El Gobierno de España prohíbe el paso de camiones con piedras a Gibraltar
El departamento de Aduanas, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha decretado este sábado la prohibición del paso de camiones con piedra a Gibraltar, según han informado fuentes del ministerio a Europa Press.
Las fuentes han explicado además que el departamento de Aduanas ha adoptado esta decisión tras recibir un escrito de la Fiscalía General del Estado a raíz de una denuncia de los armadores.
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, explicó este viernes que no se daría "un paso más" para prohibir que camiones con piedras pasen la frontera de Gibraltar hasta que no se respaldara por informes jurídicos que se pueda estar cometiendo un presunto delito medioambiental.
Así, De Torre reiteró que el Gobierno está actuando "desde la legalidad", insistiendo en que el que "incumple" las leyes es el Gobierno de la Roca.
Esta prohibición se suma a la que adoptó España a finales de julio cuando impidió la entrada en Gibraltar a varios camiones cargados de hormigón tras la denuncia interpuesta por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dirige Miguel Arias Cañete por el vertido de bloques de hormigón en aguas próximas a Gibraltar.
El Ministerio que dirige Arias Cañete decidió entonces interponer una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente al considerar que el lanzamiento de estos bloques, "sin ningún tipo de autorización", incumplió "varias normas medioambientales".
Además, El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente avisó de que estos vertidos dañaban "gravemente" a "la totalidad de las modalidades y especies habituales de la flota, tanto de Algeciras como de la Línea de la Concepción".
En la frontera del Peñón se han registrado largas filas a causa de los controles impuestos por España, después del vertido de 70 bloques de hormigón en las aguas que rodean la colonia británica por parte de las autoridades gibraltareñas.
Londres ha anunciado que estudia adoptar posibles "acciones legales" contra España por la persistencia de los controles al sostener que tienen "una motivación política" y son "totalmente desproporcionados".
España mantiene que los controles impuestos en el Peñón son "proporcionados" y "legales" pues Gibraltar no pertenece al espacio Schengen y que tienen la finalidad de evitar el contrabando y el tráfico ilícito.
