Las claves del acuerdo de 150 puntos PP-Vox en Andalucía más allá de la "prioridad nacional": presión a la inmigración, ayudas a familias, rebajas fiscales o medioambiente

Andalucía tiene, de nuevo, presidente. Juanma Moreno ha sido reelegido como líder de la Junta con el apoyo de Vox, una alianza culminada este mismo jueves y tras la firma de ambas formaciones de un acuerdo de 150 puntos. 

Aparte de la "prioridad nacional" que el barón popular no quería, el PP cede una consejería múltiple con rango de vicepresidencia, un par de sillones más... y decenas de ideas que los de Manuel Gavira han conseguido imponer para dar el apoyo que necesitaba Moreno Bonilla, al que le faltaron dos diputados para la mayoría absoluta.

El apoyo no solo introduce a Vox en el Gobierno andaluz, sino que garantiza la aprobación de los presupuestos durante los cuatro años de la legislatura. Siempre que no se rompa la coalición, claro está. 

Además de la citada "prioridad nacional" en el acceso a ayudas de diversa naturaleza, el macropacto incluye la prohibición del burka y el niqab en Andalucía "en todos los espacios, edificios y servicios públicos autonómicos" y la repatriación de los menores migrantes a sus países de origen.

La cuestión migratoria ocupa casi un 10% del total del documento, con un "rechazo frontal al reparto estatal de inmigrantes ilegales", ya sean mayores o menores de edad. En relación a los ilegales que aseguren ser menores se les realizarán pruebas de edad con el fin de evitar "fraudes y el colapso de los servicios públicos", señala el texto. Dentro de este capítulo se defiende la formulación de acuerdos internacionales para "devolver a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen con sus padres".

Vox ha conseguido arrancarle al PP de Moreno Bonilla la fiscalización anual de "todos los gastos vinculados a la inmigración masiva para asegurar el mínimo desembolso". El tijeretazo alcanza a las entidades sociales, ya que se establece la eliminación "total de ayudas, convenios o conciertos públicos a ONG u organizaciones que faciliten o sostengan la inmigración ilegal o cooperen con las mafias del tráfico de personas".

Sobre los centros de menores, estos deberán reforzar "la disciplina" y los protocolos de intervención y la seguridad de los trabajadores "evitando ubicaciones conflictivas".

En materia fiscal, se anuncia una rebaja al 0'25% el tramo de renta inferiores a 60.000 euros de la tarifa autonómica, con la intención de "llegar a un punto de reducción fiscal al final de la legislatura". 

Entre lo 'fiscal' y lo medioambiental, los dos partidos eliminarán los tres impuestos autonómicos medioambientales vigentes, como son el de bolsas de plástico, el de emisión de gases y el de vertidos a aguas litorales. Igualmente, promueve una rebaja progresiva del 50% "en todas las tasas de competencia autonómica aplicadas a las actividades de agricultura, ganadería, caza y pesca".

Otro punto es la revisión de la Ley de Cambio Climático a fin de "reorientar las políticas públicas en materia de cuidado del medio ambiente  a medidas útiles, realistas y técnicamente justificadas sin que en ningún caso puedan suponer trabas, costes o restricciones a cualquier sector productivo andaluz". 

Igualmente, "se eliminará todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas, reorientando los recursos hacia la gestión del agua, la prevención de incendios, las infraestructuras agrarias, la innovación aplicada y la protección de las explotaciones andaluzas", añade. En otra página se lee que la coalición promete la futura aprobación de una Ley de Concordia que "sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica".

En línea con los acuerdos entre PP y Vox en otros territorios, el recorte de ayudas alcanzará también a sindicatos y organizaciones empresariales y otras entidades privadas que "no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva". A todos ellos se les recortará un 50% los fondos aportados desde la Junta. 

En materia de natalidad se añade una ayuda fija en la cuota del IRPF de 500 euros por el primer hijo, 1.000 euros por el segundo y 1.500 euros por el tercero o posteriores. Y dentro de este bloque, se recoge el derecho de las familias a una deducción por nacimiento o adopción "equivalente al doble de las cuantías de la medida anterior si el hijo tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%".

En el caso de las familias numerosas, PP y Vox se comprometen un aumento del 50% las deducciones autonómicas vigentes, elevando la cuantía de 200 euros a 300 "en categoría general" y de 400 a 600 "en categoría especial, sin que haya límite de renta para acogerse a esta ayuda", como cita EFE. 

A nivel escolar, se amplían las deducciones por gastos relacionados con material de aula, comedor, uniformes o clases de refuerzo, así como una deducción del 15% en gafas y similares.

Los pacientes con ELA tendrán una deducción fija de 2.000 euros en el IRPF, "aplicable a los propios pacientes o a los contribuyentes que tengan a su cargo a un cónyuge, ascendiente o descendiente afectado, sin límite de renta y compatible con ayudas públicas".