El mayor informe independiente sobre democracia en la UE señala a España: "La condena del fiscal general plantea dudas sobre la politización de la justicia"

España es un Estado de derecho "estancado" por séptimo año consecutivo, según el último informe anual de Civil Liberties Union for Europe (Liberties) elaborado con 40 organizaciones de derechos humanos presentes en 22 países de la Unión Europea. Este análisis es la evaluación civil e independiente más exhaustiva del Estado de derecho en la Unión Europea: Bruselas la tiene en cuenta como fuente para sus informes oficiales.

El documento, de cerca de un millar de páginas, califica a los países de la Unión Europea en cuatro grandes grupos, en función de los progresos o los retrocesos que sus democracias puedan estar presentando. Por ejemplo, el documento ve que hay países "desmanteladores", cuyos gobiernos debilitan "de forma sistemática e intencionada el Estado de derecho". Aquí incluye a Hungría, Croacia, Bulgaria, Eslovaquia o Italia.

También cree que hay países "deslizantes", aquellos en los que los estándares democráticos empeoran "en determinadas áreas" pero sin seguir "una estrategia política claramente definida". Aquí aparecen Francia, Alemania, Malta, Bélgica, Dinamarca o Suecia. Luego están los "aplicados", gobiernos que "buscan activamente mejoras sustanciales" en el Estado de derecho. Solo aparece Letonia en esta categoría.

Hay una cuarta definición, la de países "estancados". Son aquellos en los que las condiciones del Estado de derecho "no mejoran ni empeoran de forma significativa". Además de Estonia, Grecia, Irlanda, Lituania, Países Bajos o Rumanía, España aparece en este grupo. Entre las razones: los interrogantes en torno a la independencia judicial y su uso partidista a raíz de la condena (recurrida) al ex fiscal general Álvaro García Ortiz.

Qué revela el caso del fiscal general

Liberties coopera con varias ONG y asociaciones pro derechos humanos en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. En España, la plataforma encargada de analizar la evolución del Estado de derecho es Xnet, un colectivo de activistas y especialistas dedicado al avance de los derechos digitales y la modernización de la democracia para la era digital.

Esta organización concluye que España continúa estancada en tres ámbitos: el marco anticorrupción, en el ecosistema mediático y en el tema de los contrapesos y garantías. Sin embargo, sí detecta cierto retroceso en el sistema judicial. Y sobre ello es bastante explícita: "El juicio contra el fiscal general Álvaro García Ortiz marca un punto de inflexión: la justicia se ha convertido en un campo de batalla para los partidos".

"La condena sin precedentes del fiscal general Álvaro García Ortiz ha profundizado en la percepción de que la justicia se instrumentaliza políticamente, a medida que tanto el Gobierno como la oposición han enmarcado este procedimiento en o bien un ataque político o bien una necesidad de transparencia, erosionando la confianza pública y la gobernanza judicial imparcial", continúa.

Por ello, el informe hace hincapié en dos recomendaciones que ya emitió la Comisión en su momento. Por un lado, en la necesidad de seguir reformando el Estatuto del Fiscal General, lo que ya hizo en 2025 a instancias de la Comisión, "en particular en lo que respecta a la separación de los mandatos de la Fiscalía General del Estado del Gobierno". Por otro, "despolitizar el órgano de gobiernos de los jueces", el CGPJ.

Medidas concretas

En su informe, Liberties incide en el capítulo dedicado a España que se da por constatado que el país no asume las recomendaciones de Bruselas hasta que estas no se han transformado en exigencias con plazos y sanciones por si no se cumplen. Así, destaca cómo a pesar del desastre de la DANA de Valencia todavía no se han ejecutado actuaciones "que garanticen que algo así no volvería a pasar".

Se menciona la DANA, pero no solo: "Carlos Mazón dimitió pero mantuvo la inmunidad parlamentaria, bloqueando la investigación penal". También el tema de la ley mordaza: "La ley cumplió su décimo aniversario el 30 de marzo de 2025 sin ser derogada, pese a los compromisos del Gobierno". O el hecho de que el Ejecutivo no haya reformado el estatuto de la CNMC para cumplir con el Reglamento de Servicios Digitales.

Sobre esto último, el documento llega a invitar a Bruselas a seguir llevando a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como ha hecho con el caso de la falta de reformas para cumplir con el Reglamento de Servicios Digitales. También menciona los "bloqueos de miles de webs legítimas" o que España mantenga "una de las posiciones más hostiles al cifrado de toda la UE, generando riesgo para periodistas y activistas".

El análisis también menciona la deuda y la publicidad institucional como herramientas de control de los medios de comunicación. "Los grandes grupos mediáticos dependen de acreedores que pueden condicionar su línea editorial". O la corrupción. "Llevamos cuatro ciclos de recomendaciones europeas sobre lobbying y transparencia sin ninguna reforma aprobada".

"El informe confirma lo que venimos documentando: España reacciona solo ante consecuencias concretas, no ante recomendaciones", apunta Sergio Salgado, portavoz de Xnet. Simona Levi, presidenta, enfatiza: "En un momento de viraje hacia una desdemocratización de la UE, no hay espacio para la piel fina. Se necesitan instituciones que asuman sus responsabilidad con valentía".