El presidente de la Audiencia Nacional renuncia a su escolta en solidaridad con el resto de jueces
El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este martes que renuncia al servicio de escolta que tiene asignado y que aún mantenía tras la retirada de la seguridad por parte del Ministerio del Interior a la gran mayoría de jueces y fiscales de este órgano judicial.
El juez ha tomado esta decisión al considerar que "su situación no difiere de la del resto de sus compañeros" que perderán la protección a partir de mañana. Marlaska explica en una carta remitida al Ministerio del Interior que "en materia de seguridad" su caso es similar al de el resto de magistrados por lo que "renuncia al coche policial y la escolta" que le correspondía.
El magistrado concreta en la misiva que, por razón de su cargo como presidente de la Sala, solicita a Interior un vehículo de parque móvil "para las reuniones y otras incidencias a las que se vea obligado a asistir".
El cargo de Marlaska es equiparable al de los presidentes de las Audiencias Provinciales, que mantienen la protección a pesar del recorte puesto en marcha por Interior. El juez aprovecha la ocasión para agradecer al Ministerio, en la misiva, "el servicio prestado durante estos años".
El Ministerio del Interior ha retirado todos los escoltas que tenían los jueces y fiscales del Tribunal Supremo, el Tribunal Consitucional y la Audiencia Nacional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a excepción de los cargos más sensibles de la judicatura.
En el caso concreto de la Audiencia Nacional la medida, que afecta a unos 250 agentes, entrará en vigor a partir de mañana miércoles. El primer órgano en adoptarla ha sido el CGPJ, donde los vocales carecen de protección desde el lunes. Los magistrados del Supremo la mantendrán hasta el próximo jueves, han informado fuentes del alto tribunal.
Los únicos que conservarán la escolta en la Audiencia, que tiene asignada la labor de investigar y juzgar todas las actividades relacionadas con el terrorismo, la gran corrupción y el blanqueo de capitales, serán ahora su presidente, Ángel Juanes; el fiscal-jefe, Javier Zaragoza; el teniente fiscal, Fernando Burgos; y el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro.
De esta forma, quedarán sin escolta todos los jueces de la Sala de lo Penal, que se encargan de celebrar los juicios por este tipo de delitos, y los seis magistrados centrales de Instrucción, que llevan a cabo la labor de investigación de los procedimientos penales. Para todos ellos, según fuentes de la Audiencia Nacional, se reforzará el servicio de contravigilancia.
