'Francamente, era hora': el Gobierno comunica a la Fundación Franco que abre el proceso de extinción

Francamente, ya era hora. Después de los trámites correspondientes realizados a lo largo de más de un año -y de un largo camino con pasos iniciados en la anterior legislatura-, el Gobierno ha comunicado este viernes a la Fundación Francisco Franco que ya se ha abierto el proceso para pedir su extinción. El Ejecutivo lo hace, después de las tareas correspondientes para concluir que este organismo que ensalza al dictador español está cometiendo apología del franquismo, al mismo tiempo que humilla a las víctimas y además carece de una motivación positiva para la sociedad, ya que no persigue fines de interés general.

Tras este largo proceso, todavía queda camino por recorrer, pues la decisión final recaerá en manos de la justicia. De una forma u otra, hoy se ha firmado la sentencia de muerte de la Fundación Francisco Franco, pero todavía tendrá 'derecho a juicio justo', cuestión que no tuvieron muchos gracias a la figura que ensalzan. Este comienzo del trámite se ha rubricado en 2025, 50 años después de que el dictador muriese en cama sin rendir cuenta alguna por sus crímenes y represión fascista. 

Cabe recordar que fue el año pasado, en el mes de junio, cuando el Ministerio de Cultura emprendió los trabajos de recopilación de información y documentación, puesto que es competencia de la cartera del ministro Ernest Urtasun el Protectorado Estatal de Fundaciones. Previamente, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a cargo de Ángel Víctor Torres, ya había venido iniciando los trámites previos, estando en coordinación con Cultura.

Un largo y minucioso proceso burocrático con claves: de la "incompatibilidad" legal a su "prisma negacionista"

Esa recopilación de información comprendió también la solicitud de dos informes, uno al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Con esos documentos listos, lo que ha hecho Cultura hoy se corresponde con darle el aviso formal a la Fundación Francisco Franco de que se inicia el proceso para ponerle fin, pero a través de una resolución que recopila todos los argumentos por los que se llega a este extremo.

De esta forma, y expuestos los argumentos anteriores, esta resolución que consta de 37 página desgrana el informe de mayo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ya que el caso del registro de fundaciones comunicaron que no tenían competencia para abordar una extinción. El informe de la Secretaría de Estado lo conforman a su vez otros tres informes. 

El primero se trata de uno de la Abogacía General del Estado, pero también cuenta con  de un catedrático de Derecho Constitucional y la recopilación de diversos testimonios de víctimas del franquismo. Un análisis sobre la presencia en los medios de comunicación de la fundación a extinguir completa esa documentación e investigación. Todo ello ha servido -según la decisión de Cultura- para determinar que la denominada Fundación Francisco Franco no persigue fines de interés general, es decir, el pilar de lo que motiva a una fundación.

Concretamente, Cultura aprecia que sus actividades "son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente", al tiempo que de su actividad se desprende una concepción "inequívocamente positiva del franquismo". Más allá del propio espíritu de la organización, en ese análisis mediático se citan publicaciones de la propia Fundación Francisco Franco con "prisma negacionista" o que "niegan o aminoran el alcance de la represión", aludiendo expresamente al titulado 'La mentira de los niños robados del franquismo'.

¿Y ahora qué?: nuevos plazos y una lucha acelerada

Una vez recibida la resolución, a la Fundación Francisco Franco se le abre un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones ante el Ministerio de Cultura. Tras superar ese período de presentación de alegaciones -y en caso de que sean presentadas, de su análisis y respuesta por parte de Cultura- después habrá un máximo de 9 meses para acabar acordando la extinción del organismo.

Con todo, la idea del Gobierno de coalición progresista es que todo se resuelva más rápido a partir de ahora. Fuentes de ambas carteras, Memoria Democrática y Cultura, creen que las pruebas recopiladas y presentadas son "suficientes y destacadas" y están convencidos de que el juez que acabe llevando el caso no acabará teniendo más opción que la de materializar dicha extinción. 

Una vez iniciado este proceso con la notificación de la resolución, los planes del Ejecutivo también suponen ir más allá y tratar de torpedear o interrumpir la 'actividad' de la Fundación Francisco Franco mediante la reclamación de medidas cautelares a la justicia mientras dure el procesor.

La Fundación responde que lo de la "apología" es "obvio": "No sólo no negamos, sino que es un imperativo moral"

La respuesta por parte de la Fundación Francisco Franco a la resolución no ha tardado y, apenas unas horas más tarde de trascender la noticia. En el comunicado publicado en su página web califican la resolución como "la prueba más sólida de la carencia de fundamento de tan liberticida pretensión". También dejan claros que la "apología al franquismo" es expresa y están orgullosos de hacerla.

Desde el organismo aseguran que dicha resolución y su contenido "dedica la mayor parte de su contenido a fundamentar lo obvio: la apología del franquismo", subrayando que "no sólo no negamos, sino que es un imperativo moral del que esta Fundación se honra". Tras esa apreciación, indican que dicha resolución dedica "tan sólo dos o tres páginas a tratar de justificar la existencia de 'menosprecio o humillación de las víctimas'".

Según la Fundación, "se hace una interpretación extensiva de una norma desfavorable -vedada por la ley- en virtud de la cual la apología del franquismo implica per se dicha humillación o menosprecio al calificar la divulgación histórica de esta Fundación y de sus colaboradores de 'negacionista'". Aluden también a que sufrirían una "escandalosa vulneración del derecho a la libertad ideológica, de expresión y de cátedra recogidas en los artículos 16 y 20 de la Constitución Española".

No se queda ahí el organismo en su defensa, entrando incluso en valoraciones que van más allá de su propia defensa legal, al referirse al 'caso Koldo': "Estamos en el mes de noviembre, próximos al 50 aniversario del fallecimiento del Generalísimo Franco y sobre este gobierno social-comunista planea la sombra de las más graves sospechas de corrupción".

Obviando la anterior afirmación, desde la fundación lamentan una "Resolución tan carente de fundamento jurídico, como trufada del trazo grueso y sectarismo propio de un gobierno empeñado en levantar de nuevo un muro entre los españoles". Para terminar recordando que ese muro, en realidad, cayó durante la Transición Democrática. Un período que solo pudo arrancar con la muerte del dictador y con los estertores de un régimen aislado internacionalmente.

"Ya en 1975 había sido derribado por dos generaciones de españoles que bajo el mandato de Francisco Franco habían decidido, con esfuerzo, trabajo e ilusión, construir sobre las cenizas del odio, un futuro de bienestar, concordia y esperanza para todos los españoles", sentencia el comunicado de un organismo que muestra su sorpresa por estar en proceso de ser ilegalización e ignora que durante 'el mandato de Francisco Franco' solo había una clase de español que podía tomar decisiones.