La imputación de Zapatero: héroe o villano

Zapatero, segundo presidente socialista de la etapa democrática, completó la obra constructora de Felipe González mediante una serie de reformas que perfeccionaron decisivamente nuestro modelo constitucional. España, en aquel periodo entre 2004 y 2011, dio pasos agigantados en la consagración de los grandes derechos políticos y sociales, otorgó carta de naturaleza a la minoría LGTBIQ+ legalizando el matrimonio de parejas del mismo sexo; marcó las grandes pautas de la lucha contra la violencia de género; implantó una nueva estructura, la de la dependencia, en la asistencia social; consolidó los criterios de la memoria histórica, con el fin de extinguir las últimas reminiscencias perturbadoras del franquismo… En definitiva, aquel gobierno modernizó el progresismo de un Estado que fortaleció los servicios públicos y avanzó en términos de gozosa equidad. Y no puede olvidarse que, en colaboración con Rubalcaba, consiguió librarnos de la gran lacra proveniente del régimen anterior: la violencia de ETA, el terrorismo vasco que se rindió sin contrapartidas, salvándose así la dignidad del estado de derecho y la memoria de las víctimas.

La figura de Zapatero salió, en fin, del poder acuciado por una gran crisis económica pero con el prestigio personal muy elevado por su propia ejecutoria. Para una gran parte de la izquierda, fue un símbolo de decencia, de sentido solidario, de ética política y profesional.

Por eso nos ha impactado a muchos la noticia de la imputación de Zapatero, decisión adoptada por un magistrado instructor de la Audiencia Nacional mediante un auto de 85 páginas de indudable calidad y de lectura escalofriante que relata con pormenor "un presunto tráfico de influencias". Es particularmente incisivo el pasaje en el que el magistrado describe cómo encajan los hechos investigados con los requisitos del mencionado delito. El Código Penal, a través de tres artículos (del 428 al 430), dispone perseguir a los funcionarios, autoridades o particulares que, "prevaliéndose de su cargo" y "jerarquía" o de su "relación personal", influyan en un funcionario o autoridad para "conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero". Y también los que se "ofrezcan" a realizar la conducta anterior a cambio de "dádivas, presentes o cualquier otra remuneración", o acepten un "ofrecimiento o promesa".

Asimismo, el juez analiza la jurisprudencia para acreditar que el delito de tráfico de influencias existe sea cual sea el desenlace de la gestión que se impulse: en el caso de la compañía Plus Ultra, el hecho de que el rescate cumpliese todos los requisitos legales y todos los trámites administrativos pertinentes no desactivaría la responsabilidad del muñidor que presionase en pro de tal objetivo. "Plus Ultra cumplía con los requisitos de elegibilidad. Estaba en un sector estratégico impactado por la pandemia y cuenta con una licencia tipo A", explicó la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, el pasado abril en una comisión del Senado. Pues bien: este relato no mitiga la gravedad de un hipotético tráfico de influencias.

Quienes no acabamos de creernos que Zapatero haya cometido los delitos que se le atribuyen, hemos corrido a averiguar las fuentes del procedimiento abierto. Se ha publicado que, como en otras ocasiones, todo empezó con una denuncia torticera de "Manos Limpias", pero no hay tal. "Manos Limpias" presentó una denuncia inconsistente, que fue archivada hace tiempo. Y la querella que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, con lo que adquiere una entidad muy distinta. Además, el auto incluye algunas revelaciones sorprendentes como el hecho de que un supuesto testaferro de Zapatero creara una sociedad opaca en Dubái.

En definitiva, la certeza con que los amigos de Zapatero defendemos su inocencia no puede cegarnos; o, como ha dicho Rufián en referencia al expresidente, "le tengo un enorme afecto, pero también tengo ojos en la cara". Con los elementos aportados por los investigadores policiales a instancias del instructor, este no podía hacer algo distinto de lo que ha hecho. Es impertinente hablar de "lawfare" o menoscabar el crédito de la Audiencia Nacional cuando no hay indicio alguno en tal sentido. No queda más remedio, en fin, que esperar con la mayor confianza posible a que esta siniestra historia acabe bien.

Estas reflexiones que preceden suscitan otras que conviene incluir en este relato doliente y apresurado. En este país abundan los traficantes de influencias, en muchos casos exministros bien posicionados social y políticamente, que se enriquecen ostensiblemente gracias a sus despachos abiertos al público, que se que se dedican eufemísticamente al asesoramiento o a la consultoría. Pese a la claridad del Código Penal en sus artículos citados más arriba, en nuestro país no hay una distinción clara entre el lobby -la defensa profesional de una causa sin ocultaciones- y el tráfico de influencias -una figura oscura vinculada a la malversación y al cohecho-. Convendría, en fin, regular de una vez los lobbies para clarificar el papel de quienes los desempeñan y dejar al descubierto a los desaprensivos que comercian delictuosamente con su propio prestigio personal y con los recursos públicos que los ciudadanos allegamos al Estado haciendo un sacrificio que merece a cambio honestidad y correspondencia.

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