Una abogada sale al paso de las multas al 'capo bus' de Hazte Oír que circula contra Pedro Sánchez

Una abogada ha puesto el foco en el nuevo caso de un autobús del colectivo ultraderechista Hazte Oír, el 'capobus' que bajo los títulos de 'El Capo, ¡dimisión!' o 'La Rosa Nostra', porta imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; de su mujer, Begoña Gómez; de su hermano, David Sánchez; y de integrantes del PSOE o involucrados en el 'caso Koldo', como el exministro José Luis Ábalos y el propio García, el asesor que da nombre al caso.

En una información del portal especializado Economist&Jurist, la abogada penalista Virginia Cera Raimundo (IM Abogados Especialistas) analiza la denuncia de este grupo ultracatólico contra el director general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, y el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, por presuntos delitos de prevaricación, coacciones y acoso. 

Según se explica en el citado artículo aludiendo a la argumentación de Hazte Oír, dicho vehículo fue parado "en varias ocasiones", la primera vez el 19 de noviembre "por agentes que indicaron al conductor que habían recibido órdenes ‘de Jefatura’ para buscar el autobús por Madrid y detenerlo, todo ello por no existir autorización para hacer publicidad". También expusieron que "además, se indicó que había órdenes expresas de parar al autobús cada vez que se le viese en movimiento y de proponer para sanción".

El análisis de la abogada

Ante la cuestión de si hay presentes o no fundamentos legales para considerar si la actuación de la Policía Municipal de Madrid ha incurrido en un delito de prevaricación, coacciones o acoso, o si se trata de una aplicación legítima de la normativa sobre publicidad y orden público, la experta expresa que primero hay que acudir al análisis de la legislación.

Cera señala que "antes de hacer cualquier calificación jurídica de un delito de prevaricación, coacciones o acoso, debemos considerar cuál es el contexto en el que se mueve el sujeto activo, cuál es su legitimidad para determinadas acciones y qué es el objetivo que le mueve a hacerlas".

Al respecto, sostiene que "no podemos acceder de forma directa a las órdenes que se hace alusión la Policía para comprobar cuál es la motivación de estás y la legitimidad de quien las emite, sí podemos acudir a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad". Y, en base al artículo 3 de dicha norma, será publicidad ilícita aquella "que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución Española, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4 [derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen]".

"No puede ampararse en la libertad de expresión"

En esa línea, la profesional de IM Abogados Especialistas indica que "el derecho a la propia imagen es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española y debe ser protegido, incluso cuando se trata de figuras reconocidas públicamente. En este caso, la forma en que se relacionan las imágenes de estas personas con el nombre de una mafia siciliana transmite un mensaje evidente. 

Y, en ese sentido, "un derecho constitucional está por encima de una mera publicidad engañosa, en este caso difundida por una asociación que ni siquiera pretende lanzar un mensaje de manera legítima y crítica". Cera también apunta que "la asociación no puede ampararse en la libertad de expresión debido a que en su autobús está exponiendo la imagen de un personaje político tan importante como el presidente del Gobierno, junto a su mujer y su hermano, sin ningún tipo de fundamentación ni pruebas, como miembros de una mafia".