La ONU pide la suspensión del desahucio de Maricarmen o que el Gobierno le ofrezca una alternativa para evitar un daño irreparable: "El desahucio la está matando"

El caso de Maricarmen, la vecina de 87 años que enfrenta un desahucio del hogar en el que vive desde hace 70, ha llegado hasta Ginebra. Tras una denuncia presentada por su abogada, Beatriz Duro, en coordinación con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU ha pedido al Juzgado la suspensión el desalojo o, en caso de no hacerlo, que el Gobierno proporcione a la inquilina otra vivienda adecuada para evitar "daños irreparables".

Gracias a la lucha vecinal y sindical, Maricarmen ha evitado ya dos intentos de desahucio, uno en octubre y otro el pasado 3 de junio. Pero esto no significa que haya evitado de manera definitiva el desenlace del que alerta Naciones Unidas. El Juzgado ha programado una nueva tentativa de desalojo para el próximo 24 de junio. Esa incertidumbre y la constante sensación de que va a perder la casa en la que vive ya ha hecho mella en su estado de salud. "El desahucio la está matando, literalmente", advierten tanto miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid como su abogada. "No hay más que ver cómo estaba en octubre, cuando se produjo el primer intento de desahucio, y cómo está ahora", alerta Beatriz Duro, quien señala que "cualquier persona, y más con 87 años, sufriría una tortura si tiene que enfrentar dos intentos de desahucio en apenas 20 días".

Maricarmen apenas duerme, se cansa al hablar y ha perdido mucha masa muscular, lo que le impide caminar. "No me tengo ni en pie", dijo ella misma hace unos días en una rueda de prensa frente al Congreso. A sus 87 años, la urgencia de una solución es inaplazable, ya sea mediante la suspensión de un desahucio o, como plantea la ONU, "otorgándole [el Gobierno] una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades".

Hasta este momento, la única propuesta que ha recibido Maricarmen llegó de parte de la Comunidad de Madrid, que le ofreció la posibilidad de ingresar en una residencia para mayores en Alcalá de Henares; una estancia que le costaría 1.300 euros al mes, cuando ella apenas cobra 100 euros más de pensión mensual. A su edad, además, y según comenta su abogada, "es importante que no pierda contacto con su entorno, por ejemplo, la cercanía con sus médicos". Por no hablar de que, pese a su estado de salud, Maricarmen "sigue siendo autónoma". "¿Por qué cuando solo se piensa en residencias de mayores con personas de su edad, pero independientes?", se pregunta Beatriz Duro.

Aunque los dictámenes del Comité DESC no sean vinculantes, es decir, ni el Juzgado tiene obligación de suspender el desahucio ni el Estado de ofrecer una alternativa habitacional, la abogada de Maricarmen cree que el escrito sí puede servir como "una habilitación" para que ambos puedan actuar. Para su abogada, lo imprescindible es que se responda cuanto antes a las cautelares que han solicitado: o paralización del desalojo o el ofrecimiento de otra vivienda. Solo así se evitaría lo que la ONU llama "daño irreparable". "De poco valdría que en un año España sea condenada por vulneración de derechos humanos si en unos días Maricarmen es desahuciada", advierte su representante legal.

En su escrito, el Comité de Naciones Unidas recuerda a España lo que ya planteó en sus Observaciones Generales 4 y 7. Ya entonces, primero en 1991 y luego en 1997, la ONU señaló "que todas las personas deberían gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo forzoso". "Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin su vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos y que cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte [en este caso, España] deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda", señala el Comité en su informe.

Maricarmen, quizás por su edad y la gravedad de su caso (lleva siete décadas en su vivienda) se ha convertido en el rostro de la crisis habitacional en España, acaso sin quererlo. Esa exposición, comenta su abogada, también conlleva un padecimiento y, sin embargo, pese a estar "desmoralizada y deprimida", Maricarmen no deja de recordar que seguirá luchando, por ella y por todos los que puedan estar en su situación. "Es un ejemplo de lo necesario que resulta organizarse; en caso contrario, su desahucio habría pasado inadvertido, como ocurre en tantos casos", dice Duro.