¿Qué es eso de la ley de Nietos que ahora, cuatro años después, tanto molesta al PP? Cinco claves de una medida para reparar a las víctimas de la dictadura franquista
Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de hacer "ingeniería electoral" para "fabricar votos" con una disposición de la ley de Memoria Democrática.
El PP ha decidido abrir un nuevo frente contra el Gobierno en los últimos días, pero sobre todo en las últimas horas, a cuento de la conocida como 'ley de Nietos'. El líder del PP y jefe de la oposición en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de implementar una suerte de "ingeniería electoral" para "fabricar votantes". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido incluso a cónsules y funcionarios españoles en el exterior, a quienes ha avisado de que si se les ocurre "otorgar la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que estaría haciendo algo ilegal". "Ahí queda nuestro aviso", ha espetado Ayuso, sin especificar a qué se refiere. Y es lógico que uno se pregunte: pero ¿qué ha hecho ahora el Gobierno para enfadar tanto al PP? ¿Tiene esto algo que ver con la regularización de personas migrantes? Pues no. En realidad, la norma no es reciente. Tiene ya cuatro años.
1. LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
El 21 de octubre de 2022 entró en vigor la ley de Memoria Democrática. Y si esto viene a cuento es porque la ley de Nietos, en realidad, es una disposición adicional de esta norma. En concreto, la octava. Pensada "como una medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio" por culpa de la dictadura franquista, este añadido permitía la adquisición de la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados, es decir, a quienes tuvieron que abandonar el país e incluso renunciar a la nacionalidad.
2. ¿QUIÉN PUEDE OPTAR A LA NACIONALIDAD?
Según la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática, podían optar a la nacionalidad española:
- Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.
- Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
- Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la ley de Memoria Histórica de 2007.
3. ¿CUÁNDO LA PUEDEN SOLICITAR?
Antes ya dijimos que "podían optar", en pasado, porque ya no es posible hacerlo. La norma establecía que, quien quisiera obtener la nacionalidad, debía formular la petición en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley de Memoria, un plazo que solo podría prorrogarse un año si lo aprobaba el Consejo de Ministros, como así fue. Si la ley de Memoria Democrática se publicó en el BOE el 21 de octubre de 2022, quiere decir que desde el 21 de octubre de 2025 ya no está permitido solicitar la nacionalidad.
4. ¿CUÁNTA GENTE LA HA SOLICITADO?
El pasado mes de abril, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, avanzó en el Consulado General de España en México que casi 2,5 millones de descendientes de exiliados españoles habían solicitado la nacionalidad. De todas las solicitudes, y a fecha de 31 de marzo, se habían iniciado más de 1,2 millones de expedientes, aprobado 545.000 e inscritas en el Registro Civil Consular 306.500 personas.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha recordado este lunes las cifras después de las críticas de Feijóo, a quien la también ministra ha calificado de "irresponsable" por poner en duda el proceso electoral español, "uno de los mejores del mundo". Saiz ha acusado al líder del PP de parecerse cada vez más a la ultraderecha de Vox y ha recordado que si esta ley existe es para reparar a las víctimas de la dictadura.
5. ¿Y ES VERDAD QUE PODRÁN VOTAR?
Cualquier persona que tenga la nacionalidad española puede votar, así está reflejado en la Constitución. En el caso de la regularización de personas migrantes es diferente, porque no se les está dando la nacionalidad, sino solamente regularizando su situación. No es así en lo referente a la ley de Nietos. En el momento en el que un descendiente de exiliados durante el franquismo solicita la nacionalidad, si se le aprueba, pasa a ser un ciudadano español más. Con una salvedad, eso sí, al vivir fuera y no estar adscrito a ninguna localidad española, no podría votar en unas elecciones municipales, pero sí en los comicios generales de 2027, si es que finalmente son en 2027.
BONUS: ¿QUÉ ENFADA TANTO AL PP?
Según el Partido Popular, la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática, una medida que de manera similar se recogía también en la ley de Memoria de 2007, es un intento del Gobierno y en concreto de Pedro Sánchez por alterar el censo. Es cierto que el PP ya criticó la norma cuando se aprobó, en 2022, pero desde entonces ha aparcado el tema, no tanto otros asuntos relacionados con la reparación, como la permanencia o no de la cruz del Valle de los Caídos o el bloqueo a la colocación de placas que recuerden las torturas franquistas en, por ejemplo, la Real Casa de Correos.
Ha sido esta mañana cuando Feijóo ha sembrado las sospechas; unas dudas que, compartidas por Vox, ha suavizado después el portavoz de la formación, Borja Sémper. "Lo que quería decir con ingeniería electoral es que, cuando está Sánchez y su Gobierno de por medio, todo es posible y parece razonable que tengamos dudas", ha dicho Sémper después de que en el PP se dieran cuenta de que las palabras de Feijóo parecían asegurar que todos esos solicitantes de nacionalidad acabarían votando por Sánchez o cualquiera de sus socios, algo que no sabe nadie, ni siquiera quienes todavía no tienen ni el pasaporte español. Según Sémper, lo que preocupa al PP son más bien los procedimientos, ya no tanto que vayan a sumarse más personas al censo. Eso sí, el aviso de Ayuso a funcionarios y cónsules ahí queda, como ella misma ha advertido.