POLÍTICA
03/01/2017 11:14 CET | Actualizado 03/01/2017 16:10 CET

El Consejo de Estado responsabiliza a Defensa del accidente del Yak-42

Más de 13 años después, las familias de los 62 militares españoles muertos en Trebisonda (Turquía) a bordo de un avión Yak-42 cuando regresaban a casa tras prestar servicio en Afganistán han logrado una monumental victoria moral en su lucha contra el Gobierno del entonces presidente popular José María Aznar. Según publica en exclusiva El País, el Consejo de Estado ha reconocido oficialmente por vez primera la responsabilidad del Ministerio de Defensa, dirigido en ese momento por Federico Trillo, en el siniestro que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003. El documento de los consejeros sostiene que existe una "responsabilidad patrimonial" del Estado en la que es la mayor catástrofe de la historia moderna del Ejército español en tiempos de paz.

“Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”, concluye el dictamen citado por el especialista en Defensa del diario, Miguel González, que fue aprobado el 20 de octubre por unanimidad del máximo órgano consultivo del Gobierno; se da la circunstancia de que en este momento el Consejo de Estado lo preside José Manuel Romay Beccaría, que fue ministro de Sanidad con el PP.

Las familias de los muertos han acogido en Twitter la noticia con un "lucha y recompensa" que sintetiza sus años de pelea.

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Aunque esta resolución no implica una responsabilidad jurídica ni una compensación económica a las familias de los fallecidos, supone un duro rapapolvo para la cúpula de Defensa de entonces, pues determina que el accidente pudo haberse evitado si el equipo de Trillo -actual embajador en Londres- se hubiera preocupado de las condiciones en que los militares viajaban desde su misión en Afganistán.

POR QUÉ ES RESPONSABLE DEFENSA

Según el informe del Consejo de Estado, el accidente podría haberse evitado si Defensa "hubiera atendido a las denuncias y señales que recibió" sobre la precariedad de los aviones y tripulaciones que contrataba. Aunque el caso se ha archivado dos veces en los tribunales, los consejeros dicen que “la ausencia de responsabilidad penalmente relevante, nunca la de cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa”. O sea, que delito y responsabilidad son dos cosas diferentes. Si no hay lo primero, sí lo segundo, a su juicio.

La causa del accidente, afirma, fue el agotamiento y el estrés de los pilotos tras 22 horas de vuelo, y el hecho de que no hubieran recibido formación para afrontar crisis como aquella; acabaron por desorientarse y estrellar el avión cuando trataban de aterrizar de emergencia. Defensa dijo que ante ese fallo no tenía responsabilidad, porque revisar las condiciones de viaje de los militares en el exterior era tarea de NAMSA, un organismo de la OTAN que se encarga de esta logística, pero ahora el Consejo le niega la mayor: de ese contrato con la OTAN no se deduce en absoluto “un total y completo traslado de responsabilidades”. El Estado tiene, recuerda, la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, más allá de que otros lo hagan también. Más aún, añade, cuando se trata de una actividad de riesgo elevado como la que llevaban a cabo los españoles destinados en Afganistán.

"EL VUELO ERA ILEGAL"

Francisco Cardona, vicepresidente de la asociación de víctimas del accidente, ha reaccionado a la noticia en la Cadena SER, asegurando que no tiene fe en que los responsables de Defensa en 2003 pidan siquiera perdón por lo ocurrido. "Si el Gobierno del PP pide perdón, que tengo serias dudas, que se atengan a las consecuencias porque mis lágrimas no me las pueden secar. Mi hijo y los 61 compañeros del Yak no vuelven a casa por Navidad y nunca volverán".

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"Lo que diga el señor Trillo a mí me da risa. Él no debió autorizar, o alguien por encima de él, el vuelo del Yak-42 porque se ha demostrado en todas las instancias judíricas que el vuelo era ilegal. Si el Ministerio de Defensa hubiera actuado conforme a la legislación vigente ese vuelo no habría despegado", ahonda. Y hace más preguntas: ¿dónde se quedaron los 119.000 euros que se perdieron entre el contrato inicial que firmó Defensa y la subcontrata que finalmente acometió el vuelo? ¿Por qué se empleó un avión con defectos, incluso en la caja negra? ¿Nadie va a pagar por las cartas ofensivas a las familias o por las malas identificaciones de los cuerpos?

Lo que ahora desea es que el caso, con el aval del Consejo de Estado, se reabra nuevamente en los tribunales.

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