La estrategia de la Eurocámara contra la crisis de vivienda se llena de cantos de sirena: "Hay que buscar un equilibrio"

No solo la guerra de Irán copa los titulares: la crisis de vivienda sigue siendo una gran preocupación para todo el continente y el Parlamento Europeo acaba de suscribir su postura oficial. Sin embargo, el documento no es particularmente novedoso. La Eurocámara ha dado luz verde este miércoles, con 367 votos a favor, 166 en contra y 84 abstenciones, un texto fruto de meses de reuniones en una comisión especial.

El texto entra en lugares comunes, como la necesidad de "buscar un equilibrio" entre "el desarrollo del turismo" y la garantía de acceder "a viviendas asequibles". También expresa su condena "por la okupación ilegal de viviendas" y exige "medidas más estrictas para proteger a los propietarios", además de reclamar una "proporción adecuada de vivienda pública y social" en las ciudades.

Un punto que sí es novedoso en el contexto comunitario es la declaración por la que se insta a los Estados miembros a proteger no solo a los propietarios: también a los arrendatarios, "garantizando condiciones justas y evitando aumentos desproporcionados de las rentas". 

También se plantea reformar una directiva comunitaria para que en la construcción se puedan aplicar un tipo de IVA "hiperreducido", según ha explicado Borja Giménez, europarlamentario del PP que ha participado en el desarrollo del texto. En España, la entrega de VPO por parte de sus promotores ya se encuentra dentro del IVA del 4%.

Para qué sirve esta declaración

En pocas palabras: para poco. El informe final de la Comisión Especial sobre la Crisis de Vivienda del Parlamento Europeo no es un documento jurídica o legislativamente vinculante. La posibilidad de emprender iniciativas legislaciones es algo que se reserva a la Comisión, que es la que propone siempre borradores de reglamentos y directivas que después deben negociar tanto la Eurocámara como el Consejo de la Unión Europea.

Sin embargo, la existencia de este texto sí sienta las bases de la opinión del Parlamento Europeo, y ayudará a intuir por dónde irán los tiros en caso de que Bruselas se anime a emprender algunos proyectos legislativos concretos. De hecho, los eurodiputados que han logrado cerrar este documentos piden explícitamente a Bruselas que en su Plan de Vivienda Asequible se destinen fondos para renovar y rehabilitar viviendas, algo que en España ya se está haciendo.

Por lo demás, cantos de sirena: el Parlamento insta a los Estados miembros a aumentar y a adecuar su proporción de vivienda social, pero no hay por el momento ninguna exigencia jurídica por parte de la Unión. El parqué de alquiler social español no llega al 2%, mientras que la media en el resto de Europa es de más del 10%.

Agilidad y trámites y una Ley de Suelo

Desde que comenzó la legislatura comunitaria en 2024, la obsesión de la actual Comisión ha sido la necesidad de agilizar trámites. El informe que se encargó al expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, remaba en esa dirección. El famoso informe Draghi es lo que ha auspiciado algunos proyectos legislativos que la UE ya debate, como el polémico reglamento ómnibus que aborda reformas profundas del Reglamento General de Protección de Datos, entre otros.

Precisamente la necesidad de flexibilizar y agilizar en trámites burocráticos también han conseguido conquistar a los parlamentarios europeos que han negociado este documento estratégico para paliar la crisis de vivienda. De hecho, una de tantas soluciones que proponen es introducir herramientas digitales para favorecer la tramitación más ágil de permisos de obra. De hecho, llega a plantear que las licencias de obra se den sí o sí en menos de 60 días.

Actualmente, el plazo máximo en el que las Administraciones pueden conceder esos permisos de obra varía en función de las comunidades autónomas. En Madrid, por ejemplo, el plazo máximo es de tres meses, y no de dos, como propone el Parlamento Europeo. Eso no impide que algunos ayuntamientos acaben dilatando más la entrega de las respectivas licencias.

Para muchos expertos y buena parte del sector de la construcción, la agilidad a la hora de conceder licencias y de desbloquear suelo (dos cosas distintas) es crucial a la hora de favorecer la construcción de vivienda. Sin embargo, la Ley de Suelo se trató de tramitar en el Congreso dos veces, una en 2024 y otra en 2025, sin que el Gobierno contara con la mayoría necesaria para que saliese adelante. La oposición le ha exigido en varias ocasiones al Gobierno que desbloquee esta norma.

Con todo, la crisis de vivienda sigue siendo una de las mayores preocupaciones para los españoles. La mayor, de hecho, según el último barómetro disponible del Centro de Investigaciones Sociológicas. Todo lo relacionado con el acceso a la vivienda se percibe ya como el principal problema que existe en España según un 42,8% de los encuestados.