Cuando la inversión en políticas públicas se recorta, el salario de las personas trabajadoras se hunde

Cada vez más trabajadores y trabajadoras, aun teniendo empleo, presentan dificultades para llegar a fin de mes. Esta situación resulta especialmente llamativa si tenemos en cuenta que, en algunos sectores, los salarios han subido incluso por encima de la inflación. ¿Dónde está entonces el problema? Una de las respuestas centrales está en el deterioro del estado de bienestar.

El salario real no es solo lo que se cobra cada mes. También incluye el acceso a servicios públicos de calidad. Cuando estos servicios fallan, las familias tienen que pagar de su bolsillo lo que antes estaba garantizado. Y ahí es donde se pierde poder adquisitivo.

El caso más evidente es la sanidad. En España, casi uno de cada tres ciudadanos tiene ya un seguro privado. No es una cuestión de preferencia, sino de necesidad. Las listas de espera, la falta de personal y la saturación de los servicios públicos están empujando a miles de trabajadores a pagar una póliza privada para poder ser atendidos en tiempo y forma. Esto significa que una parte del salario se destina directamente a cubrir un derecho que debería estar garantizado por el sistema público.

Este fenómeno tiene consecuencias profundas. Por un lado, reduce el dinero disponible para otras necesidades básicas. Por otro, genera una sanidad a dos velocidades: quienes pueden pagar acceden antes, mientras que quienes no pueden dependen de un sistema cada vez más tensionado. Esto rompe el principio de igualdad y debilita la cohesión social.

La educación también refleja esta tendencia. El acceso a la formación profesional y a la universidad se encarece progresivamente. Entre tasas, materiales y gastos asociados, muchas familias tienen dificultades para garantizar la formación de sus hijos. En la práctica, se abre una brecha donde o pagas o te quedas fuera, limitando las oportunidades de las personas trabajadoras.

La vivienda sigue siendo un problema importante, aunque no el único. Las administraciones públicas, especialmente comunidades autónomas y ayuntamientos, tienen una responsabilidad directa en este ámbito. Sin políticas eficaces, el acceso a una vivienda digna seguirá siendo una carga creciente para los trabajadores.

Por todo ello, este 1 de mayo debe servir para recordar algo fundamental: los impuestos no son un gasto inútil, son la base de nuestros derechos. Los servicios públicos de calidad forman parte del salario de los trabajadores.

Defender la sanidad pública, la educación accesible y unas condiciones de vida dignas no es solo una reivindicación social, es también una cuestión de sostenibilidad del estado de bienestar. Porque cuando el estado de bienestar se debilita, los salarios reales disminuyen.

Un salario digno no es solo lo que aparece en la nómina. Es también la garantía de que, cuando enfermamos, nos atienden; de que nuestros hijos puedan estudiar; y de que vivir no se convierte en un lujo.