El Gobierno obligará a las CC.AA. a informar de cuánto dinero dan a cada medio de comunicación a través de la publicidad institucional

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público que limitará a un 35% el máximo de ingresos de un medio de comunicación por parte de publicidad institucional y obligará a las CC.AA. a publicar a qué medios ha destinado dinero a través de sus campañas gubernamentales. 

El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha señalado que el mercado publicitario español mueve actualmente unos 13.080 millones de euros anuales, de los cuales 2.700 son de inversión pública. Y ha advertido: "La publicidad del sector público no puede servir para comprar medios. Un medio que tenga más de un 35% financiación procedente del sector público no es un medio de comunicación, será otra cosa", ha dicho.

La nueva ley de publicidad, según el ministro, permitirá que el ciudadano conozca a qué medios va el dinero invertido en campañas publicitarias por parte de las diferentes administraciones y garantizar, a su vez, la "independencia" de los medios de comunicación.

La principal novedad es que los ingresos por campañas de información del sector público no podrán suponer más del 35% de sus ingresos anuales total. Sólo quedarán fuera de esta norma los medios locales que facturen menos de dos millones de euros al año. 

Sobre por qué se ha elegido la cifra del 35%, el ministro ha asegurado que es una cifra "consensuada" con el sector y basado también en informes internacionales.

Además, la nueva ley de publicidad obligará a que tanto el gobierno de España como los gobiernos autonómicos deberán publicar una vez al año la inversión realizada en materia de publicidad institucional, de tal manera que los ciudadanos podrán conocer cuánto dinero ha recibido cada medio.

Acerca de las sanciones que podrían percibir los medios o las administraciones que no cumplan con estas exigencias, López ha señalado que la normativa no contempla ningún régimen sancionador. "Su propósito es garantizar un reparto, equitativo, transparente y objetivo, ha dicho. 

En el caso de los medios, la sanción en sí sería no poder acceder a las campañas de publicidad de la administración general del Estado. Y si es una CC.AA. la que incumple con el régimen de transparencia, López advierte de que será la propia Comisión Europea quien abrirá un procedimiento contra España por incumplir dicha normativa.

Finalmente, la ley de publicidad también mantiene la pretensión de que haya un registro público de medios, dependiente de la CNMC, y la creación de un sistema transparente de medición de audiencias.