Novedades en el caso Ayuso: intentos de tapar el supuesto espionaje y aviso de Gallardón

Novedades en el caso Ayuso: intentos de tapar el supuesto espionaje y aviso de Gallardón

'El Confidencial' informa de que altos cargos del PP efectuaron en enero inspecciones en organismos públicos del Ayuntamiento de Madrid para "cubrirse las espaldas".

Isabel Diaz Ayuso, el pasado mayo, tras depositar su voto en Madrid. Susana Vera via Reuters

El diario El Confidencial publica este jueves novedades sobre su exclusiva de anoche, en la que desvelaba que desde la dirección del PP nacional se contactó con detectives para investigar al hermano de Isabel Díaz Ayuso, presidenta popular de la Comunidad de Madrid. Según el digital, “altos cargos del entorno de Génova” intentaron el pasado enero ocultar estas investigaciones, después de que fueran descubiertos sus movimientos, que llegaron a la propia Ayuso.

Es entonces, dice El Confidencial, cuando el personal del PP que comanda Pablo Casado intentó “atribuir toda la responsabilidad de la iniciativa a cargos de una empresa pública del Ayuntamiento de la capital y efectuaron una inspección de su contabilidad interna para intentar recabar pruebas con las que cubrirse las espaldas”.

Aunque los seguimientos a la presidenta de Madrid comenzaron, indica la información, poco después de su victoria en las elecciones regionales de 4 de mayo de 2021, fue en noviembre del pasado año cuando los investigadores se centraron en su hermano, Tomás, a quien la oposición ha señalado en la Asamblea autonómica por el supuesto cobro de una comisión en un contrato adjudicado por la administración que comanda su hermana a un teórico empresario amigo de la familia.

Las indagaciones trataron de hacerse primero desde dentro del partido, luego se recurrió a profesionales ante la complejidad de la tarea y, visto que era difícil pagar y que no quedara huella del pagador, se desechó la idea, añade. La operación, pese a todo, se acabó filtrando y Ayuso llamó a Génova, quejándose de esta “guerra sucia”.

El Confidencial añade además que el exministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, quien hizo de intermediario y contactó con José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, “para trasladarle que a Ayuso le había llegado una información que apuntaba a que desde el Ayuntamiento de Madrid encargaron una investigación sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos al hermano de la presidenta”. Gallardón lleva años apartado de la política y se dedica a la abogacía.

Génova pidió cuentas a Ayuso en octubre

Además, según Europa Press, se ha sabido que el PP nacional pidió explicaciones a primeros de octubre a la presidenta de la Comunidad de Madrid para saber si favoreció a su hermano, un extremo que ella negó defendiendo la legalidad de la actuación de su Gobierno regional, según han indicado a la citada agencia fuentes de la dirección del partido.

En concreto, a Génova llegaron informaciones acerca de supuesto trato de favor al hermano de Ayuso y, según ha adelantado el País, le pidió explicaciones para saber si el Gobierno madrileño pudo adjudicar a un amigo de su hermano un contrato de mascarillas por 1,5 millones de euros durante la pandemia.

En la cúpula del PP señalan que más que “investigación interna”, se trató de una petición de aclaraciones a la propia Ayuso a raíz de esas informaciones que también se estaban publicando en varios medios de comunicación y que llegaron después a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, con peticiones de comisión de investigación.

De hecho, el 11 de noviembre se produjo un episodio polémico cuando todos los diputados de la oposición en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE, Vox y Unidas Podemos) abandonaron el Pleno monográfico sobre contratación tras expulsar la presidenta de la Cámara regional, Eugenia Carballedo, a una diputada del PSOE que se negó a retirar una acusación sobre el hermano de Ayuso.

En la dirección nacional del PP dieron credibilidad a ese supuesto trato de favor porque le llegaron “informaciones” en ese sentido y por eso se le pidió a Ayuso una explicación sobre este asunto a “primeros de octubre”. Sin embargo, la presidenta madrileña les aseguró que era todo legal y les emplazó a hablar con su hermano, si bien Génova insistió en que querían comprobar “con los papeles que todo era legal”, han indicado las fuentes consultadas.

Según han agregado desde la dirección del PP, es ese día cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid “bloqueó” al secretario general de los populares, Teodoro García Egea, en uno de sus teléfonos y se intensificó la presión para que se celebrara cuanto antes el congreso regional del PP.

Rechazo a las informaciones

Después de exigirle esas explicaciones, fuentes de Génova aseguran a Europa Press que están “esperando a que Ayuso les diga algo” y han “negado rotundamente que se haya dado orden de espiar” a la presidenta madrileña”, unas informaciones cuya filtración atribuye al entorno de Ayuso en la Puerta del Sol.

Según ha informado el diario El Mundo, el pasado mes de diciembre avisaron a Ayuso de que una agencia de detectives había recibido el encargo en nombre de la Empresa Municipal de la Vivienda del Consistorio de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.

Buscaban un extracto de cuenta bancaria del hermano de Ayuso y la declaración de proveedores ante la Agencia Tributaria de la empresa Priviet Sportive SL a la que la Comunidad había otorgado en plena pandemia un contrato de 1,5 millones para la compra de mascarillas. Querían saber si esta compañía le había abonado alguna cantidad.

A raíz de esto, el Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida decidió abrir una investigación interna para la que ha interrogado durante las últimas semanas a funcionarios. La conclusión alcanzada hasta ahora es que no se produjo este encargo.

Por su parte, El Confidencial ha publicado que han sido altos cargos del PP próximos a la Dirección Nacional quienes han contactado con los detectives privados para encargar dicha investigación.

Ante estas informaciones, el Partido Popular ha emitido un comunicado en el que “desmiente tajantemente las informaciones publicadas en relación a una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid” y ha avisado que tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades.