Podemos advierte al Gobierno de que votarán 'no' a la Ley del Suelo si no se refuerzan las garantías

La portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, ha advertido este lunes al Gobierno de que rechazará la reforma de la Ley del Suelo que va a presentar si el texto rebaja las garantías de los procesos urbanísticos en lugar de reforzarlas.

Ha hecho esta advertencia un día antes de que el Gobierno lleve al Consejo de Ministros, tal y como avanzó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el texto con la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana para su tramitación en las Cortes Generales.

Tras afirmar que "parece que es la misma" que presentaron en la pasada legislatura y a la que Podemos se opuso, ha opinado que esta reforma responde a una reivindicación del "sector inmobiliario" que, según ha dicho, "ya se ha congratulado" de que se "vaya a reactivar esta medida para hacer un urbanismo menos regulado".

"Nosotros somos claros: Si el Gobierno trae el mismo texto, nos volveremos a oponer a que el PSOE reforme la Ley del Suelo para rebajar las garantías de los proyectos urbanísticos cuando necesitamos todo lo contrario, reforzar esas garantías", ha señalado.

Para Podemos, esta reforma "solo serviría para dar vía libre a la cultura del pelotazo, para que los fondos buitres pudieran especular sin límites y para que se le abra la puerta a más corrupción".

Una reivindicación del sector inmobiliario

La reforma de la Ley del Suelo es una de las grandes reivindicaciones históricas del sector inmobiliario y ha llegado a ver la luz -aunque no definitivamente- tanto con el Gobierno de Pedro Sánchez como con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En diciembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó por primera vez este texto y el objetivo era culminar la tramitación parlamentaria a lo largo de 2023. Una cuestión con la que el Ejecutivo de la anterior legislatura quería "actualizar" el planeamiento urbanístico y territorial, y "simplificar la burocracia" sin generar "merma alguna de la seguridad jurídica y del interés general". No obstante, la convocatoria de elecciones generales impidió la aprobación del texto final.

A finales de mayo de 2018, el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, llegó a aprobar un anteproyecto que pretendía limitar a cuatro años el plazo para presentar denuncias contra los planes urbanísticos y dar un plazo de hasta un año y medio para que se subsanasen los errores denunciados mientras se mantenía en vigor el mismo.

El PP llevaba una norma similar en su programa electoral para el 23J e impulsar así una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que garantizase “la perdurabilidad de los planes urbanísticos cuando se impugnen cuestiones no estructurantes de los mismos". Una cuestión que puede hacer que los dos partidos lleguen a un acuerdo permitiendo que la norma salga adelante.