Telefónica paga caro el currículum 'falso' de un exempleado

La compañía de telecomunicaciones Telefónica ha vuelto a ser protagonista tras un episodio de lo más extraño y que se ha saldado con unas consecuencias enormes para la empresa española. Tras ser noticia durante las últimas semanas por la compra del fondo estatal saudí STC del 9,9% del total de la compañía, esta vez, el asunto navega por otros derroteros.

Un asunto que podría parecer algo totalmente insignificante e irrelevante, se ha convertido en toda una cuestión de estado en Perú. El país sudamericano y Telefónica 'han roto relaciones' durante un tiempo determinado debido a un suceso de lo más surrealista.

El origen de esta historia tuvo lugar hace unos meses, cuando un empleado de la compañía, cuyo currículum era de lo más completo -como analista de diseño B2B-, demostró, tras un período en la empresa, que sus habilidades y formación no se correspondían con los datos que había aportado en el documento.

Sanción desproporcionada por el gobierno peruano

Ante esta situación, el gobierno peruano decidió llevar a cabo un castigo ejemplar, que desde el sector califican de "desmesurada" y desde la propia compañía de "desproporcionada" al sancionar con 36 meses de inhabilitación a Telefónica a la hora de acceder a concursos de la administración central peruana. Por su parte, el empleado fue despedido y denunciado penalmente de forma inmediata.

Ante esta situación, la filial de Telefónica en Perú se pronunció ante el organismo sancionador, el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado de Perú (OSCE), asegurando que "resulta totalmente desproporcionada en relación con los hechos ocurridos".

Telefónica tomará las "acciones necesarias"

Al mismo tiempo, Telefónica indicó que la situación impuesta por el OSCE de no poder trabajar con el Estado durante los próximos tres años, no se corresponde con la actuación de la compañía en el país, ya que asegura que se "brindó de manera satisfactoria el servicio de conectividad requerido por el Ministerio de Trabajo", así como con "las obligaciones establecidas en el contrato suscrito".

Por todo ello, Telefónica afirma que "tomará las acciones necesarias ante el Poder Judicial para revertir esta desproporcionada sanción". Para ello, parte de su argumentación se centrará en que el servicio "no produjo ningún perjuicio para el Estado peruano", además de que el empleado denunciado no intervino en ninguna de las operaciones realizadas.

Pese a ello, la empresa aseguró que los contratos en vigor y que estaban acordados se podrán llevar a cabo y finalizarse según lo previsto. "La decisión del OSCE no afecta a los compromisos asumidos por Telefónica en los contratos que tiene celebrados con diversas entidades públicas, los que continuará cumpliendo en las mismas condiciones".