Un antes y un después: qué puede ocurrir si el Congreso tumba la delegación de competencias de inmigración a Cataluña

Tercera semana y tercera derrota parlamentaria. El Gobierno sufrirá este martes otro revés en el Congreso después de que, previsiblemente, una mayoría parlamentaria vote en contra de la toma en consideración de la proposición de ley pactada entre el PSOE y Junts para hacer efectiva la delegación parcial a Cataluña de competencias de inmigración. 

Después de que la reducción de la jornada laboral y la creación de una Agencia Anticorrupción fueran rechazadas en lo que llevamos de septiembre, el Ejecutivo ve peligrar el acuerdo que los socialistas y Junts cerraron el pasado marzo después de que los de Carles Puigdemont retirasen su iniciativa en la que invitaban al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.

Podemos y algunos de los partidos que configuran el espacio de Sumar no están de acuerdo con la propuesta. Ya sólo con el 'no' de la formación morada, la norma no seguirá adelante con su recorrido parlamentario al tratarse de una ley orgánica y ser necesaria la mayoría absoluta. 

El mismo día de su presentación, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ya anunció su oposición a una iniciativa que consideraban "racista" y "anti inmigración". Una postura que no ha variado en estos seis meses y que ayer repitió su coportavoz y secretario de organización, Pablo Fernández. "Estamos hablando de una ley que en su preámbulo, en su exposición de motivos, llega a decir barbaridades racistas, como que la inmigración es un problema y es un peligro para la cohesión social. Y, evidentemente, nosotros aquí no vamos a votar a favor, estamos radicalmente en contra".

La proposición de ley habilitaría la delegación a Cataluña de competencias estatales fundamentales en la gestión migratoria, como la seguridad de puertos y aeropuertos - que asumirán los Mossos junto a la Policía y la Guardia Civil - la gestión de los CIE y la devolución de migrantes.

En concreto, se garantizaría la presencia de los Mossos en la seguridad de puertos, aeropuertos y control de fronteras. La policía catalana podrá participar en el ejercicio de todas las "funciones comunes" en dichos espacios en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por ejemplo, garantizar la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, el mantenimiento del orden, la seguridad ciudadana y la prevención e investigación de actos delictivos. Fuera de sus funciones quedarían todo aquello relativo a la seguridad del Estado.

En cuanto a la expulsión y devolución de migrantes, la Generalitat podría realizar una “propuesta de resolución” sobre la expulsión de personas residentes en Cataluña, aunque la decisión final sería del Ministerio del Interior. Eso sí, Cataluña sí tendría autonomía para expulsar a los inmigrantes que tengan prohibición de entrada y sean 'interceptados' en puertos, aeropuertos o fronteras, lo que se conoce como devoluciones en caliente.

También se delegaría la gestión integral de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), la emisión de tarjetas de identificación de las personas extranjeras autorizadas por Cataluña para vivir, estudiar o trabajar; o la competencia para tramitar las autorizaciones de estancia de larga duración de las personas extranjeras que vayan a permanecer en Cataluña para realizar una actividad académica.

Pero Podemos no es el único 'socio' del Gobierno que votará 'no' a esta delegación de competencias. El diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, ha confirmado este martes que no puede votar a favor de un texto que va más allá del ámbito competencial y cuyo preámbulo es "racista". Igualmente, la secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, dejó ayer en el aire el sentido del voto de sus cinco diputados dentro de Sumar al considerar que se deben "expulsar" del texto todas las "consideraciones xenófobas".

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se preguntaba este lunes ante esta nueva rebelión en las filas de la coalición "cuál" de los 13 artículos que tiene la iniciativa es "racista", admitiendo después que la exposición de motivos "puede contener consideraciones que podrían gustar "más o menos". 

En ese apartado se señala que Cataluña “ha sido siempre” un territorio con mucha población inmigrante y se habla de "catalanizar" a los recién llegados bajo la necesidad de “un marco cívico que vaya más allá de la lengua y la cultura y que integre una serie de valores ligados a la convivencia, el trabajo, el esfuerzo, la educación o la igualdad de género, entre muchos otros”. Una redacción que situaría a las personas migrantes como personas a transformar y cambiar, según han denunciado desde Podemos y otros partidos. 

El "no" a la proposición de ley podría abrir un escenario incierto en el Congreso, después de que Carles Puigdemont lleve amagando durante varias semanas con dar por acabada la "prórroga" que le dio a Pedro Sánchez para cumplir con los acuerdos fijados. "No ayudará en las relaciones con el PSOE", adelantaba este fin de semana Jordi Turull ante la previsible derrota.

Es más, el secretario general de JxCat emplazó a las bases del partido a "prepararse" para el "nuevo ciclo que puede empezar" tras las decisiones que Junts "debe tomar sí o sí bien pronto". Una amenaza velada al Gobierno, que a su vez intenta quitarse responsabilidad ante lo que pueda pasar este martes en el Congreso. "La aritmética parlamentaria es la que es. El que vote en contra tendrá que explicar sus razones. Pero no será por falta de voluntad del PSOE", señalaba este sábado la portavoz nacional del PSOE. Montse Mínguez, en una entrevista con El HuffPost. 

Aunque las relaciones con Junts siempre han sido tensas, el PSOE maniobra para que Puigdemont no rompa la cuerda por completo. De ahí que, por ejemplo, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reuniera el pasado jueves con la cúpula del partido en Bruselas para intentar desencallar los acuerdos pendientes de cumplimiento. El encuentro no resultó muy fructífero y los de Puigdemont siguen reivindicando la aplicación de la amnistía a Puigdemont o la oficialidad del catalán en la UE, entre otras carpetas. 

Sobre todo porque Junts empieza a notar que sus relaciones (y bandazos) con el Gobierno empiezan a pasarle factura. La encuesta publicada el pasado domingo en "La Vanguardia" hizo saltar todas las alarmas: los de Puigdemont se desplomaban hasta los 21 escaños y Aliança Catalana le pisaba los talones de 19. El 'mantra' repetido por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de que cualquier decisión de Junts no es cuestionado por sus electores, comienza ahora a resquebrajarse. La derecha catalana e independentista podría estar castigando su pérdida de credibilidad y se estaría echando en brazos de una fuerza ultra que también utiliza el discurso antimigratorio como una de sus banderas. 

El Gobierno, mientras, asume que no puede convencer a Podemos de votar a favor del traspaso de competencias y expresó con firmeza el pasado jueves ante el canciller alemán, Friedrich Merz, su deseo de que el catalán, el gallego y el euskera sean lenguas cooficiales en la Unión Europea. Todo para que Junts no rompa relaciones con el PSOE y se abra a negociar los Presupuestos, aunque fuentes de Ferraz subrayan a su vez que Podemos se ha convertido en el principal obstáculo para sacar adelante las cuentas con unas condiciones inasumibles: romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, reducir por ley un 40% del precio de los alquileres, prohibir la compra de vivienda que no sea para uso residencial y revertir cualquier aumento de gasto militar. "Es más probable que caigan los Presupuestos por Podemos que por Junts", repiten en la sede socialista.