Cientos de personas paran un desahucio en la Casa Orsola en Barcelona: ¿por qué no es una protesta más?

En la misma España de 2025 en que -parte de ella- suspira aliviada por haberse alcanzado un pacto para mantener el escudo social para, por ejemplo, evitar que expulse de sus hogares a la población más vulnerable; este viernes tiene lugar una escena que nos hace rememorar las peores jornadas de desahucios, dignas de el 'austericidio' del 2012 y las mejores resistencias, dignas del 15M. 

En una ciudad cuyo tejido social y asociativo ya formaba parte del ejemplo de la lucha contra la especulación y la mercantilización extrema de la vivienda una concentración con centenares de vecinos y activistas -dos mil, según TVE- tratan de detener un nuevo desahucio. El escenario vuelve a ser uno de los mayores iconos de los efectos de las viviendas turísticas y los alquileres tensionados, Barcelona, y de forma más concreta, uno de sus emblemáticos edificios modernistas. La Casa Orsola.

¿Qué está pasando y por qué está adquiriendo tal relevancia informativa este caso? Para comprenderlo es necesario contar una historia diferente a la de Josep Torrent, la persona que se niega a abandonar la vivienda en la que ha venido residiendo los últimos 21 años, pero a la que se le acabó el contrato de alquiler en 2021 y decidió seguir quedarse para "presionar". No, no es inquiokupación como tal, puesto que siguió pagando la mensualidad.

Lioness Inversiones: o cómo comprar un edificio e ir echando a la gente para triplicar alquileres

En un movimiento que recuerda a lo ocurrido en Madrid tras la venta de miles de viviendas sociales por del Ayuntamiento de Madrid -con la la alcaldesa Ana Botella (PP) a las riendas de Cibeles- a un fondo buitre; el caso de Lioness Inversiones no representa ninguna estrategia novedosa.

En una de las ciudades del Estado español en la que más han subido los precios de alquileres y se han retirado viviendas de ese mercado para convertirse en pisos turísticos, la compra del número 137 de la calle Calàbria y el número 122 de la calle Consell de Cent supuso el final de la vida como la entendían por aquel entonces las 27 familias que vivían en estas fincas. Hoy son menos ya: 18 familias, pero cinco de ellas en medio de procedimientos judiciales y tres ya pendientes de sentencia.

Tenían contratos indefinidos y alquileres de duración habitual que, a medida que acababan, no se renovaban para ser sacados de nuevos al mercado en formato de alquiler de temporada -más reducido y triplicando los precios anteriores -de 700 a 2.500 euros-. El caso es especialmente sangrante en lo social, tras una batería de medidas del Ministerio de Vivienda en las que se puso coto a este modelo de alquiler, usado como subterfugio por este tipo de empresas. 

Con la ley de su parte

Con todo, la ley está de parte de Lioness Inversiones, puesto que la Audiencia de Barcelona ratificó la sentencia de desahucio contra Torrent. El Ayuntamiento de Barcelona, por aquel entonces dirigido por la alcaldesa Ada Colau y los comuns, pudo haber ejercido su derecho de opción a compra, pero la situación financiera no lo permitió. Josep Torrent, el vecino al que se quiere echar hoy, ha dejado claro que no pilla por sorpresa, en una misiva enviada al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hace tiempo que les venimos explicando que los alquileres de temporada están sirviendo para esquivar la regulación de precios y expulsar a los vecinos del barrio. Más allá de palabras de apoyo vacías, sus administraciones no han hecho nada para evitar que lleguemos a la situación en la que estamos ahora", denunció este vecino del Eixample en la carta.

La resistencia prende de nuevo

Desde esta mañana, hay una fuerte presencia policial que controla a los centenares de personas que plantan cara a las autoridades para evitar la ejecución del desahucio. Una cien personas ya pasaron la noche en el lugar para evitar cualquier movimiento policial que sorprendiese. El lanzamiento estaba programado para las 10.30 horas. Josep ha salido a agradecer el apoyo y ha podido incluso volver a entrar en su domicilio escoltado por los manifestantes que le han hecho un pasillo, entre aplausos.

"Si permitimos que esto se normalice y se desahucie a los vecinos, acabarán desahuciando otros edificios después y expulsando a todos", ha afirmado Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya, que ha puesto el foco en que los inquilinos afectando han tratado reunirse con el propietario del fondo buitre para plantear nuevos contratos.

La comitiva judicial no ha podido llegar hasta el lugar y el desahucio ha sido aplazado al próximo martes 4 de febrero.

Sin embargo, ha quedado claro que esto no es un desahucio más. La lucha de la Casa Orsola se ha convertido en todo un símbolo de resistencia. Prueba de ello fue la monumental manifestación del 23 de noviembre, que congregó a la friolera de 170.000 personas.