Las democracias parlamentarias europeas están en peligro por el ascenso de la extrema derecha, que persigue objetivos y maneja criterios que son incompatibles con los principios del constitucionalismo moderno basado en la separación de poderes y en los códigos de derechos humanos. John Locke —«Dos tratados sobre el gobierno civil» (1689) que introducen la idea de los derechos naturales (vida, libertad, propiedad)— y el barón de Montesquieu —«El espíritu de las leyes» (1748), que formula la división de poderes— corren peligro de ser archivados por ideologías populistas emergentes que manipulan el concepto de soberanía popular como suelen hacer invariablemente los totalitarismos.

La extrema derecha, por un conjunto de razones que merece la pena escrutar pero cuya etiología no cabe en estas líneas, está ganando terreno a ojos vista en el Viejo Continente, en un proceso probablemente vinculado a la emergencia de Trump en América que, en todo caso, debe ser observado con aprensión por las formaciones clásicas, constitucionalistas y liberales. En lo que va de año, la extrema derecha alemana (AfD) ha pasado de la cuasi irrelevancia a ser la segunda fuerza parlamentaria del país, con el 20,8% de los votos, por detrás de CDU/CSU (28,52%) y por delante del SPD (16,4%). En Portugal, el pasado 25 de junio sucedió un fenómeno parecido: la ultraderechista formación Chega quedó en segundo lugar, con 60 escaños, por detrás de la conservadora Alianza Democrática con 91, y por delante del Partido Socialista con 58… Ningún demócrata en su sano juicio puede permanecer imperturbable ante estas tendencias.

En Rumanía, el progreso del populismo ha discurrido de otro modo, también inquietante: el 6 de diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional tomaba una decisión impactante y anulaba la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 24 de noviembre, ganadas por el candidato prorruso Calin Georgescu, por lo que el proceso electoral debió repetirse. Aunque el TC rumano no detalló razones específicas para justificar su decisión, se ha sabido que se basa en que el país fue blanco de "agresivos ataques híbridos rusos" durante el período electoral, que amplificaron la proyección del candidato Georgescu, crítico con la ayuda a Ucrania. Asimismo, los medios rumanos denunciaron el uso de un millón de euros en financiación externa, pagos a influencers y técnicas avanzadas para evitar la detección de bots rusos en internet. Moscú negó lógicamente cualquier interferencia en la campaña electoral de Rumanía. Las nuevas elecciones, celebradas a doble vuelta el 4 y el 18 de mayo, han sido ganadas por el independiente Nicusor Dan, alcalde de Bucarest. De momento, la joven democracia rumana se ha salvado.

En Alemania, no se proscribió judicialmente la participación de la extremista Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones, pero la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, una de las agencias del servicio de inteligencia alemán, que lleva meses investigando hasta qué punto el partido neonazi atenta contra el orden democrático y que ya había encontrado anomalías en agrupaciones regionales de esta formación, declaraba a principios de mayo que había confirmado plenamente que el partido realiza actividades contra el orden fundamental, libre y democrático. Un informe de 1.100 páginas corrobora el carácter inconstitucional de AfD debido a sus violaciones de la dignidad humana, el Estado de Derecho o los principios de la democracia germana. En el texto se afirma que "la comprensión étnica y basada en la ascendencia del pueblo" que prevalece en el partido "no es compatible con el orden básico democrático libre". Por ejemplo, AfD no considera a los alemanes "con un historial de inmigración desde países musulmanes" como miembros iguales del pueblo alemán. Los principales políticos del partido también "agitan continuamente consignas contra los refugiados y los inmigrantes".

En el caso alemán, es obvio que la sombra de Hitler planea sobre el horizonte. Como es conocido, el primer intento de tomar el poder por la fuerza lo llevó a la cárcel. Después, optó por otra estrategia: creó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (NSDAP) que desacreditó con furia el sistema de Weimar y acabó haciéndose con el poder en las urnas. El resto es conocido.

Tras la victoria aliada y la muerte de Hitler, Alemania se dotó una constitución democrática y moderna, uno de cuyos promotores principales fue Karl Löwenstein, filósofo y jurista judío nacido en Heidelberg, quien marchó exiliado a los Estados Unidos en 1933 para salvar la vida. Él fue le inductor de que la nueva carta germana incluyera el principio de que la organización interna de los partidos políticos ha de ser constitucional. El art. 21 dice textualmente que “serán inconstitucionales los partidos que, por sus fines o por la conducta de sus afiliados, intenten socavar o abolir el orden fundamental, libre y democrático, o poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania”. De donde se desprende que las cámaras parlamentarias y el gobierno federal pueden iniciar cuestiones de inconstitucionalidad contra los partidos de corte totalitario, aunque el Tribunal Constitucional deberá adoptar la decisión final. Dicho régimen político se denomina por esta causa “democracia militante”.

La democracia española nacida al amparo de la Constitución de 1978 es también «militante», ya que, con menos énfasis que la alemana pero con la misma contundencia, el artículo 6, que declara que «los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”, incluye esta segunda y expresiva frase: «Su creación y el ejercicio de su actividad [de los partidos] son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos».

El ascenso de la extrema derecha y del populismo en general en nuestro ámbito occidental plantea, en fin, un claro dilema: el de si hay que actuar contra los partidos no democráticos para que no participen en la ceremonia electoral, algo perfectamente posible de lograr legalmente en las democracias militantes, o si, por el contrario, hay que permitir a la ciudadanía expresarse, para que sea ella la que haga valer sus creencias y rechace a los totalitarios (se necesita una confianza casi infinita en la naturaleza humana para confiar ciegamente en esta opción). Este es el modelo de las democracias populares, que poco o nada tienen que ver con la democracia constitucional, entre otras razones porque obviamente no existe otro medio posible de leer de forma fidedigna la voluntad del pueblo que las elecciones: no sirve la declaración solemne del líder autocrático. Solo unas elecciones verdaderamente libres, con todos los requisitos necesarios para que el proceso electoral sea creíble, garantizan que sale adelante la voluntad popular.

En definitiva, ante el ascenso del populismo iliberal hay dos caminos: la previa exclusión de quienes proponen opciones no constitucionales, que podría ser impuesta por las instituciones de la democracia militante, o la de condescendencia con los extremismos, confiando en que un embaucador no engañará a la ciudadanía. El dilema da mucho de sí, y no estaría mal que todos reflexionáramos sobre él para estar preparados llegado el momento.