Despiden a un capitán de yate, denuncia al propietario y el asunto acaba en tribunales y grandes sumas de euros
El dueño de la embarcación ha depositado 50.000 euros para hacer frente a sus obligaciones económicas.
El yate Popeye, una embarcación de recreo a motor con bandera portuguesa que se encontraba amarrada en el puerto de la ciudad italiana de Viareggio, se ha visto envuelto en un embrollo judicial a raíz del despido del capitán del yate (de nacionalidad francesa).
El hombre denunció que el despido se había producido de forma verbal y sin una causa justificada, por lo que decidió interponer una denuncia contra el propietario de la embarcación.
Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Lucca in Diretta, el capitán del yate Popeye solicitó a la justicia italiana el bloqueo del barco como garantía de créditos por valor de unos 200.000 euros.
La mencionada cantidad procedía de las reclamaciones por las indemnizaciones no pagadas, las diferencias salariales y los reembolsos por gastos de gestión de la propia embarcación adelantados por el capitán.
El Tribunal de Lucca ha estimado parcialmente la reclamación del capitán y ha considerado válida la medida cautelar del bloqueo del yate aunque únicamente por un importe de unos 45.000 euros y no de 200.000.
Con esos 45.000 euros, el propietario de la embarcación debe responder a los salarios impagados al capitán y a los anticipos realizados por el propio trabajador para afrontar las necesidades diarias del yate.
La decisión final recaerá en un juez portugués
No obstante, desde el citado medio italiano destacan que el Tribunal de Lucca ha dictaminado que "el fondo del asunto deberá discutirse ante el juez portugués, tal y como prevén las cláusulas contractuales, ya que no se han encontrado indicios suficientes para demostrar la existencia de un armador italiano oculto que pudiera radicar el proceso de forma permanente en Lucca".
En cualquier caso, desde el Tribunal de Lucca sí que han permitido que el yate Popeye pueda abandonar el puerto de Viareggio después de que el propietario de la embarcación haya depositado 50.000 euros para hacer frente a sus obligaciones económicas ante el capitán.
