La promesa imposible de deportar a ocho millones de personas: "Sería un suicidio social y económico"

La inmigración inflama de nuevo el discurso de la derecha. El pasado domingo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, incluyó "reducir la inmigración ilegal" dentro de sus diez tareas prioritarias en sus primeros cien días de Gobierno en el caso de alcanzar la Moncloa. "De la misma forma que rechazamos el discurso del odio, eso no significa que aquí vale todo. El respeto es el mínimo exigible. Y la convivencia se trabaja. Con normas. Con orden. Con control. A quien viene a sumar, trabajar y con reglas, bienvenido. A quien viene a otra cosa, le diremos con claridad: aquí no", dijo Feijóo en el congreso nacional de su partido.

Sólo un día después, Vox redoblaba la apuesta cuando su portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox, Rocío de Meer, señaló que su deseo era deportar a ocho millones de personas que "difícilmente pueden adaptarse a nuestros usos y costumbres". Y en esa cifra incluía a inmigrantes "de primera y segunda generación". "Nosotros apostamos por un proceso de reemigración porque pensamos que hay algo más importante que preservar y, además, tenemos el derecho de querer sobrevivir como pueblo", dijo.

Horas después, ante el revuelo, Vox negó que su portavoz apuntara contra ocho millones de personas y que la cifra concreta no se podía determinar hasta llegar al Gobierno. "Son todos los que hayan venido a delinquir. Todos los que pretendan imponer una religión extraña. Todos los que maltraten o menosprecien a las mujeres. Todos los que hayan venido a vivir del esfuerzo de los demás. Y todos los menas, porque los menores tienen que estar con sus padres", señaló en un tuit el líder de Vox, Santiago Abascal. 

En los últimos años, las formaciones de derecha y ultraderecha han reforzado su discurso ideológico señalando los supuestos peligros de la inmigración y las consecuencias sociales y económicas que derivaban de ella. Una situación que, a su vez, ha provocado un repunte de la xenofobia. Un reciente estudio del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) advertía de un incremento de las personas que dicen sentirse discriminadas por su origen racial o étnico en nuestro país respecto a la edición anterior del informe (2020), pasando del 31% al 33% actual. Además, según datos de Interior del año 2023, cuatro de cada diez delitos de odio registrados en España responden a una motivación racista o xenófoba.

En paralelo, los mensajes antiinmigración han calado en la sociedad. Hace un año, según datos del CIS, sólo un 8,8% de la población situaba la inmigración como uno de los tres principales problemas de España. En el barómetro de julio de este año, esa cifra ha aumentado súbitamente hasta el 18,4% y se sitúa como la tercera preocupación más citada sólo por detrás de la vivienda (30%) y la corrupción (25,3%).

A este incremento ha ayudado, sin duda, la desinformación en supuestos medios de comunicación y bulos en redes sociales que se propagan con suma facilidad y que convierten el entorno digital en un pozo de odio hacia el inmigrante. Un caso paradigmático y muy mediático fue el referido al asesinato de un niño en Mocejón (Toledo) en julio del año pasado, Perfiles de redes sociales vinculados con la extrema derecha comenzaron a difundir rápidamente que el autor del asesinato era un "moro", pese a que las investigaciones policiales no arrojaron ningún indicio en esa vía. 

Muchos de estos usuarios, algunos anónimos, arengaron a la ciudadanía a salir a las calles para repetir la espiral de violencia que se vivió en Inglaterra días antes con el asesinato de tres niñas en Inglaterra. Se habló abiertamente y sin tapujos de matar a musulmanes y quemar mezquitas. El clima de odio empezó a ser tal que hasta el portavoz de la familia del niño asesinado, Asell Sánchez, fue insultado por estos mismos perfiles al pedir públicamente que no se señalara a ninguna etnia o colectivo. La posterior detención de Juan Pérez, un joven de veinte años de nacionalidad española y con una supuesta discapacidad psíquica, demostró que todas las informaciones vinculando a la migración con este crimen eran falsas.

Al margen de la manipulación, ¿cuántos inmigrantes hay en España? ¿Realmente es posible deportar a ocho millones de personas? ¿Sería legal? Las cifras oficiales señalan que actualmente residen en nuestro país 9,3 millones de personas nacidas en otro país, uno de cada cinco habitantes. Sin embargo, un 30% de ellas tiene ya la nacionalidad española. Esto deja a unos seis millones de personas residiendo legalmente en España, pero 2,4 de ellos son de la Unión Europea y pueden circular libremente por nuestro país. De ahí que, para empezar, la cifra de ocho millones de deportaciones pueda resultar imposible... salvo que se plantee la posibilidad de expulsar hasta nacionalizados, algo que no tiene encaje legal. 

"La Constitución, en su artículo 11, establece que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Y los que no lo son sólo podrían perderla en tres supuestos que señala el artículo 25 del Código Civil, como son utilizar durante un plazo de tres años la nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la española, entrar al servicio de las armas o ejercer un cargo político en un Estado extranjero contra la expresa prohibición del Gobierno o demostrarse fraude en la adquisición de la nacionalidad", señala Jimena Domínguez, abogada especializada en extranjería. 

La letrada puntualiza que el Código Civil habla de los supuestos en los que españoles pueden perder la nacionalidad. Los dos artículos hablan de españoles, de origen y no de origen. Algo que la propia Constitución no aprecia, puesto que en su artículo 14 señala que todos los españoles son iguales. "Resulta impensable la posibilidad de expulsar de España a una persona ya nacionalizada. Legalmente no es sostenible", añade.

Domínguez también ve imposible materializar esa supuesta deportación masiva que ansía Vox, aunque no llegue a los ocho millones. Por un lado, porque tanto la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea como el convenio europeo de Derechos Humanos lo prohíben, y ambos son vinculantes para España. Por el otro, porque muchas de esas "repatriaciones" están sujetas a acuerdos entre el país emisor y el receptor. "Hay que analizar además si estas personas son solicitantes de asilo y en qué condiciones van a ser devueltos a su país", añade.

En todo caso, según la abogada, cualquier proceso de expulsión tiene que cumplir con todas las garantías legales. Entre ellas, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la asistencia jurídica gratuita. Cambiar eso implicaría reformar la ley de extranjería por completo y sin incumplir las normativas europeas o los tratados internacionales.

Los "experimentos" de deportaciones masivas en Europa han resultado ser un fracaso. En Italia, Meloni alcanzó un acuerdo con Albania para llevar allí a los inmigrantes que fueran rescatados en el mar. La propuesta, sin embargo, ha chocado contra diferentes bloqueos judiciales y actualmente esos centros no están operativos. En Reino Unido, Rishi Sunak intentó con Ruanda un acuerdo para transferir a los solicitantes de asilo y migrantes irregulares, pero también quedó bloqueado tras ser considerado ilegal por la justicia británica y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Alemania o Dinamarca, por su parte, han incentivado en estos últimos meses planes de deportaciones, aunque no se han formalizado o no han tenido un efecto claro. 

Si desde el punto de vista legal resulta imposible deportar a millones de personas, en lo económico sería, simple y llanamente, un suicidio. La población extranjera fue responsable del 25% del crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024, según datos del Banco de España. Su expulsión masiva supondría una caída abrupta de la producción y un golpe al sistema de pensiones.

"Sería una catástrofe económica sin precedentes. Pero este tipo de planteamientos forman parte de un discurso de polarización que ni ellos mismos se creen", señala Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Para él, la promesa de Vox de deportar a millones de personas son "maniobras oportunistas para alimentar la xenofobia". "Introducen en la sociedad el elemento de mirarse de reojo entre personas que convivimos de manera normalizada", añade.

Valiente tampoco cree que una deportación masiva pueda ser posible, ni legal ni socialmente. "La configuración de nuestras sociedades hace que este tipo de anuncios sean más bien maniobras de cara a la galería que proyectos concretos. Lo estamos viendo en Estados Unidos, por muchos aspavientos que esté haciendo Trump. Por un lado, hace redadas masivas y, por otro, se abre a acoger a cientos de sudafricanos blancos. La realidad es que todos los países están compitiendo por mano de obra", señala. 

El director de CEAR, finalmente, no cree que España sea xenófoba per se pese a este incremento de la discriminación por origen racial o étnico. "Tiene más que ver con  oportunismos políticos y manipulaciones que juegan con los problemas reales de las personas, como sanidad o la educación. Hay una parte de la población que ha mordido el anzuelo de que los más débiles son los responsables de sus problemas y no los que están intentando derribar el Estado de bienestar", concluye.