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El BNG exige al Gobierno a aprobar urgentemente una nueva revalorización de las pensiones y la bonificación al transporte

El BNG exige al Gobierno a aprobar urgentemente una nueva revalorización de las pensiones y la bonificación al transporte

La medida decayó ayer gracias a los votos de PP, Vox y Junts.

Un tren de Renfe, en una imagen de archivo.Frogtography / Getty

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido al Gobierno del Estado actuar con rapidez y aprobar un nuevo Real Decreto-ley que permita recuperar las bonificaciones al transporte ferroviario y garantizar la subida de las pensiones. Esta solicitud surge después del rechazo por parte del PP, Vox y Junts a la validación del Real Decreto-ley ómnibus que contenía medidas para la protección social y económica de la ciudadanía.

Asimismo, Néstor Rego ha responsabilizado al PP de que más de 689.000 pensionistas vayan a cobrar 30 euros menos a partir de febrero, si no se solucionar el problema, y de abandonar la más de 80.000 gallegos y gallegas usuarias del transporte público.

El diputado del BNG en el Congreso reclama así al Gobierno que cumpla, entre otras cuestiones, con lo pactado en el acuerdo de investidura con la formación nacionalista y adopte medidas inmediatas que permitan “dar continuidad a las ayudas al transporte público y a la actualización de las pensiones, vitales para millares de familias en situación de vulnerabilidad”.

Néstor Rego ha advertido que es responsabilidad del Ejecutivo central garantizar la continuidad de estas medidas. “El rechazo al Real Decreto-ley no puede ser la excusa para abandonar millares de personas en Galicia y en todo el Estado. El Gobierno tiene el deber de aprobar un nuevo texto que recoja estas ayudas y cumpla con el compromiso adquirido con el BNG y con la ciudadanía”, indica al respecto.

De hecho, señalan que el que caiga la medida afecta de manera especial a Galicia. “Más de 689.000 gallegos y gallegas verán reducida su pensión en aproximadamente 30 euros mensuales a partir de febrero, si no se corrige este problema. Esto supone un golpe directo a los derechos sociales y al bienestar de quien más lo necesita”, explica asegurando que más de 80.000 gallegos y gallegas que usan habitualmente el transporte público se verán gravemente perjudicados por la caída de las bonificaciones, lo que supone un aumento en el coste de sus desplazamientos y una mayor carga económica para las familias trabajadoras.