El banco exige casi 68.000 euros a los deudores pero una investigación revela el auténtico precio de la multa y se giran las tornas

Un banco que exigía a una empresa unos 68.000 euros deberá reducirle la deuda a 625 euros, así como a pagar los honorarios legales, según ha dictaminado un juez del Tribunal de Perugia, después de que un acreedor bancario y tres avalistas personales impugnasen una orden judicial emitida por la entidad bancaria. 

Todo comenzó a raíz de una cuenta corriente abierta en 1998 y renovada en 2013. El punto de inflexión llegó en 2016, momento en el que la entidad bancaria, según recoge el diario italiano perugiatoday, "obtuvo una orden de cesación por importe de 67.709,80 euros contra la empresa deudora y los tres avalistas". 

Los demandantes defendieron la nulidad de la orden, alegando la invalidez de las garantías, la jurisdicción territorial e impugnando la validez de la firma en el contrato. Sin embargo, tal y como recoge el mismo diario, el órgano judicial ya había establecido que el contrato de 2013 era válido y que la empresa tenía derecho a seguir con el procedimiento. 

A pesar de ello, tras realizar una investigación técnica ordenada por el juez, el informe afirmó que la documentación completa solo estaba disponible entre el 1 de julio de 2012 y el 16 de septiembre de 2014, por lo que los cargos del crédito se limitaron a este periodo y el saldo inicial se consideró nulo. 

También eliminaron los cargos no contemplados en el contrato o aquellos superiores a los pactados. Tras recalcular la deuda, esta se redujo a los 625,39 euros más los intereses legales. Además, se condenó al banco a pagar los costes judiciales. 

Cabe destacar que en España, en caso de tener deudas con los bancos, se pueden reducir a través de la reunificación de préstamos en un solo crédito, de la renegociación de las condiciones del contrato o, en el supuesto de que la situación sea crítica, buscar alternativas como la Ley de Segunda Oportunidad.