La UE responde a las críticas de EEUU a su regulación digital: "No tienen fundamento y son insostenibles"

A principios de año, el Congreso de Estados Unidos adoptó un informe en el que se cargaba con fiereza contra las regulaciones tecnológicas que la Unión Europea ha impulsado en los últimos años. Señalaba en concreto al Reglamento de Servicios Digitales y acusaba a Bruselas de llevar una década haciendo campaña para "censurar el internet global". Ahora, la Comisión Europea ha respondido enérgicamente.

"Las afirmaciones de la Comisión Judicial de la Cámara de los Representantes de EEUU no tienen fundamento y son insostenibles". El escrito lo firma la comisaria europea de Soberanía Digital, Henna Virkkunen, que reivindica la norma por "ofrecer una transparencia sin precedentes en relación con las plataformas e línea y la rendición de cuentas de estas", continúa.

"Dicho reglamento no prescribe qué contenido es ilegal. Esto lo determina el derecho nacional y otras legislaciones de la Unión Europea. El reglamento lo que hace es proteger la libertad de expresión y dar derecho a los usuarios a recibir explicaciones y a disponer vías de recurso si [las plataformas] retiran sus contenidos", enfatiza.

El informe crítico con el Reglamento de Servicios Digitales lo impulsó una comisión parlamentaria estadounidense presidida por el representante republicano Jim Jordan, que la prensa de allí define como "un estrecho aliado del magnate Elon Musk". El documento que generó tiene 160 páginas y en ellas hay un amplio listado de acusaciones a Bruselas.

Por ejemplo, haber celebrado "más de 100 reuniones a puerta cerrada" con las empresas de redes sociales "para presionarlas y censurar de forma más agresiva". "Aunque se vende como una lucha contra el llamado discurso de odio o desinformación, la Comisión Europea trabajó para censurar información veraz y discursos políticos sobre debates importantes como la pandemia, la inmigración masiva o la agenda trans".

Bruselas responde: "Las plataformas deciden las medidas"

En su respuesta, la comisaria Virkkunen remarca que entre julio y diciembre del año pasado "de los más de 3.400 millones de contenidos que se eliminaron de las plataformas, la mayoría de lo borrado incumplía las condiciones de servicio, mientras que el resto tenía que ver con productos inseguros, estafas, incitación ilegal al odio o violencia".

El informe estadounidense llega a mencionar que Bruselas quiso imponer unas directrices sobre elecciones seguras en la Unión Europea. Se refiere a unas publicadas en abril de 2024 que las redes sociales tuvieron que tener en cuenta para evitar unas elecciones europeas sin injerencias. 

Lo sorprendente es que también de cara a esas elecciones, la Unión Europea impulsó un reglamento europeo sobre publicidad política que en realidad no prohibía ni vetaba los anuncios pagados en plataformas digitales de partidos. Solo exigía más transparencia y garantías. Sin embargo, empresas como Google o Meta (propietaria de Facebook e Instagram) han reaccionado incluso prohibiendo directamente este tipo de publicidad.

La Unión Europea ya está investigando las consecuencias que tiene esa prohibición, y ahora en esta carta de Virkkunen también recuerda que son las plataformas las que deciden las medidas de mitigación al recoger el guante de los códigos de conductas y las directrices que lanza Bruselas. 

La Comisión también sale en defensa de los alertadores fiables, aquellos usuarios que a ojos de las instituciones sus denuncias son más fiables. "Estos avisos no son jurídicamente vinculantes, sino que, como cualquier aviso de los demás usuarios, sirven para alertar a las plataformas, las cuales deben llevar a cabo su evaluación independiente de la legalidad del contenido antes de actuar".

España todavía no tiene alertadores fiables, ya que son las Coordinadoras de Servicios Digitales las encargadas de designarlos. En el caso español, la Coordinadora de Servicios Digitales es la CNMC, que por el momento todavía no ha visto la necesaria reforma de sus estatutos para recibir estas nuevas atribuciones.