Los sindicatos policiales cargan contra Peinado por afirmar que "no cabe duda" de que los escoltas de Begoña Gómez podrían colaborar en su fuga

Los sindicatos responden al juez Peinado. Los sindicatos policiales Jupol y Sindicato Unificado de Policía (SUP) han querido responder este sábado al juez Juan Carlos Peinado tras argumentar, en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez y le impone medidas cautelares como la retirada del pasaporte, que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que forman su escolta, podrían "facilitar" su eventual "fuga".

Lee el comunicado íntegro de Jupol aquí:

"Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga.

Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales. Poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares.

Por todo ello, consideramos imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones. La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos."

Lee el comunicado íntegro del Sindicato Unificado de Policía (SUP)

"El Sindicato Unificado de Policía (SUP), organización sindical mayoritaria en la Policía Nacional, expresa su absoluto rechazo a cualquier manifestación que pueda poner en duda la profesionalidad, la integridad, la lealtad institucional o el sometimiento a la legalidad de los policías nacionales que prestan servicio en las unidades de protección de autoridades.

Los integrantes de estas unidades acceden a ellas tras superar rigurosos procesos de selección y formación, desempeñando una labor de máxima responsabilidad bajo estrictos protocolos de actuación y sometidos en todo momento a la Constitución, al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, neutralidad política, objetividad e imparcialidad que rigen la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por ello, resulta especialmente preocupante que puedan formularse hipótesis que sugieran la posibilidad de que agentes de la Policía Nacional colaboren en actuaciones contrarias a la acción de la Justicia, ya sea por iniciativa propia o siguiendo supuestas órdenes jerárquicas. Los policías nacionales no actúan al margen de la ley ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales. Nuestro ordenamiento jurídico es claro al respecto y exige a todo funcionario público actuar siempre dentro de la legalidad.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado constituyen una de las principales garantías del Estado de Derecho. Su función es precisamente asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y servir con absoluta neutralidad a los intereses generales.

El prestigio de la Policía Nacional se sustenta en la confianza que la sociedad deposita en sus profesionales. Esa confianza no puede verse erosionada por afirmaciones genéricas que, sin individualizar conductas concretas ni apoyarse en indicios determinados, proyecten sobre miles de agentes una sombra de sospecha incompatible con la realidad del servicio que prestan diariamente.

EI SUP quiere trasladar todo su respaldo y reconocimiento a los policías nacionales que integran las unidades de protección, así como al conjunto de los miembros de la Policía Nacional, cuya profesionalidad, vocación de servicio y compromiso con la legalidad están fuera de toda duda. La Policía Nacional no es un riesgo para el Estado de Derecho; es una de sus principales garantías."