El juez del 'caso Leire' en Plaza Castilla prorroga la instrucción durante medio año

El juez de Plaza de Castilla que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil ha prorrogado la instrucción durante seis meses porque está a la espera de un informe de la Policía, tras el que decidirá si se inhibe en el juez en la Audiencia Nacional que investiga a su vez hechos similares.

En un auto al que tenido acceso EFE, el magistrado Arturo Zamarriego explica que el 24 de julio se cumplirá un año de la apertura de esta causa, en la que investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Y resuelve prorrogar la instrucción, como dicta la ley si no ha finalizado la investigación y quedan diligencias por practicar, ya que falta un informe de la Policía Científica "necesario para el esclarecimiento de los hechos".

El juez Pedraz reclama la causa en la Audiencia Nacional

Detalla el magistrado que a la vista del resultado de ese informe "se resolverá sobre el requerimiento de inhibición promovido por la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Central de Instrucción", que es el órgano que solicitó el pasado mes de junio quedarse con la causa.

En concreto el juez Santiago Pedraz adujo que esta causa le correspondería ahora a la Audiencia Nacional por estar siendo investigados los mismos hechos por, entre otros, un delito contra las instituciones del Estado, del que es competente este tribunal.

Ahora el juez Zamarriego argumenta que debe recibir el citado informe pericial, que encargó para determinar si pudieron ser manipuladas las grabaciones aportadas a la causa por el fiscal Ignacio Stampa, quien declaró como testigo que Leire Díez le pidió información a cambio de ayudarle en su carrera.

Precisamente este miércoles declara en la Audiencia Nacional, en la causa en la que Pedraz indaga sobre una presunta trama para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que afecten al PSOE o al Gobierno, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y dos fiscales que se reunieron con la exmilitante socialista (Diego Villafañe y Beatriz López).