La Fiscalía Europea investiga un posible fraude en el mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz

La Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid ha abierto una investigación por posible fraude en la gestión de los fondos de la Unión Europea destinados al mantenimiento del tramo de alta velocidad Madrid-Sevilla que pasa por la localidad de Adamuz (Córdoba), donde el pasado 18 de enero se produjo un accidente ferroviario que causó la muerte a 46 personas.

La investigación corresponde a fondos utilizados para el "mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y a la localidad de Adamuz (Córdoba, España), en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla", anunció este viernes en un comunicado la EPPO, que se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.

La Fiscalía explica que esta "confirmación excepcional" se produce "tras el gran interés público" que ha suscitado el caso, y añade que "no se harán públicos más detalles por el momento".

Según ha adelantado El Mundo y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, las pesquisas tratan de determinar si en el uso de esos fondos hubo un delito de malversación de caudales públicos y de defraudación de ayudas europeas. La Cadena Ser indica que se investiga en concreto si hubo malversación en los más de 100 millones de euros en fondos FEDER destinados a esas obras.

Las mismas fuentes explicaron que la decisión de abrir la investigación se produjo tras un periodo de verificación para constatar el empleo de los fondos europeos en esas obras y la posibilidad de que hubiera habido un uso fraudulento de los mismos.

Actualmente, el encargado de la investigación de las causas del accidente es el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que fue designado juez de garantías en las pesquisas, lo que supone que será el encargado de supervisar el cumplimiento de los derechos de las partes en esta investigación de la EPPO, que se encuentra en su fase inicial.

Esta misma semana se hizo público un informe técnico incluido en el borrador del análisis de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en el que se refuerza la hipótesis de la rotura de la vía como causa del descarrilamiento de los trenes implicados, un tren de alta velocidad Iryo con más de 300 pasajeros a bordo, y un Alvia con cerca de 200.

Este documento de la empresa Hitachi, que se encarga del sistema de señalización, remitido a la CIAF, pone de manifiesto una "caída de tensión en el circuito de vía" unas 22 horas antes del suceso, algo compatible con una rotura de la vía, principal hipótesis de los investigadores sobre la causa del siniestro. 

La defensa del Gobierno

Tras conocer esta noticia sobre la Fiscalía, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que se circunscribe a un proceso de "normalidad". Fuentes del Ministerio explican a Europa Press que se ha iniciado esta investigación al haber sido una obra financiada, en parte, por los fondos europeos, y se comprometen a la "máxima colaboración" con el ente comunitario. 

En este sentido, defienden que la justificación de los fondos europeos concedidos a esa obra se ha ido haciendo "con absoluta normalidad" a medida que se ejecutaba, y que Adif ya está entregando toda la información solicitada.

"La Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse. En todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así. Por la razón que sea, se cuenta hoy como una novedad importante. No lo es", ha añadido el ministro en un mensaje en 'X'.