Una subvención europea destinada a formación terminó en los tribunales más de quince años después. La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a un acusado por falsificar facturas y contratos para obtener dinero de una ayuda financiada por el Fondo Social Europeo, una maniobra con la que logró cobrar miles de euros que no le correspondían. El acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado una condena de cinco meses y diez días de prisión y una multa de 204 euros, aunque no ingresará en la cárcel. La sentencia suspende la pena con la condición de que no vuelva a delinquir durante tres años y devuelva el dinero obtenido de forma fraudulenta. En total, la cantidad a reintegrar podría alcanzar hasta 25.642 euros, aunque la cifra definitiva se fijará durante la ejecución de la sentencia. Los hechos se remontan a 2009, cuando el Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja) obtuvo una subvención financiada por el Fondo Social Europeo para impartir un curso formativo titulado “Agente comercial para exportación. Inglés comercial”. Para llevar a cabo el programa, el consistorio contrató a una persona responsable de su ejecución, que posteriormente subcontrató a dos docentes encargados de impartir la formación. El problema llegó con la documentación que debía justificar el gasto de la subvención. Según recoge la sentencia, el acusado presentó contratos con firmas simuladas de los profesores para aparentar que existía una relación contractual formal. En realidad, el acuerdo con los docentes se había cerrado únicamente de forma verbal. Pero no fue el único documento manipulado. Para justificar el uso del dinero de la subvención, el acusado también aportó facturas y justificantes falsos relacionados con la actividad formativa. Entre ellos figuraban gastos inexistentes o cantidades infladas, especialmente en conceptos como dietas y kilometraje. La diferencia entre lo que realmente cobraron los profesores y lo que se justificó en la subvención revela el alcance del fraude. Mientras que los docentes emitieron solo tres facturas por un total de 7.680 euros, el acusado llegó a percibir 23.360 euros del Ayuntamiento en concepto de gastos de docencia. Según el tribunal, esa operación le permitió obtener un beneficio ilícito de 15.880 euros. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba dos años y tres meses de prisión por estos hechos. Sin embargo, el proceso terminó con una sentencia de conformidad, después de que el acusado admitiera su responsabilidad. La pena final se redujo a cinco meses y diez días de prisión, además de la multa de 204 euros. La reducción también se explica por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el procedimiento judicial se ha prolongado durante años desde que ocurrieron los hechos. Pese a la condena, el acusado no tendrá que ingresar en la cárcel. El tribunal ha acordado suspender la pena con dos condiciones claras: no cometer ningún delito durante los próximos tres años y devolver el dinero obtenido de manera fraudulenta. Si incumple cualquiera de esos requisitos, la suspensión podría revocarse y tendría que cumplir la pena de prisión. Mientras tanto, la sentencia deja una conclusión clara: una ayuda pública destinada a formación terminó convertida en un fraude basado en contratos falsos, facturas simuladas y justificantes manipulados. Y, más de una década después, la justicia ha terminado pasando factura.