¿Derogar la memoria histórica?

La historia de Europa durante el siglo XX echa hoy en cara a las grandes democracias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial el delito de haber mantenido en España, hasta su consunción biológica, una dictadura que hurtó a los ciudadanos de este país excéntrico y esquinado los beneficios políticos, económicos y sobre todo intelectuales de la victoria de 1945 sobre los aberrantes fascismos. 

Si en 1945 los grandes vencidos en aquella gran confrontación, Alemania e Italia, pudieron comenzar a rehacerse y a volver a autodeterminarse democráticamente, fue precisamente a raíz de la derrota y del exterminio de quienes los condujeron a la catástrofe; España en cambio quedó aislada y sodomizada por una aberrante dictadura militar que, con el apoyo de las potencias del Eje, había conseguido destruir por las armas una república constitucional.

A pesar de ello, los ciudadanos de este país, que fuimos el desecho de Europa en manos de un mediocre y cruel dictador, supimos, a la muerte de este, construir con notable habilidad y sorprendente unidad un régimen democrático de suficiente amplitud para acoger a la gran mayoría de sensibilidades presentes en aquella encrucijada. 

La Transición española, pilotada por Juan Carlos de Borbón y por Adolfo Suárez, fue modélica e incluyó un proceso constituyente de contrastada calidad. Lógicamente, las fuerzas sociopolíticas que ostentaban el poder en aquella coyuntura tuvieron que hacer realizar concesiones importantes a sus adversarios naturales, y viceversa. El proceso español fue internacionalmente elogiado y analizado por los politólogos con un balance muy favorable.

Pero la instauración monárquica, que había de ser sutil, incruenta y pacífica, implicó la pervivencia de numerosas inercias del régimen anterior. Así, el Valle de los Caídos, un túmulo que el dictador había construido para su propia gloria con mano de obra esclavizada, seguía siendo lugar de peregrinación y homenaje a los golpistas que abatieron la República. 

Asimismo, la exaltación de Franco permanecía registrada en todas partes, como si fuera el prócer que había construido la nación. Faltaba, evidentemente, una acción positiva de clausura de la guerra civil y la dictadura, de forma que tanto el cruel conflicto cuanto el posterior periodo autoritario quedasen definitivamente archivados en la hornacina de la historia. Ello suponía objetivar la democracia, eliminar o mitigar los símbolos de exaltación franquista, acabar de rescatar a las víctimas republicanas (las nacionales ya estaban rescatadas) de sus entierros improvisados, humillantes e informales, etc.

Con esta saludable intención, el presidente socialista Rodríguez Zapatero sacó adelante la Ley 52/2007 de Memoria Histórica que reconoció a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Aquella norma legalizó jurídica y moralmente a las víctimas de ambos bandos, facilitó ayudas para la localización y exhumación de fosas comunes y dispuso la retirada de escudos, insignias y placas de exaltación franquista en edificios públicos. Asimismo, permitió a los hijos y nietos de exiliados políticos optar a la nacionalidad española de origen. 

El propio presidente Zapatero implantó también mediante el Real Decreto 1631/2006 la asignatura "Educación para la Ciudadanía", diseñada para el último ciclo de la Educación Primaria y toda la Educación Secundaria. La asignatura no cuajó, en gran medida por la negativa de las instituciones educativas privadas a ofrecer a su alumnado una visión objetiva de la guerra civil, y acabó desapareciendo por completo en 2016. Fue un fracaso del que todavía no nos hemos repuesto. 

Aquella ley de Memoria Histórica fue revisada durante la etapa de Pedro Sánchez: el consejo de ministros celebrado el 20 de julio de 2021 aprobó el envío a las Cortes del Proyecto de la Ley de Memoria Democrática, que actualizaba la anterior. La nueva ley fue aprobada por el parlamento en octubre de 2022. El texto oficial de presentación de la ley dice textualmente que tiene un doble objetivo: fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia de España y de las figuras y movimientos que fueron construyendo los nexos de cultura democrática, así como preservar la memoria de las víctimas de la Guerra de España y la Dictadura franquista. 

La norma impulsa el mantenimiento de dicha memoria a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas; la promoción de la justicia y el fomento de la reparación; y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo. La nueva ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, establecidos por los organismos internacionales encargados de velar por los derechos humanos, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad entre hombres y mujeres.

Pues bien: el Partido Popular, que ha sido considerado partido de Estado y que en teoría no tiene ligazón alguna ni con los precedentes franquistas ni con el régimen dictatorial que padecimos durante casi cuarenta años, ha anunciado sin embargo que proyecta reemplazar el marco actual —la ley de Memoria Democrática— por una «Ley de Concordia». 

El objetivo manifestado por la formación es, en sus propias palabras, equiparar los derechos de todas las víctimas de la Guerra Civil y evitar la confrontación civil. La dirección del PP, con figuras atrabiliarias como Miguel Tellado en el uso de la palabra, tacha la ley vigente de "inmoral" y critica con furor que la normativa vigente fuese pactada por el gobierno con formaciones como Bildu, lo que ha tenido como consecuencia que la legislación resultante busque "dividir a los españoles" y fomentar el "guerracivilismo". Asombroso.

Nada habría que objetar a que el PP tuviera previsto, al llegar al poder, reformar nuevamente lo legislado en el ámbito de la "memoria histórica", siempre con ánimo constructivo y perfeccionista, pero es altamente inquietante que las enfurecidas manifestaciones de Tellado se produzcan cuando en el horizonte asoma la temible hipótesis de que el PP podría gobernar con VOX, una formación de extrema derecha que jalea al franquismo, que proclama un centralismo férreo incompatible con la Carta Constitucional española, que añora la dictadura y que quiere devolver el putrefacto cadáver del "Caudillo" al Valle de los Caídos.

Este es el panorama que nos brinda uno de los futuros más previsibles (al final, son los renglones torcidos de la inteligencia los que acaban formando la historia). No es difícil aventurar que la irrupción de un gobierno dispuesto a desandar cincuenta años generaría un cataclismo político y social. 

La facilidad con que Feijóo ha pasado de mostrarse reacio a cualquier pacto con VOX a la fraternal amistad con los ultras de Abascal que ha hecho posible que el PP haya pactado con VOX en todas las comunidades autónomas en que ha podido presagia lo peor. Habrá que ver si las convicciones democráticas de Feijóo, en la hipótesis de que tenga que gobernar, son suficientemente sólidas para preservar lo de inmutable e irreversible que han de tener los grandes principios sobre los que hemos asentado nuestras vidas.