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23/05/2013 08:42 CEST | Actualizado 22/07/2013 11:12 CEST

El empleo juvenil ya no aguanta más dilaciones

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La Comisión Barroso II (2009-2014) afronta el último año de legislatura europea galopando al dudoso honor de haber llevado a la UE al peor momento de su historia. Este órgano, que se distingue por su misión de ejercer como guardián de los Tratados, ha asistido, a lo largo de esta interminable crisis, a un proceso imparable de desnacionalización y regubernamentalización de la política europea en asombrosa coincidencia con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (TL), cuyo objetivo era justamente el contrario: europeizar políticas que, como la representación exterior o las áreas de Justicia e Interior, permanecían esencialmente en manos de los Estados.

Una combinación de inanidad, acomodación y complicidad con la amplia hegemonía conservadora a todo lo ancho de la UE explica que la Comisión haya renunciado a su papel promotor de iniciativas y haya sido arrollado una y otra vez por un Consejo comandado por Gobiernos de derechas, capitaneado primero por el tándem Merkozy y luego, cada vez más, por la implacable contumacia de la derecha alemana. Los resultados de este desastre están a la vista de todos: el llamado "Estado de bienestar" ha sido sobreseído por un estado general de malestar y cabreo, con una UE encenegada en una doble recesión y recorrida como nunca por la pulsión nacionalista y el pesimismo más espeso.

Lo irónico de este preciso momento en que ahora nos encontramos es que el clima hobbesiano de "guerra de todos contra todos" parezca estar acabando por divorciar a la propia Comisión y demás instituciones del área de influencia de Merkel. Las críticas de Jens Weidmann, jefe del Bundesbank, contra la "relajación" de los imposibles y estúpidos calendarios de reducción del déficit -llamado eufemísticamente "consolidación fiscal"- alientan un crescendo dogmático, autoritario y coercitivo en la derecha alemana para reafirmarse en el control de esta disparatada hoja de ruta europea que hace ya tanto tiempo que causa consternación en quienes nos observan desde EEUU, Japón, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y demás actores globalmente relevantes.

Los aparentes indicios de confrontación entre el actual Gobierno conservador alemán y la Comisión Barroso se prestan a dos interpretaciones, en todo caso conducentes a una nueva maniobra de distracción dilatoria, que evita actuar de una vez. De un lado, la propia Merkel sabe que su inflexible ejercicio del bastón de mando de la UE tiene lote de premio en las elecciones federales de septiembre, incluso -o especialmente- a la vista del rechazo que su imposición supone en las opiniones públicas de los países que más sufren su vara de ayuno y penitencia. De otro, Barroso toma conciencia de que su acobardada subordinación a los dictados de Merkel, Schaüble, Weidmann y demás jerarcas de la derecha alemana está pasando una enorme factura al crédito del fuelle europeo, cuyo desgaste se muestra ya imposible de asumir, incluso por una Comisión tan escorada a la derecha como expresa el insufrible ¡más de lo mismo! de Olli Rehn.

La protesta de Barroso la venimos escuchando con incipiente claridad en el Parlamento Europeo (PE). Vaya por delante, de nuevo, que el Parlamento Europeo emerge del Tratado de Lisboa como la institución europea más reforzada, tanto por la extensión de sus competencias legislativas y presupuestarias como por su carácter decisorio en la formulación de la política exterior (el PE es la última palabra a la hora de aprobar los Tratados de la UE).

Y vaya por delante que, aunque también en el PE haya mayoría conservadora (el PP es primera fuerza, flanqueada por más de un centenar largo de diputados eurófobos y/o la extrema derecha), esta legislatura ha visto delinearse una división ideológica sobre el eje mayoría/oposición, entre una derecha dominante y una oposición de izquierda y de fuerzas progresistas, como nunca se había visto en la historia de la UE.

Pero lo cierto es que Barroso protesta de un tiempo a esta parte, con voz cada vez más alta, la falacia de atribuir a la pérfida Bruselas o a la Comisión decisiones que han sido adoptadas por los Gobiernos nacionales, bajo la cobertura del endoso de su coste a esta maléfica UE.

Va siendo hora de asumir con rotundidad dos principios. Uno, que las elecciones europeas -las próximas, en 2014- hace ya tiempo que han dejado de ser urnas "de segundo grado": votar con las tripas o a beneficio de inventario no sale gratis, y mucho menos todavía a quienes más padecen las injusticias de esta crisis; supone un coste que amenaza, como todos los demás, con ser repercutido sobre los ciudadanos de manera desigual, en modo que esa injusticia se profundizará si no conseguimos cambiar esta correlación de fuerzas que ha dominado hasta hoy. Y dos, que tampoco los Gobiernos de los Estados miembros pueden salirse de rositas por sus propios atropellos y retrocesos antisociales con el pretexto de la crisis.

He hablado más de una vez de los desafueros perpetrados por el Gobierno de Rajoy en el área de Justicia: la dominación total del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional por la arrogante mayoría del PP, la privatización de las garantías (las tasas prohibitivas, y el refuerzo del poder lubricante del dinero privado en el acceso a la Justicia) y las reformas regresivas en el Código Penal. Y hoy toca de nuevo fijar la vista en Educación: en esa vuelta de tuerca con la que amenaza Wert, reaccionaria, segregadora, antisocial -por contrario a la igualación de las oportunidades-, y confesionalista, por cuanto nos retrotrae muchas décadas atrás.

Esta apuesta dolosa por la deseducación y por la reprivatización de la desigualdad no puede ser endosada a los costes de la crisis. Forma parte de un proyecto orientado a conformar una sociedad más injusta, inhumana e indecente. Un proyecto destinado a hacer verdad la profecía autocumplidora de que nada volverá a ser igual si algún día recuperamos la senda de un crecimiento raquítico, basado en unos impuestos desigualitarios e injustos, y en un trabajo barato fácilmente reemplazable por jóvenes abocados a la semiesclavitud y a los que se conmina a darse por ¡agradecidos! si consiguen algún día un contrato de precariedad sin derechos.

Barroso II habla ahora de un pilar de garantía juvenil de hasta 60.000 millones de euros financiables por el Banco Europeo de Inversiones en forma de créditos blandos ¡de 2014 a 2020! En el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo algunos le recordaremos que en mayo del 2012 el Consejo ya anunció a bombo y platillo un estímulo al empleo de ¡100.000 millones de euros! que quedó en agua de borrajas sin recursos a la vista cuando, poco después, la Comisión y el Consejo parieron un Marco Financiero regresivo y unos presupuestos a la baja, en los que por primera vez la financiación europea 2014-2020 decrece en todas las partidas respecto del ciclo anterior.

Apretar más el cinturón no va a sacarnos del infierno con que la crisis golpea a los millones de jóvenes -muchos de ellos españoles- a los que se ha compelido a emigrar o resignarse a no conquistar en sus vidas pensiones como las de sus abuelos.

El empleo juvenil ya no puede esperar nada de esta Comisión, ni de sus maniobras de distracción, ni de sus roces o desencuentros con los dictados de Merkel. Cambiar esta Comisión y cambiar la dirección de la política europea, el próximo 2014, supone una oportunidad para resetear un horizonte oscuro y priorizar con recursos la inaplazable urgencia del empleo juvenil.

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