Otálora tenía que irse

Foto: EFE

La denuncia de acoso sexual de la exsecretaria privada del defensor del Pueblo contra su antiguo jefe es una historia incompleta que va para largo. Aunque, por una parte, creo que a este bochornoso rompecabezas todavía le faltan muchas piezas, por otra parte estoy convencido de que desde cuando dijo que tuvo un noviazgo con la abogada Astrid Helena Cristancho, el doctor Jorge Armando Otálora tenía que irse.

Su confesión se produjo en respuesta a la columna de Daniel Coronell en Semana, donde la doctora Cristancho acusa a Otálora de acosarla sexualmente. Para sustentar su denuncia la abogada le entregó a Coronell pantallazos de chats y de fotos íntimas del Defensor, que fueron publicados por el periodista.

Este nuevo señalamiento contra Otálora se sumaba a las denuncias de acoso laboral de la misma abogada y otros funcionarios y exempleados de la Defensoría, del cual habló Coronell hace varias semanas en dicha revista.

Ambas acusaciones ya están siendo investigadas por la Procuraduría y seguramente por la Fiscalía, pues la abogada Cristancho anunció que el lunes iba a instaurar otra demanda contra su exjefe, quien repite que sí fueron novios, mientras la señorita Cristancho insiste en negar un romance con Otálora.

No obstante, si Otálora decía la verdad, también tenía que irse, pues como él mismo dijo, cometió una equivocación. Una grave equivocación, creo yo, de la cual no es tan fácil zafarse y que tampoco se puede enmendar aduciendo simplemente que su error fue enamorarse. Que eso lo diga una joven actriz o una modelo, vaya y venga, pero no un funcionario con tanta experiencia.

Si le damos crédito al defensor sobre la relación con su exsecretaria, ¿cómo vamos a saber cuáles actividades realizadas con ella pertenecían al ámbito personal y cuáles al laboral? Así es imposible separar lo sentimental de lo profesional.

Como si eso fuera poco, muchas voces se pronunciaron en favor de la salida del destacado funcionario, no sólo por los señalamientos sobre su conducta, sino por el gran perjuicio que todo este escándalo ha significado para una entidad tan importante como la Defensoría del Pueblo, encargada de velar por la defensa de los derechos humanos.

De hecho, tan pronto como se conoció la columna de Coronell, el Partido Liberal, promotor de su nominación como defensor el Pueblo en el Congreso, le retiró su apoyo y exigió su dimisión; pedido al que se sumaron numerosos dirigentes sociales, académicos y columnistas, que coincidían en que Otálora tenía que irse.

En gracia de discusión, supongamos que Otálora no ha cometido ninguna falta ni delito, tal y como afirman sus acusadores. Hagamos de cuenta que no ha acosado sexualmente a nadie, que no es un tirano como jefe y que nunca les ha dicho una mala palabra a sus subalternos. Aun así tenía que renunciar a su cargo, sin darle tantas largas al asunto, pues hay que diferenciar la responsabilidad penal de la responsabilidad política; lo ético de lo legal.

Nadie debería aferrarse a un puesto, sin pensar en todo el daño que le puede causar a la institución a la que pertenece. Ya Samper le salió bastante caro al país con su "aquí estoy y aquí me quedo". Lo mismo pasa con el magistrado Pretelt y con muchos otros funcionarios indignos que no saben conjugar el verbo renunciar en primera persona.

Si Otálora pretende demostrar que hay una injusticia y que la abogada Cristancho miente, lo puede hacer mejor por fuera de la Defensoría. El país y la sociedad se lo reconocerán y quizás podrá regresar a su vida pública por la puerta grande.

En todo caso, cuando alguien se atornilla al puesto en tales circunstancias cierra todas sus posibilidades y la única salida que le queda es la puerta del servicio. Otálora tenía que irse.

Este artículo fue publicado originalmente en El Tiempo