Los derechos de los trabajadores en Europa, en su peor momento en una década

"Tenemos que garantizar que el empleo moderno vaya a la par con la economía moderna". Habla la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Layen. Es diciembre de 2025 y pronuncia su más reciente discurso sobre el Estado de la Unión, en la sede de Estrasburgo (Francia) del Europarlamento. Entonces, ante los diputados, se comprometió a aprobar una Ley de Empleo de Calidad con un doble argumento: "los trabajadores deben estar capacitados si queremos tener una economía competitiva" y es "una cuestión de justicia social básica" que en los hogares se pueda llegar a fin de mes. Debería ser una realidad este año. 

Es una promesa esperadísima, porque hace falta. Lo dice la European Trade Union Confederation (la ETUC, la Confederación Europea de Sindicatos), que representa a 45 millones de obreros, de 41 países. Una sólida base como para conocer la materia en todos los rincones de los Veintisiete -y más allá- y para detectar problemas. En un continente viejo pero comprometido con los derechos humanos y la democracia, se esperarían reproches menores, a pinceladas, pero el caso es el contrario: se están pendiendo derechos a una velocidad endiablada, hasta el punto de situar a los trabajadores en el peor momento en una década. 

La ETUC se basa en el Índice Global de Derechos, elaborado por la International Trade Union Confederation (ITUC, o Confederación Sindical Internacional) para afirmarlo. Con datos del pasado año, exponen que hay dos razones esenciales que hacen retroceder a los europeos: "la represión gubernamental contra el derecho a la huelga", especialmente por parte de Ejecutivos de ultraderecha, y "la represión sindical por parte de los empleadores". 

Lo habitual era que estos informes rutinarios calificasen de "esporádicas" las violaciones de derechos en suelo europeo. Era así desde 2014, cuando se publicó el informe de la ITUC por primera vez, pero ahora se entiende que Europa es "reincidente", con una acumulación de casos que es el mayor descenso en protección en 10 años. 

La menos represiva, pero... 

El informe reconoce que Europa sigue siendo, en promedio, la región "menos represiva" para los trabajadores, pero lamenta que se ha observado un deterioro constante, especialmente en los últimos cuatro años. 

Vamos poco a poco con la estadística, que es bastante más enervante que fría. Para empezar, en el 52% de los países, los trabajadores vieron denegado o restringido su acceso a la justicia, un aumento "considerable" respecto al 32% de 2024. Además, casi tres cuartas partes de los países europeos violaron el derecho a la huelga y casi un tercio de ellos arrestaron o detuvieron a trabajadores (32%). 

Más: el 41% de los países de Europa violaron el derecho a establecer y afiliarse a un sindicato y el 37% impidieron el registro de fuerzas sindicales. El 17% restringieron la libertad de expresión y de reunión y los trabajadores sufrieron ataques violentos en otro 17% de los países de Europa.

La calificación de Georgia se deterioró de 3 a 4, y la de Italia empeoró de 1 a 2 debido a las medidas draconianas adoptadas por sus Ejecutivos para socavar los derechos laborales y de protesta. Ambos son conservadores, populistas y nacionalistas, de derecha extrema. 

Las autoridades de Bélgica, Finlandia y Francia también continuaron "reprimiendo" a los trabajadores en huelga, mientras que los Gobiernos de Albania, Hungría, Moldavia, Montenegro y el Reino Unido "abusaron de sus poderes legales" al ampliar excesivamente la definición de "servicios esenciales" para restringir el derecho a la huelga. 

En Grecia, Hungría, Serbia, Suiza y Turquía, las empresas "socavaron activamente" la actividad sindical en detrimento de los empleados. Este clima que califican directamente de "antiobrero" también propició el surgimiento de sindicatos afines, dominados por los empresarios -las gallinas, el zorro...-, en Armenia, Grecia, los Países Bajos, Moldavia y Macedonia del Norte.

"El auge de los partidos y movimientos políticos de extrema derecha en toda Europa ha incrementado el riesgo de una mayor erosión de los derechos de los trabajadores y los sindicatos", concluye el dossier. 

Pero el Índice Global de Derechos demuestra además que los ataques a las libertades democráticas están llegando de la mano de "un número cada vez menor de personas que controlan una porción cada vez más desproporcionada de la riqueza mundial". Eso, que antes pasaba más fuera, pasa también en Europa. 

"Hoy, una ínfima fracción de la población mundial -menos del 1%- controla casi la mitad de la riqueza mundial. Esta concentración de poder económico permite que un pequeño grupo de multimillonarios ejerza una influencia desproporcionada en la toma de decisiones globales, incluyendo las relativas a los derechos y protecciones laborales, que afectan directamente la vida de los trabajadores que sustentan la economía mundial", expone. Y eso lleva a que incluso grandes territorios con avances de décadas den pasos atrás. 

Este "golpe a la democracia" suele ser orquestado por políticos de extrema derecha y sus "patrocinadores multimillonarios" no electos. "Ya sea Donald Trump y Elon Musk en Estados Unidos o Javier Milei y Eduardo Eurnekian en Argentina, observamos la misma estrategia de injusticia y autoritarismo en acción en todo el mundo", añaden.

El temor... 

La ultraderecha es especialmente vistosa en su toma de decisiones, pero la confederación recuerda que los que se supone que defienden los valores y derechos también les hacen daño. "La campaña de desregulación liderada por políticos democráticos también corre el riesgo de empeorar mucho la situación", denuncian. Ponen como ejemplo a la Comisión Europea, que está impulsando actualmente un llamado "régimen 28". Presentada en marzo, se trata de una propuesta para crear un marco legal societario único, digital y opcional, cuyo nombre alude a un sistema adicional que se suma a los 27 ordenamientos jurídicos nacionales ya existentes. 

Este es el tercer intento de implementar un conjunto de normas de este tipo, tras los fracasos de 2008 y 2014. El texto se centra en permitir que las empresas se constituyan en línea en un plazo breve y operen bajo las mismas condiciones en todos los socios del club. Inicialmente se propuso que las pymes y la innovación fueran el eje central, pero el Consejo de Competitividad de diciembre experimentó una notable ampliación de su alcance, a la vez que introdujo una serie de aspectos preocupantes para los representantes de los trabajadores. 

Para los sindicatos, eliminaría la protección que ofrecen la legislación laboral y los convenios colectivos a los trabajadores de algunas empresas, del salario a la seguridad, pasando por la calidad y medios del trabajo. Como expone la Unión General de Trabajadores (UGT) española, "existe el riesgo de que las empresas elijan el marco legal más laxo (dumping social) dentro de la Unión Europea, perjudicando a los trabajadores en países con mayor protección social". Al ser un marco alternativo y no una sustitución de las leyes nacionales, teme que "las empresas lo utilicen para evitar cumplir con los convenios colectivos o normativas laborales más estrictas de cada país".

Eurocadres, el Consejo de Cuadros Europeos, abunda en esa idea: existe la posibilidad de que las empresas que se acojan a este régimen "puedan eludir la legislación laboral nacional, reintroduciendo el principio del país de origen y vinculando los derechos de los trabajadores al país de registro de la empresa, en lugar de al lugar donde se realiza el trabajo". Esto, evidentemente, tendría enormes repercusiones en materia de protección, seguridad social, obligaciones de los empleadores y negociación y convenios colectivos.

Otra laguna importante, destacan en un informe difundido hace mes y medio, es que las empresas tampoco están obligadas a registrarse como empleadores en los Estados miembros donde se encuentran sus trabajadores, ni a establecer representación legal local. "Para los delegados sindicales, los inspectores de trabajo y la aplicación de las normas de seguridad social, la falta de claridad planteará importantes interrogantes, sobre todo cuando surjan litigios y los trabajadores intenten presentar demandas ante los tribunales laborales competentes", exponen.

Todo esto se traduce en una "reducción" del margen de maniobra de los Estados para proteger los derechos de negociación colectiva, la participación de los trabajadores (incluso a nivel de consejo de administración), las reclamaciones de remuneración en caso de insolvencia y otras prácticas, habituales y crecientes, como se ve en la estadística.

... y la esperanza

Ahora la vista está puesta en esa apuesta por empleos de calidad que pregonó Von der Leyen, una legislación que "refuerce los derechos en Europa, incluyendo nuevas normas sobre contratación pública que garanticen que el dinero público se destine a empresas que respeten los convenios colectivos", dice la ETUC.

El pasado diciembre, la CE ya planteó la hoja de ruta para este cambio. Tras la celebración de una cincuentena de debates, con 200 organizaciones de toda la Unión, se acordó que es obligada la acción, un "nuevo rumbo", para "impulsar la productividad, reforzar la competitividad de Europa y evitar la pobreza de los trabajadores". El Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) no deja de recordar que hoy no de cada seis europeos no gana lo suficiente para llegar a fin de mes. 

"Si bien la calidad del empleo en la UE es generalmente elevada, los trabajadores siguen sintiendo el impacto de las crisis mundiales y el aumento del coste de la vida. Por su parte, las empresas se enfrentan a una escasez de mano de obra y de personal cualificado, al tiempo que se esfuerzan por seguir siendo competitivas en un entorno mundial en rápida evolución", expone el departamento de la rumana Roxana Mînzatu, comisaria de Empleo y Derechos Sociales.

Los aspectos fundamentales de la apuesta son: 

La verdad es que todo eso suena bien pero aún hoy es poco concreto, pese al plan de aprobar la Ley del Empleo de Calidad este año. La CE se aferra a que hay una serie de ideas claras en torno a estos "puestos de trabajo de calidad, y son básicamente aquellas que incluyan una "remuneración justa, condiciones de trabajo seguras y saludables, protección contra el estrés y otros riesgos en el trabajo, seguridad laboral, conciliación de la vida familiar y la vida profesional, igualdad de género, acceso a las capacidades, formación y desarrollo profesional, una sólida protección social y cobertura de la negociación colectiva".

Se tratará de una norma de obligado cumplimiento para los Estados miembros y que, tal como indica la Comisión, "se complementará con medidas no legislativas para ayudar a que los puestos de trabajo europeos sigan siendo seguros, justos y preparados para el futuro".

"Profunda vergüenza"

Esther Lynch, la secretaria general de la ETUC, se muestra indignada con los retrocesos de derechos expuestos, en pleno siglo XXI. "Debería ser motivo de profunda vergüenza para políticos y empresarios que Europa haya experimentado el mayor declive de los derechos de los trabajadores en todo el mundo durante la última década", expone en unas declaraciones facilitadas por su oficina.

Los datos, dicen, demuestran una vez más !"cómo los políticos de extrema derecha toman decisiones que empeoran la vida de los trabajadores cuando están en el poder, independientemente de lo que prometan en la oposición", un aviso a navegantes en un momento en el que los ultras tocan cada vez más poder, en solitario o como aliados de la derecha tradicional, y cuando esa derecha más templada se está contagiando de su agenda y sus postulados, también. En España, sin ir más lejos. 

Lanza un reproche claro a los "políticos democráticos", justamente, porque tienen que "dejar de ser cómplices de la degradación de los derechos que han hecho de Europa el mejor lugar del mundo para vivir y trabajar". Y a la La Comisión Europea le pide que abandone "su plan de socavar la legislación laboral y los convenios colectivos en nombre de la desregulación".

Añade una alerta ante las corrientes que vienen del otro lado del Atlántico y que amenazan no con influir, sino con empapar todas las políticas en esta orilla: "Es evidente que necesitamos urgentemente reforzar los derechos de los trabajadores, y no permitir que Donald Trump o los magnates tecnológicos multimillonarios nos obliguen a abandonar nuestro exitoso modelo social europeo", zanja. 

Sí, se puede

¿Pero no hay manera de resistir a esa tendencia? Sí, las hay, dicen las centrales sindicales europeas. Una de las herramientas más poderosas para pelear contra esa erosión de la democracia y la profundización de la desigualdad es "el poder colectivo": la organización de los trabajadores en sindicatos independientes. Llevan el ascua a su sardina, pero es que, insisten, la historia demuestra que da resultados. 

"El movimiento sindical global es la mayor fuerza social democrática del mundo. Su objetivo es defender las libertades democráticas, mejorar la vida de los trabajadores y salvaguardar sus intereses en el mundo laboral. Afiliarse a un sindicato ofrece protección contra la explotación y crea un frente unido contra la élite global con conexiones influyentes, aquellos que pretenden remodelar el mundo en su beneficio mientras obligan a los trabajadores a pagar las consecuencias", defienden, además. 

Cuanto más fuerte y extenso sea el movimiento sindical, mayores serán las posibilidades de cambiar el rumbo hacia una democracia que ofrezca un futuro más justo y sostenible para todos, concluyen. 

Eso empieza en la calle, hoy, un nuevo Primero de Mayo.