Un pueblo de Aragón se seca por culpa de un pantano ilegal
Una amenaza para "la vida misma de los pueblos de una de las zonas que más sufre la despoblación"
El acuífero de Doñana y la amenaza que supone la aprobación de la Ley de Regadíos de la Junta de Andalucía, impulsada por Juanma Moreno con el apoyo de Vox y el Consejo del parque nacional en contra, centra el debate político y ocupa los titulares más destacados. Sin embargo, en otras regiones de España llevan también un tiempo luchando contra la amenaza de la sequía derivada de la actividad del ser humano.
Es el caso de Paracuellos de la Ribera, un pueblo situado en la comarca aragonesa de Comunidad de Calatayud, que ha visto como las obras para construir el pantano ilegal de Mularroya y el trasvase del río Jalón han afectado a los acuíferos y manantiales que surten de agua a esta población de 130 habitantes y a otros municipios de la zona.
Hace unos días, detrás de una pancarta en la que se podía leer el lema En Defensa del Agua Perdida, los vecinos de Paracuellos salieron a la calle para reclamar la restauración de un acuífero y se detenga los trabajos de construcción de un embalse que varias sentencias judiciales han declarado ilegales y que afectan también a municipios como Sabiñán, Chodes, Purroy, Embid de la Ribera, Ricla, Morata y Arándiga, según el diario digital Arainfo.
Algunos de los participantes en la protesta señalan que esta situación afecta gravemente a la agricultura de la zona, lo que acelera la despoblación de una región que ya sufre este problema desde hace un tiempo. "Los vecinos aguas abajo del punto del trasvase verían reducido su caudal de manera extraordinaria, lo que pone en peligro la agricultura tradicional y hasta la vida misma de los pueblos de una de las zonas que más sufre la despoblación", dicen algunos de los vecinos al citado medio.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) reconoce que los trabajos para construir el pantano de Mularroya han afectado a los acuíferos y han disminuido el caudal filtrado. Sin embargo, han atribuido la situación a la sequía y sugieren esperar a que las lluvias recarguen los acuíferos como solución. La CHE también reconoce que harán falta otros ocho millones de presupuesto para mitigar las filtraciones.
Los afectados argumentan que aún es posible salvar la agricultura en la zona y proteger un espacio natural importante como las Hoces del Jalón. A pesar de las objeciones y las sentencias judiciales en contra, el proyecto continúa y representa un riesgo para el territorio, el patrimonio cultural y las poblaciones afectadas.
