Patricia Suárez, presidenta de Asufin: "Si yo fuera inquilino, lo pelearía: con lo lenta que es la Justicia, estoy pidiendo una prórroga de dos años, que es lo que puede durar el proceso judicial"
El Congreso de los Diputados tiene en sus manos el Real Decreto sobre vivienda que Sumar logró aprobar tras un tensísimo Consejo de Ministros para plantear 'respuestas' a la crisis surgida de la guerra en Irán.
Algo más de dos millones de inquilinos en España cuentan los días para saber si finalmente entrará en vigor la anunciada prórroga de sus contratos de alquiler.
El Real Decreto sobre vivienda aprobado por el Gobierno tras la presión de Sumar se acerca a su tramitación en el Congreso... pero allí no tiene un camino demasiado claro y podría decaer. Ante el incierto horizonte, se multiplican las preguntas.
A una de ellas le da respuesta en la Cadena SER Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros). La responsable de la entidad se suma a la opinión mayoritaria de que los alquilados deberían pedir la prórroga del alquiler pase lo que pase en el Congreso.
"Si yo fuera inquilino, lo pelearía, porque con lo lenta que es la Justicia, estoy pidiendo una prórroga de dos años, que es lo que puede durar el proceso judicial", apunta Suárez en una entrevista en la Cadena SER.
Esos conttratos que pueden acogerse a la prórroga son aquellos que se firmaron entre 2021 y 2022, ya en la salida de la pandemia tras un crítico 2020. El lapso de cinco años sitúa su final de vigencia en comienzos de 2027.
En total son algo más de un millón de contratos de alquiler, según las cifras ofrecidas por el Ejecutivo central; de ellos, una cifra superior a los 400.000 se corresponderían solo con los situados en Madrid y Barcelona.
Este año es el horizonte que se antoja crítico para los alquilados, porque en estos cinco años, el precio medio de los alquileres se ha disparado hasta un 30% —con picos más altos en numerosas zonas tensionadas, como Madrid y Barcelona—.
Por ello, son millones las personas que temen un 'hachazo' en su alquiler mensual de no aplicarse una prórroga que ahora está en manos de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.