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25/09/2012 11:44 CEST | Actualizado 25/11/2012 11:12 CET

Un roto inconstitucional, aunque el descosido es real

2012-09-25-mas_rajoyportada.jpg La vía de la independencia es pésima, por sus consecuencias económicas y sociales. Inconstitucional, antihistórica, divisoria, regresiva y penosamente antieuropea.

La independencia de Cataluña es inviable constitucionalmente, se ha dicho muchísimas veces. La voluntad popular no se expresa en manifestaciones: por más que ejerza un derecho fundamental en democracia, la democracia no se agota en los manifestódromos. La explotación política de los "sentimientos" y las "emociones" conduce a la confrontación de magnitudes incuantificables, si es que no a la exaltación de lo irracional. La sensación de "agravio" se caracteriza por no necesitar contraste de veracidad, de modo que puede germinar en lindes inverosímiles. De hecho, se la puede fabricar deliberadamente para después manipularla ilimitadamente. Todo esto se ha dicho muchas veces.

Desde el punto de vista constitucional, la cuestión suele despacharse con el recordatorio de la reforma agravada (art.168), que contempla un referéndum en el que debería pronunciarse todo el pueblo español; después, por cierto, de cumplir unos trámites de casi imposible cumplimiento.

Sin embargo -y casi sarcásticamente como consecuencia de lo anterior- el punto de vista político nos describe claramente un cuadro con todas las trazas de un choque de trenes pilotado con precisión de relojero. No es que, como se alega, "resulte increíble" que "con la que está cayendo", en "un país asfixiado por los intereses de la deuda", en una UE que nos exige renuncias de "soberanía fiscal" venga a plantearse ahora un órdago "secesionista" desde una comunidad autónoma "a punto de ser rescatada". Antes bien, esta huida hacia delante o hacia ninguna parte, bajo la partitura de Els Segadors y envuelta en la Senyera, es una consecuencia más, y efecto colateral, de la interminable crisis de legitimación con que el pésimo manejo de los ataques contra el euro ha sumido a toda Europa.

Está al alcance de cualquiera calibrar la magnitud de los perjuicios irrogables por una vuelta de tuerca de inestabilidad y descrédito de España impuesta por la pulsión centrífuga de quienes - sea por desesperanza, sea por pánico o por el hastío ante la indiferencia o la negatividad de quienes están al timón- aspiran a abandonar la nave buscando salvarse por su cuenta en medio de la zozobra.

La vía de la independencia es pésima, por sus consecuencias económicas y sociales. Inconstitucional, antihistórica, divisoria, regresiva y penosamente antieuropea. La taxatividad de un juicio tan negativo apenas admite desarrollo en el espacio de un post, pero sí estimo relevante subrayar su incoherencia con el actual estado de la construcción europea. No todo el mundo conoce los precedentes descritos por la redefinición de las fronteras de la Comunidad Europea cuando, en 1962, Argelia accedió a la independencia de Francia, país fundador de la CEE; o cuando, en 1984, Groenlandia modificó su estatus respecto de Dinamarca, dejando por ello de ser territorio comunitario. Un poco más fresco en el debate es el dato de que el Tratado de Lisboa fija con claridad las reglas para la admisión de nuevos Estados miembros, lo que exige, como se ha recordado, ponerse el último en la cola de potenciales candidatos, además de negociar y superar por unanimidad el veto eventual de todos y cada uno de los actuales miembros, España incluida.

Nada de esto exime a los actores políticos de acometer un problema genuinamente político. De modo que es un poner manos a la obra para una solución política. La frustración causada por la mutilación del capítulo fiscal del Estatut de 2006 es real en sus efectos, y su desbloqueo solo puede provenir de un diálogo generoso y abierto, no ya hasta la extenuación, sino hasta la resolución del desafío que plantea la especificidad de la cuestión catalana. Yendo más allá, sin embargo, parece que ha sonado la hora de reabrir el debate constitucional de fondo. A estas alturas, su horizonte solo puede ser una apuesta federal, aspirando a incorporar al Pacto Constituyente a las generaciones que no pudieron votar la Constitución de 1878, ni habían nacido siquiera el día de aquel referéndum. El pueblo español tiene derecho a revisar a fondo una Constitución que muestra desde hace tiempo fatiga de materiales, a riesgo de envejecer sin que le hayamos permitido disfrutar de su madurez.

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