POLÍTICA
11/12/2017 14:44 CET | Actualizado 11/12/2017 14:45 CET

El Supremo ordena nuevas diligencias que pueden llevar a imputar a Rovira

El juez amplía la investigación a los miembros del Comité Estratégico

Marta Rovira
EFE
Marta Rovira

El juez del Supremo Pablo Llarena ha solicitado nuevas diligencias en la causa por el procés hacia la independencia y planea estudiar, una vez tenga los resultados, si imputa a más personas, entre las que podría figurar la 'número dos' de ERC, Marta Rovira.

En todo caso, fuentes del alto tribunal han informado a Efe de que las nuevas diligencias no se dirigen concretamente contra Rovira ni contra ninguna persona sino que, en principio, se limitan simplemente a pedir datos objetivos a la Guardia Civil.

La intención del juez es saber si hubo un concierto para la independencia entre los representantes de CDC, ERC y las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, así como la Asociación de Municipios para la Independencia, y en qué actos concretos se plasmó ese supuesto plan.

Quiere saber además si alguna de estas asociaciones ha sufragado dichos actos.

Y también conocer el papel en todo ello de las personas ya imputadas en la causa u otras, por ejemplo las que fueran miembros del llamado Comité Estratégico, del que según el documento EnfoCat formaba parte la citada Rovira, entre otros.

EFE

EL DOCUMENTO ENFOCAT

El documento denominado EnfoCat determinaba supuestamente la hoja de ruta a seguir tras la declaración unilateral de independencia (DUI) y en él se hablaba de un comité estratégico formado por el presidente y vicepresidente del Govern, miembros de grupos parlamentarios independentistas y los presidentes y vicepresidentes de ANC, Òmnium y Asociación de Municipios para la Independencia (AMI).

El valor del documento Enfocat como prueba ha sido cuestionado por algunas defensas de los imputados.

En todo caso, el juez quiere averiguar, siempre a partir de investigaciones de la Guardia Civil, si ese supuesto concierto incluía movilizaciones públicas y posibles actos violentos, y también si se han usado fondos públicos en dichos actos, caso de que se hayan llevado a cabo.

Así, exige investigar que fondos públicos se han podido emplear en iniciativas anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como podrían ser campañas de diseño y promoción de vídeos promocionales del referéndum, carteles, papeletas, urnas, registro de catalanes en el extranjero y otras semejantes.

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