9 de cada 10 españoles está a favor de sacar a los menores de las redes sociales: "Basta de apps que nos mantienen enganchados"

Un nuevo estudio de la Universitat de Barcelona detalla un "consenso más grande de lo esperado" en torno a una de las medidas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de año: impedir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Aquella medida, que todavía no se ha materializado ni concretado, valió para que grandes magnates como Elon Musk arremetieran contra el Ejecutivo español asegurando que Sánchez era, entre otras cosas, "un traidor". 

El informe, Encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, ha sido presentado este miércoles en Barcelona, en la I Jornada de Derechos Digitales que ha organizado el mismo Gobierno en la Ciudad Condal. Los principales resultados lo ha confirmado el responsable del equipo de investigación que ha llevado a cabo el análisis, el profesor de Ciencias Políticas Jordi Muñoz, si bien en el trabajo de campo han participado institutos demoscópicos como GESOP o Netquest.

El 91% de los encuestados apoya establecer "medidas de protección como la edad mínima obligatoria para el uso de redes sociales" mientras que otra absoluta mayoría del 95% cree que los niños están "poco o nada" seguros en internet. De hecho, el 54% de los encuestados cree que también debería haber una edad mínima de 16 años para hacer uso de un teléfono inteligente. El estudio se ha hecho con 2.500 entrevistas telefónicas a finales de 2025 y con varios grupos de discusión.

Este estudio se ha realizado a fin de entender qué percepción tiene la ciudadanía española del concepto de "derechos digitales". La mayoría de los españoles no lo conocen. De hecho, muchos lo confunden con los derechos de autor de artistas y creadores ante la piratería, según ha corroborado el investigador Jordi Sánchez. "Pese a que el concepto pueda parecer abstracto para la mayoría, si hablamos de privacidad, protección de datos, o protección ante la difamación la ciudadanía si los valora".

De hecho, el 45% de los encuestados cree que son los poderes públicos los principales responsables de velar por los derechos digitales de la ciudadanía, mientras que el 39% entiende que son las grandes empresas las que tienen mayor responsabilidad. El 26% apunta, por último, a los propios usuarios. 

La investigación también confirma la persistencia de una brecha etaria. El 84% de los encuestados ya reconoce que internet y las tecnologías digitales son fundamentales para trámites administrativos o bancarios, y la cifra oscila la misma horquilla cuando se le pregunta por otros trámites o incluso para el ocio y la vida personal. Mientras que el 80% de los encuestados menores de 60 años ven "fáciles" de usar estas tecnologías, el 46% de los mayores de 60 creen que son "poco o nada" fáciles.

El 71% apoya la "identificación obligatoria" para participar en redes sociales

El estudio contó con la presentación de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz que reivindicó la importancia de celebrar encuentros como las I Jornadas sobre Derechos Digitales. "Hemos dicho basta de apps que nos tienen enganchados maximizando su beneficio y minimizando nuestro bienestar, basta a que las redes sociales estén llenas de odio, de mentiras, de desinformación", abundó.

Precisamente sobre desinformación también preguntaba el estudio de la Universitat de Barcelona, que abunda en cómo las redes sociales (22%) y los medios de comunicación digitales (20%)  ya son la principal vía de información para casi la mitad de los encuestados (42%), frente a la televisión (27%), radio (20%) o prensa impresa (9%). El 77% de los consultados percibe que "muy a menudo" se difunden noticias falsas en medios digitales, y ese porcentaje sube al 88% si se le pregunta por las redes.

La sorpresa llega por el masivo apoyo que existe a que "las autoridades regulen la difusión de información en redes sociales para evitar noticias falsas y discursos de odio": el 65% de los encuestados apoya esta tesis frente al 30% que "prioriza preservar al máximo la libertad de expresión". Y va más allá: el 71%, es decir, 7 de cada 10 encuestados, apoya la "identificación obligatoria para participar en redes sociales y foros", frente al 24% que defiende el anonimato.

"Son consensos más grandes de lo que esperábamos y que nos ha sorprendido al equipo de investigación. Toda esa demanda de regulación se focaliza además en gobiernos y en la Unión Europea, ya que hay conciencia de que esto trasciende a gobiernos estatales y debería involucrar a las autoridades europeas", aseveran desde el equipo de investigación.