Una multimillonaria de EEUU y dos princesas se ven en los juzgados por un local de lujo en Ibiza y la sentencia es un 'corta y pega' del juez
El "sueño" de una inversora se ha convertido en su peor pesadilla.
Lo que prometía ser un sueño culinario para una multimillonaria estadounidense, se ha acabado convirtiendo en una pesadilla "de proporciones épicas". La historia arranca cuando una empresaria neoyorquina se subroga en el contrato de arrendamiento de un restaurante en Ibiza, propiedad de las princesas europeas Doris Mary H-L y Gladys Elisabeth O.
Según publica el medio Confilegal, la empresaria, confiada en que todo saldría bien, "renovó el local, equipó la cocina con nuevos electrodomésticos y logró un revuelo mediático que la llevó a aparecer en destacadas revistas estadounidenses". Fue entonces cuando llegaron los problemas.
"Los vecinos denunciaron irregularidades urbanísticas y el Ayuntamiento de Ibiza ordenó el cierre del local, alegando que la salida de humos y el cerramiento de la cocina, que se encontraba en zona comunitaria, era ilegal", confirma la publicación. Las princesas prometieron solventar la situación, mientras ella "seguía pagando religiosamente la renta".
De acuerdo a la información difundida, un año más tarde, la empresaria denunció a las aristócratas por 618.470 euros en concepto de daños y prejuicios. "Pero lo más surrealista del caso estaba a punto de suceder". La juez encargada del caso, Carmen Robles Zamora, de los juzgados de primera instancia de Ibiza, redactó una sentencia de "copia y pega", con "párrafos enteros extraídos de determinadas páginas de Internet y sin apenas motivación jurídica".
Esta sentencia terminó en manos de otros magistrados de la sección 5 de los mismos Juzgados, después de que la empresaria lanzara recurso. "Pero lejos de enmendarla y aún reconociendo cierta oscuridad en el escrito, terminaron por validarlas". Así, finalmente, este tribunal de apelación consideró que el contrato era de un arrendamiento de local y no un contrato de arrendamiento de industria, desestimando el recurso de la inversora.
Los magistrados dictaminaron, según se publica, que al ser un arrendamiento de este tipo, "eximía a las caseras de cualquier responsabilidad sobre los problemas legales que le impidieron explotar el negocio".
Antes del proceso judicial, el restaurante echo el cerrojo durante más de un año, aunque la empresaria siguió pagando el alquiler. "Las arrendadoras, de acuerdo a la demandante, se lavaron las manos después alegando que no tenían ninguna obligación con respecto a las condiciones del local".
El caso ha llegado a manos de los jueces de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo; sin embargo, aún no se ha dictaminado sentencia. "La empresaria norteamericana considera que ha sufrido un perjuicio económico grave tras verse obligada a cerrar el restaurante en el que ha efectuado importantes mejoras, y del que ha pagado 16 meses el alquiler sin poder explotarlo", concluye la publicación.