Cuando una puerta se cierra, otra se abre: el Gobierno sigue lejos de Junts pero vuelve a entenderse con Podemos
El PSOE sube la apuesta: pacta la regularización masiva de migrantes con la formación morada a cambio de que ésta facilite la delegación de competencias a Cataluña que exige Puigdemont.

El Gobierno terminó el año 2025 perdiendo la votación sobre los objetivos de estabilidad y deuda pública para el periodo 2026-2028, paso imprescindible para aprobar los Presupuestos, y arranca el nuevo año incapaz de convalidar el decreto-ley que recogía, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones o la prrórroga de las medidas del denominado "escudo social".
De nuevo Junts es quien ha cerrado la puerta en las narices al Gobierno, aliándose de nuevo con PP y Vox para sumar una mayoría absoluta que supone la derogación de todo el decreto-ley. Los de Puigdemont han reiterado que están a favor de la subida de las pensiones, pero no del conjunto de medidas que incluía ese decreto. Entre ellas, las referidas a la limitación de desahucios por ocupación o impago de alquileres por parte de familias vulnerables. Algo que Junts ve como un apoyo a la okupación.
"Estamos a favor de la subida de las pensiones, pero no de que no se pueda hacer nada si te ocupan el piso y no te pagan el alquiler ¿Ayudar a las personas vulnerables? Por supuesto que sí. Y eso es responsabilidad de la Administración, no del pequeño propietario. ¿Dar por buenas las ocupaciones y los impagos? Nunca", ha advertido en el pleno del Congreso la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.
El "no" de Junts vuelva a demostrar que los de Puigdemont mantienen su "boicot" al Gobierno como medida de presión para que se satisfagan algunos de los compromisos que Sánchez adquirió al inicio de la legislatura. Pero con grietas, porque mientras votaban en contra del decreto-ley de las pensiones y del escudo social, sí han apoyado otro con la prórroga de las ayudas al transporte público y el abono único impulsado por el ministro Óscar Puente.
Eso sí, Nogueras ha atacado al Gobierno por el caos ferroviario en Cataluña de estos últimos días y ha reclamado la gestión de los trenes para la Comunidad. "Los que gestionamos nosotros, los que gestionamos desde Cataluña, los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, funcionan. ¿Qué trenes no funcionan? Los que gestionan ustedes, Renfe y Adif. No hay que inventar nada. Queremos a Renfe fuera de Cataluña. La solución es clara y ya la tenemos. 100% gestión catalana", ha defendido.
Acercarse a Junts... engatusando a Podemos

El Gobierno lleva desde hace meses buscando los mecanismos necesarios para acercar posturas con Junts y romper el bloqueo parlamentario al que le está sometiendo. De ahí que Pedro Sánchez anunciara en diciembre un un real decreto para materializar algunos de los acuerdos a los que había llegado con Junts y que todavía no se habían visto cumplidos. "Yo asumo los incumplimientos y asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts", dijo Sánchez, entonando el mea culpa, en dos entrevistas.
El siguiente paso es conseguir la nueva financiación autonómica (aunque esto corresponde más a las presiones ejercidas por ERC) y la delegación de competencias en inmigración para Cataluña, el gran objetivo de Junts. Esta propuesta ya se estrelló en el Congreso el pasado me de septiembre al contar con el voto en contra de Podemos (además del representante de la Chunta Aragonesista y uno de Compromís), puesto que consideraban que su contenido era "racista". En concreto, la formación morada criticaba que en la exposición de motivos se hablara de la necesidad de gestionar la inmigración con eficacia y de que las instituciones hicieran esfuerzos por “evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social”.
Pero el PSOE parece haber encontrado la solución a este problema. Ayer, Podemos anunciaba por sorpresa un acuerdo con el Gobierno para llevar a cabo una nueva regularización extraordinaria de migrantes. Propuesta que perseguía desde hace meses (también Sumar) y al que se ha dado inicio hoy mediante real decreto para evitar que tenga que pasar por el trámite del Congreso.

A cambio, Podemos ha admitido que se abre ahora a negociar la delegación de competencias de inmigración para Cataluña. Por la mañana, Irene Montero deslizaba que el PSOE había pedido "algo a cambio" de la regularización de migrantes. Horas después, era Ione Belarra quien confirmaba su predisposición a negociar sobre este asunto. "Podemos nunca va a respaldar un proyecto racista ni antes ni ahora. Eso quiero dejarlo muy claro, pero sí estamos abiertas a negociar y, desde luego, creo que es evidente que lo que dice Podemos lo cumple", ha enfatizado.
Esta jugada del PSOE tiene un doble 'win': acerca posturas con Podemos y facilita la opción de desbloquear una exigencia de Junts para que, a posteriori, los de Puigdemont vuelvan a abrirse al diálogo con el Gobierno. Aunque ojo: Podemos ha descartado por completo apoyar el aumento del gasto en defensa o a los presupuestos, siempre que no se bajen los alquileres por ley o se deja de invertir en armas.
