El valor político de la confianza

Estamos a punto de pausar la actividad en el Congreso por el habitual parón de las primeras semanas de agosto. Hemos vivido unos meses muy intensos dentro y fuera del hemiciclo. En los escaños, la intensidad se ha producido por la dinámica ya habitual de acoso y derribo al Gobierno con insultos de todo tipo y la votación de varias iniciativas importantes para la ciudadanía frente a las que el bloque reaccionario se ha mostrado totalmente contrario y beligerante. Fuera, la tensión se ha extendido por las noticias que llegan de diferentes juzgados, especialmente de los que tratan algunos temas que afectan al Partido Socialista, porque de los que afectan al Partido Popular, casualmente, aunque son más y muy graves, no trasciende gran cosa.

Igual que tampoco trasciende al debate público que, a pesar de la tensión y el mensaje machacón sobre la ‘parálisis’ del Gobierno, en este mandato ya hemos cerca de 75 leyes, una veintena más que las que sacó adelante Rajoy en toda su última legislatura. En total, con este último Pleno, el Gobierno progresista ha conseguido la mayoría necesaria para aprobar setenta leyes para la protección social, entre proyectos de ley, leyes orgánicas y reales decretos ley.

Este número de iniciativas aprobadas nos tendría que llevar a poner en valor la gran capacidad de diálogo y de generar consenso del Gobierno progresista y de los grupos parlamentarios que, de una forma u otra, le dan apoyo. Cada mayoría conseguida supone llegar a acuerdos exactamente con nueve fuerzas políticas, sin contar con los diferentes movimientos que integran Sumar.

Para que se hagan una idea, el Partido Popular, para presentar su cacareada moción de censura sólo necesitaría ponerse de acuerdo con VOX y algún grupo más y no es capaz. No lo es porque, primero, no tiene un proyecto alternativo que pueda presentar con plena transparencia a una mayoría social. Recordemos sus últimas propuestas sobre recortar ingresos a trabajadoras y trabajadores durante las bajas laborales, su capacidad de calificar dichas bajar de “cáncer”, cuestionar los derechos de las mujeres o demonizar la regularización extraordinaria de personas migrantes. Estas son las propuestas que conocemos.

Visto el nivel y el objetivo de todas, que es el recorte de derechos a la clase trabajadora y a las mujeres, deberíamos preocuparnos mucho por las que ni siquiera se atreven a explicar. Evidentemente, la falta de un proyecto atractivo para la mayoría de la población es un obstáculo para conseguir los apoyos necesarios en el Congreso, pero hay otro motivo que creo que es aún más preocupante incluso para el desarrollo de la propia democracia.

Nadie puede hoy en día identificar al Partido Popular como un socio fiable. Cuando se extiende por el hemiciclo la certeza de que un grupo parlamentario utiliza toda su red de influencias en las instituciones del Estado para hundir a sus adversarios políticos, ese grupo, deja de ser percibido como un posible aliado porque rompe las reglas básicas del parlamentarismo y del desarrollo natural del ejercicio de la democracia.

¿Se imaginan a un compañero de trabajo que para quedarse con su puesto denunciara a su mujer y a su hermano en un juzgado con argumentos falsos, con el único objetivo de desgastarle a usted emocionalmente hasta que se retirase? Difícilmente, después alguien va a querer trabajar con ese acosador. Sólo alguien igual o más macarra estaría dispuesto a hacerlo.

La estrategia de acoso y derribo del Partido Popular, con su gran aliado VOX, está rompiendo la confianza de la ciudadanía en instituciones como la Justicia o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Ya de por sí muy grave, pero también perjudica a medio y largo plazo al propio Partido Popular. Lo sitúa como un partido antisistema, practicante del caciquismo y poco confiable. Si esa percepción se extiende aún más, la ciudadanía dejará de percibirle como una opción útil porque no tendrá capacidad para pactar con nadie. De esta forma, no podrá generar los consensos necesarios para aprobar nada. O sólo los conseguirá con VOX y la involución que ya supone en las autonomías para los derechos y paz social.

En esta legislatura, el Partido Popular ya está sufriendo esta falta de confianza, cada uno por motivos diferentes. El encarnizamiento salvaje contra el Partido Socialista y contra el presidente del Gobierno es para todos los demás un aviso a navegantes. Y que te consideren un socio fiable o no es fundamental para garantizar cierta estabilidad.

La realidad de nuestro país es que cualquier partido que aspire a gobernar necesita sumar una mayoría parlamentaria suficiente. Para ello, tiene que contar con un proyecto convincente y con un liderazgo integrador, capaz de llegar a acuerdos con otros grupos desde el respeto y el reconocimiento mutuo. Sin amenazas, chantajes o malas artes. Ni dentro ni fuera del Congreso.

No es sencillo pero el Gobierno de coalición progresista lo que ya ha conseguido setenta veces, que son setenta avances para la ciudadanía. ¿Cuántas lo hubiera conseguido Feijóo en las mismas circunstancias?

La capacidad de generar confianza entre las distintas fuerzas políticas para afrontar necesarias transformaciones sociales, económicas y medioambientales es un valor democrático que debería cotizar muy por encima del embrutecimiento y la brutalidad de la derecha en su ejercicio del poder dentro y fuera del hemiciclo. La debilidad en un sistema parlamentario es no tener capacidad de sumar mayorías para nada positivo porque nadie se fía de ti. Esto es lo que ha conseguido con méritos el Partido Popular en los últimos ocho años mientras los socialistas seguimos legislando cada semana.