación del diario ABC, sólo en la provincia de Sevilla el PSOE tiene 16 políticos imputados por su gestión como alcaldes. Si se amplía el foco a toda España, el número de políticos imputados supera los 300, incluyendo políticos de muy distintos partidos, de acuerdo a esta otra recopilación de casos de Europa Press en enero.

Resumiendo, la afirmación de Rajoy no se sostiene porque, como se ha visto, existen casos de políticos que están imputados y mantienen su cargo público. Posiblemente si el presidente hubiera hablado de que la mayoría de miembros del PP imputados ha dimitido, en vez de afirmar tajantemente que lo han hecho todos, no hubiera incurrido en ningún error.

Los partidos suelen escudarse en los casos de corrupción más sonados del contrario para tratar de quitar hierro a los propios, pero olvidan que cuando una persona vota a una formación política tiene el legítimo derecho a esperar que no cometa los errores del partido que no ha votado, de lo contrario implicaría caer en una especie de espiral ineludible de corruptelas y aceptación resignada de que todos los políticos son iguales. Lo cual, sinceramente, no creo, sean del partido que sean. Pero esto último es ya una opinión.

Nota: El objetivo de este blog es tratar de contrastar con hechos declaraciones exageradas o inexactas. Si escuchas, lees u oyes alguna declaración de este tipo, envíamela por Twitter a @InakiHdez y trataré de contrastarla.