Tras el patinazo, Feijóo prueba ahora diciendo que no cabe más gente "desde el punto de vista cultural"

Cuarto día en el esprint final del Partido Popular para tratar de desacreditar el proceso extraordinario de regularización de migrantes, cuyo plazo finalizó ayer y hoy se ha conocido la cifra final de solicitudes duplicando las previsiones iniciales hasta las 1.174.000 personas. Una iniciativa que los populares apoyaron inicialmente al calor de las peticiones desde oenegés, Iglesia, patronales de empresarios..., pero de la que tratan de desligarse a medida que su principal competidor en el espectro de la derecha, Vox, sacaba rédito electoral de ello.

El líder del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, viene de protagonizar un sonoro patinazo por sus críticas a las nacionalizaciones derivadas de la 'ley de nietos' una disposición de la Ley de Memoria Democrática contra la que cargó —después de que Isabel Díaz Ayuso marcase la línea desde Madrid— acusando al Gobierno de "ingeniería electoral", para después tener que salir a matizar esos ataques. 

En ese camino de 48 horas lo que sucedió es que se viralizó su hemeroteca —y la de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz—, evidenciando que apoyaba esta norma cuando era presidente de la Xunta de Galicia, comunidad en la que el voto emigrante y de la diáspora sí ha tenido una importancia electoral para el PPdeG, desde Manuel Fraga al propio Feijóo. 

Pues este jueves, el presidente popular ha cambiado de estrategia y, tras exponer sus propios cálculos, ha asegurado que "siete u ocho" millones de personas —¿más?— "no hay país que lo resista". Pero ha introducido un nuevo matiz —novedoso en el PP, no en otras formaciones—. No se ha referido solo al supuesto colapso de servicios públicos que denuncia Ayuso con fuerza desde Sol y con el que alegó ante el Supremo, Feijóo sostiene que el país no resistiría ese número de personas "desde el punto de vista cultural".

Las cuentas de Feijóo: "Ya nos vamos a los 5,3 millones. Y si sumamos 2,5 millones..."

"La ilegalidad no puede producir derechos. Si llegamos a la conclusión de que una persona entra en España y automáticamente tiene un permiso de residencia, ¿cuál es el límite?", se ha preguntado Feijóo, obviando que el proceso de regularización cuenta con requisitos como una permanencia de al menos 5 meses y carecer de antecedentes policiales, a los que hay que sumar otra condición de una lista en la que hay casos como solicitantes de asilo, personas con familiares ya en España o estar en situación de vulnerabilidad.

"España no está preparada para atender a 50 millones de personas. Nuestros servicios públicos no tienen la dimensión, ni los servicios sociales, ni siquiera las infraestructuras para atender un incremento de población de 50 millones, vamos, hasta un total de 50 millones que hemos tenido en España en los últimos años", ha aseverado Feijóo, antes de empezar a echar cuentas sobre los migrantes que dice que han venido a España desde 2019.

"Si sumamos el número de inmigrantes que han entrado en España desde el año 2019 al año 2025 son cuatro millones. Si sumamos un 1,3 millones que estamos regularizando ya nos vamos a los 5,3 millones. Y si sumamos 2,5 millones de lo que el Gobierno llama nietos, que no son nietos solo, estamos ya en 7 u 8 millones de ciudadanos", ha dicho, para pasar a indicar que "siete u ocho millones de ciudadanos, en siete años, no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista del bienestar y desde el punto de vista cultural".

¿Qué quiere decir Feijóo con que no caben desde "el punto de vista social"?

Si bien sí ha desarrollado previamente lo que, a su juicio, supondrán los migrantes —por cierto, que ya estaba en España, utilizando muchos de esos servicios de los que temen el colapso— en términos de "bienestar" y desde "el punto de vista social", no ha desgranado a qué se refiere con "cultural", pero sí ha dado pistas: "Una persona inmigrante, además de tener trabajo y aportar, tiene que cumplir las leyes españolas. ¿O es que un señor de Santander no cumple las leyes?, ¿o es que si un señor de Cantabria no cumple la ley no le pasa nada y a un inmigrante que no cumple la ley, no tiene ningún efecto? .

El exmandatario gallego considera, sin poner ejemplos de esas infracciones, "tendrá que ser expulsado del país". Y, a renglón seguido, ha valorado también que "un inmigrante tiene que insertarse dentro de la sociedad que le acoge" y que "un inmigrante tiene que conocer el idioma español en un plazo de tiempo determinado".

Feijóo también ha tratado de explicar cuál es su propuesta de política migratoria, que pasa por "el cumplimiento de la ley", indicando que cualquiera puede entrar en España, pero deberá hacerlo "con un contrato de trabajo". Y ha introducido una comparación peligrosa, en relación con Sudamérica —por cierto, el mayor volumen de procedencia en la actual regularización—: "Como entraron los emigrantes españoles en América y en Europa en la década de los 50 y los 60".

Cabe recordar que en la considerada como la segunda gran oleada de emigrantes españoles que cruzaron el charco hacia Argentina, Venezuela, Uruguay o Brasil el factor predominante fue la huida de la pobreza, en unos tiempos de posguerra en el que seguían marchando hacinados en barcos sin tener ni apalabrado un empleo.