Carmen, viuda de 79 años, gana 35.000 euros con un cupón con premio pero no puede cobrarlos: su marido falsificó su firma para vetarla del juego
"Mi madre me llamó llorando. No entendía qué estaba pasando".
Es muy difícil ganar un premio de lotería. En Navidad los españoles nos damos cuenta de que aunque haya muchos premios, hay muy poca suerte a repartir. De hecho, que te toque la pedrea ya es una alegría ya que la probabilidad es del 1,79%. Sin embargo, si eres de esos afortunados que han dado con el número premiado, es normal que la euforia se apodere de ti e incluso, dependiendo del premio, que suponga un antes y un después en tu vida.
Carmen, una viuda de 79 años, —y ahora entenderás porqué menciono lo de viuda— consiguió ganar 35.000 euros con un cupón de la ONCE en agosto de 2025. Un momento perfecto para hacer su viaje soñado a Portugal si no fuera porque su marido se encargó de que no lo cobrara.
La mujer, residente en la región de Murcia, se enteró de que figuraba en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, es decir, una lista de personas que voluntariamente se denuncian para prohibir que participen en juego de azar. Un método muy común entre los que se consideran adictos al juego y quieren salir de ese vicio.
El problema es que Carmen asegura que nunca solicitó formar parte de ese registro y que ni siquiera sabía que existía.
Trece años inscrita sin saberlo
La sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que llevaba 13 años inscrita en el registro. La anotación se había realizado en enero de 2012, pero ella no tuvo conocimiento de ello hasta que el banco le comunicó que el premio no podía abonarse.
"Mi madre me llamó llorando. No entendía qué estaba pasando", explica una de sus hijas. Según relata la familia, Carmen nunca ha tenido problemas con el juego. Su única costumbre era comprar el cupón de la ONCE y participar en los bingos organizados en el centro de mayores de Los Alcázares, donde acudía con sus amigas.
La familia descubre que fue su marido quien la inscribió
Tras meses de reclamaciones, la familia logró acceder al expediente administrativo y descubrió el origen de la inscripción. Según la documentación, fue el marido de Carmen, fallecido en 2015, quien envió un burofax a la Dirección General de Ordenación del Juego solicitando su inclusión en el registro de autoprohibición.
El escrito estaba redactado como si lo hubiera firmado la propia Carmen y afirmaba que sufría graves problemas relacionados con el juego y que deseaba que se le prohibiera el acceso a casinos, bingos y otros establecimientos. Sin embargo, la familia sostiene que la firma fue falsificada y que el documento contiene errores evidentes, como datos personales incorrectos e incluso el apellido mal escrito.
Además, el escrito aseguraba que Carmen no podía desplazarse y autorizaba a su marido a presentar la solicitud en su nombre. Según su hija, en aquella época ocurría precisamente lo contrario: era él quien estaba enfermo y ella quien lo llevaba a todas sus citas médicas.
Una batalla en los tribunales
La hija de Carmen cree que el origen de todo estuvo en una discusión familiar. "Mi padre tenía una mentalidad muy machista y no quería que mi madre fuera al bingo del centro social porque él se quedaba solo en casa", explica.
La familia sospecha que, tras ese enfrentamiento, alguien le habló del registro de autoprohibición y decidió utilizarlo para impedir que su esposa siguiera participando en esas actividades, aunque desconocía que también afectaría a sorteos oficiales como los de la ONCE.
El caso se encuentra actualmente en dos frentes. Por un lado, Carmen mantiene un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para intentar cobrar el premio. Por otro, su abogado ha solicitado que se declare nula la inscripción en el registro al considerar que fue realizada de forma fraudulenta y sin seguir el procedimiento legal establecido.
La defensa sostiene que la solicitud no se presentó mediante los canales oficiales y que la propia Administración reconoce que el alta se tramitó utilizando un modelo no normalizado.
"Pagaríamos el premio en cuanto la inscripción sea anulada"
Desde la ONCE explican que la ley les impide entregar premios a cualquier persona inscrita en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. La entidad asegura que no tiene margen de actuación mientras la inscripción continúe vigente.
"Nosotros vivimos de repartir premios. Estaríamos encantados de pagar esos 35.000 euros, pero la normativa nos lo impide. Si la inscripción se anula por vía administrativa o judicial, cobrará el premio en el minuto uno", señalan. Aunque reconocen que este tipo de situaciones son muy poco frecuentes, recuerdan que otros casos similares han terminado resolviéndose a favor de la aplicación estricta de la normativa.