La policía científica entra en la zona cero de las discotecas incendiadas de Murcia

La policía ya está en la zona cero de los incendios mortales de las discotecas de Murcia. Una unidad de la Policía Científica accedía este lunes al interior de los establecimientos que operaban sin licencia desde 2022 para dar comienzo a la investigación con la toma de muestras y recopilación de pruebas para determinar las causas de la tragedia que la madrugada de este domingo acabó con la vida de 13 personas.

Tras la retirada de los bomberos después de 36 horas de trabajo ininterrumpido en la zona, que han empleado las últimas horas en asegurar el espacio y reforzar las estructuras donde han de trabajar los agentes especializados, una vez que el fuego ya se ha extinguido y el calor de los materiales no afecta a su misión.

"Hemos trabajando incansablemente desde el primer hasta el último minuto, intentando devolverle a esas familias lo que más querían", han expresado los Bomberos de Murcia en su cuenta en la red social X, antes Twitter, al tiempo que se han "solidarizado y mandado mucho ánimo a familiares y amigos de las 13 pérdidas irreparables".

El magistrado del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, en funciones de guardia, decretó este domingo el secreto de sumario en las diligencias abiertas para la investigación del incendio en la zona de ocio de Atalayas, tal como informaba el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Tras el aviso del incendio, la autoridad judicial se desplazó, junto a dos médicos-forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Región de Murcia (IMLCF), al lugar del siniestro, donde se efectuaban por el Cuerpo de Bomberos de Murcia las labores de recuperación de restos humanos, enfriamiento y aseguramiento de las estructuras afectadas por el fuego.

Agentes especializados de esa unidad han llegado desde la sede central en Madrid para ayudar en el proceso de identificación de las víctimas, en el que hay "problemas" por el estado de los cuerpos, según ha avanzado este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Dejemos que las investigaciones sigan el curso adecuado y se determinarán las consecuencias de esta fatal tragedia y, en su caso, se tomarán las medidas necesarias y precisas", ha indicado el ministro. 

Discotecas sin licencia

El concejal socialista Andrés Guerrero, que ocupó la concejalía de urbanismo la pasada legislatura, y el actual teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, del PP, informaban de que las discotecas Teatre y Fonda Milagros no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022.

Ambas discotecas locales, han añadido, eran administrativamente uno solo, Teatre S.L. De hecho Fonda Milagros abrió en su día en una división de espacio de la discoteca Teatre, aunque operaban con nombres comerciales distintos y tenían, también, accesos al público independientes.

La portavoz de Teatre ha desmentido la información facilitada por el Ayuntamiento y ha aseverado que la discoteca tiene "la licencia en regla" y que, tras recabar la documentación necesaria, los abogados del propietario "rebatirán las irregularidades o mentiras que se han dicho".

Por su parte, el empresario de La Fonda Milagros ha afirmado que desconocía que trabajaran sin licencia y, además, su abogado ha subrayado que su cliente ha perdido en el incendio toda la documentación relativa a la empresa.

Los administradores de las discotecas de la zona Atalayas de Murcia en las que murieron, al menos, trece personas podrían ser encausados por otros tantos homicidios imprudentes, un delito castigado, según el Código Penal, con entre uno y cuatro años de prisión.

El abogado penalista Raúl Pardo Geijó ha explicado a EFE que la responsabilidad de lo ocurrido recae en estos casos sobre el administrador o titular del establecimiento en que ocurrieron los hechos, y que la instrucción judicial determinará el grado de cumplimiento, entre otras circunstancias, de las medidas de seguridad de los locales.

De forma subsidiaria, ha advertido, el Ayuntamiento de Murcia, como garante del cumplimiento de las normas de seguridad de los establecimientos de pública concurrencia, podría verse obligado a responder de las indemnizaciones que se impongan en el proceso en el supuesto de que los condenados no puedan hacer frente a esos importes.