El Gobierno tipificará en el Código Penal la "manipulación de algoritmos" y señala a Elon Musk: "Se acabó la impunidad"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado este jueves cómo responsabilizará penalmente el Gobierno a los "tecnoligarcas" que, con sus grandes plataformas, amplifican el contenido dañino. La medida ya la avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de año; pero hoy Rego ha concretado cómo será esta reforma del Código Penal.

"Hoy, los socios de Gobierno damos un paso más para que los caudillos digitales tengan responsabilidad penal en España por los contenidos que se difunden en sus plataformas", ha anunciado la ministra. "Serán responsables del efecto dañino de sus algoritmos y podrán ser juzgados en España. Asimismo, ignorar una orden de retirada de contenidos ilícitos también tendrá consecuencias penales".

El Gobierno ha anunciado que tipificará en el Código Penal esta manipulación de algoritmos, aunque al tratarse de una Ley Orgánica tendrán que ser las Cortes Generales las que acaben aprobando la medida. Rego ha enfatizado que se da este paso porque "los algoritmos no son neutrales". "Cuando una plataforma decide difundir determinados contenidos está condicionando qué ven niñas, niños y adolescentes; y a qué dinámicas quedan expuestos".

Por ello, la ministra del ala de Sumar en el Gobierno (Rego es de IU) ha advertido que esta medida es, ante todo, "un mensaje para Elon Musk y compañía: se acabó la impunidad". "El Gobierno de España lo tiene claro: operar en este país exige respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin excepciones". 

La ministra también ha dado un matiz sobre la anunciada prohibición de redes sociales a menores: el Ejecutivo se abre a que este veto no se aplique en aquellas plataformas que sí garanticen sus derechos. "Las redes sociales que no garanticen los derechos de la infancia y la adolescencia no podrán permitir la entrada a menores de 16 años con un objetivo: impedir que la industria siga diseñando entornos para captar su atención y hacer caja con sus datos", ha enfatizado.

Un Gobierno contra los tecnoligarcas

España se ha convertido en uno de los países en todo el mundo que más ha levantado la voz contra el omnímodo poder que están concentrando las grandes empresas tecnológicas, la mayoría de ellas nacidas o radicadas en Silicon Valley (California, EEUU). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya lanzó un duro discurso a principios del año pasado sobre personas "extremadamente poderosas" y "tecnomillonarios".

Lo hizo en el Foro de Davos en 2025, donde advirtió de que las redes sociales estaban "dañando el orden liberal y el sistema democrático". Ya a principios de este año Sánchez dio otro discurso de un calado similar en el World Governments Summit que tuvo lugar en Dubái en febrero: allí anunció la prohibición del acceso a las redes sociales a menores de 16 años y la idea de hacer responsables a los propietarios de las plataformas.

Los magnates propietarios o fundadores de multinacionales como X (parte de la cotizada SpaceX, del primer billonario de la historia, Elon Musk); Meta (Mark Zuckerberg sigue reteniendo el control ejecutivo como CEO de la matriz de Instagram o Facebook) construyeron su modelo de negocio eludiendo la responsabilidad de los contenidos que albergan sus servicios.

Alegaban algo sobre lo que ya había consenso en internet: el responsable de un contenido ilegal era su creador o difusor, no la plataforma que se constituía como medio. Este consenso se ha quebrado y en la Unión Europea existe el Reglamento de Servicios Digitales que exige diligencia a las plataformas a la hora de retirar contenidos ilegales de la red. El problema es que esa diligencia todavía no se aprecia en muchas plataformas.

A raíz del anuncio de Sánchez, magnates como Elon Musk o Pavel Durov (el fundador y CEO de la app de mensajería Telegram) lanzaron duras críticas contra el Gobierno de España. El primero acusó a Sánchez de traidor mientras que el segundo llegó a hacer uso de su plataforma para enviar un comunicado masivo a todos sus usuarios españoles criticando al Ejecutivo en pos de una supuesta libertad de expresión.