El Ministerio público comenzó la investigación con un informe que recogía la posibilidad de un delito de malversación de caudales públicos en el Consistorio madrileño.
El intermediario en el contrato de las mascarillas liquidó los dos bonos por 400.000 euros que adquirió con el dinero de la comisión, uno de ellos cuando ya había iniciado la investigación del Ministerio Público.
Anticorrupción se ha querellado contra Luis Medina y Alberto Luceño, los empresarios que percibieron cerca de seis millones de euros por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de la capital.
El organismo comunitario muestra su preocupación por la división de la investigación sobre el contrato del hermano de la presidenta madrileña entre la Fiscalía General del Estado y Anticorrupción.
Las formaciones pedirán que se investiguen nuevos contratos y han registrado un Pleno en la Asamblea para que la presidenta madrileña dé explicaciones.