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06/11/2019 07:40 CET | Actualizado 06/11/2019 07:40 CET

Por qué el 10-N votamos también al Gobierno que nos represente en Europa

Estas elecciones suponen un reto constitucional y político carente de precedentes.

JFLA

Ni “repetidas” ni “anticipadas”: no hay nadie en España que dude que las elecciones del domingo 10-N son elecciones generales. Para decidir, sin más prórroga (“esta vez sí que sí”, como lo hubiera expresado Alfredo Pérez Rubalcaba) que haya Gobierno en España... y el próximo Gobierno de España.  

Y la decisión importa y urge sobremanera porque será ese Gobierno -necesario, inaplazable- el que deberá enfrentarse -entre otros- al desafío de mayor envergadura que haya conocido hasta ahora la democracia española desde el 78, año de la entrada en vigor de la Constitución: asegurar la vigencia del Estado social y democrático de Derecho basado en el imperio de la ley del que hablan el Preámbulo y el art.1.1 de esta Constitución frente a quienes apuestan por quebrantarlo sin más, al tiempo que relanzar su capacidad de integración y relanzar la convivencia en una sociedad abierta en la que las identidades ni se niegan ni se excluyen y en el que los derechos y libertades de cada ciudadan@ sólo encuentran  su límite en los de l@s demás.  

De modo que estas elecciones suponen un reto constitucional y político carente de precedentes, en lo que nos importa, en el país que habitamos. Pero también europeo. Por lo que conviene explicar la importancia de ese escalón europeo que depende, éste también, de las urnas del 10-N. 

Venimos, resulta innegable, de un calendario electoral extenuante. No habíamos visto hasta ahora en nuestros 40 años de elecciones democráticas una acumulación de urnas comparable a la que suma este 2019, todavía no concluido. Pese a la incesante cascada de procesos electorales que es propia de un ordenamiento territorial tan complejo como es el español, nunca habíamos vivido una secuencia tan intensa y estresante: el 28 A decidimos en las urnas las dos Cámaras que integran nuestras Cortes Generales (junto a las Corts Valencianes en esa comunidad); el 28 M fuimos a las municipales, locales, insulares, forales, autonómicas (en 12 CCAA), junto a las europeas.

Es cierto que, en esta ocasión, domingo 10-N, no votamos la elección del Parlamento Europeo (PE). Pero es asimismo verdad que, votando Congreso y Senado, elegimos al Gobierno que, en los próximos años, habrá de representar a España en el Consejo de la UE, órgano de impulso político y colegislador con el PE en la legislación europea. De modo que: presupuestos, techo de gasto, marco financiero y bancario, derechos fundamentales, modelo social, fiscalidad, libre circulación, asilo, refugio, seguridad, derecho penal, medio ambiente, protección de los consumidores, mercado interior, servicios, agricultura, pesca, ciencia e investigación, entre otros innumerables dominios... dependerán, en lo que nos importe y  en cuanto nos afecte, de qué Gobierno elijamos, quién dé la cara en la mesa del Consejo de la UE, qué prioridades defienda, qué valores incorpore y qué capacidad de influencia, persuasión o resistencia sea capaz de ejercer según en qué circunstancia y ámbito de decisión. 

Estas elecciones suponen un reto constitucional y político carente de precedentes, en lo que nos importa, en el país que habitamos. Pero también europeo.

En la presente Legislatura europea -la que ha arrancado en 2019, desde las elecciones del 26-M, nuestro futuro inmediato como español@s y europe@s se juega mucho en un espectro que excede el perímetro del Brexit, por más agónico que, a muchos, nos parezca, a estas alturas, el modo en que su interminable pendencia se haya cronificado, tanto en los debates del PE como en las conclusiones del Consejo de la UE.

En los próximos años, el Consejo de la UE ha de codecidir, junto con al PE (que es, no se olvide, “autoridad presupuestaria” de la UE), las magnitudes y cuantías del Marco Financiero Plurianual (MFF); la incorporación al mismo de los llamados “recursos propios” (para disminuir la dependencia del Presupuesto de la UE de las transferencias a cuenta de los Estados miembros, EEMM); la recuperación de la progresividad fiscal con la armonización de las bases impositivas del impuesto de Sociedades (Corporate Tax); la restauración del erosionado modelo social europeo tras largos años de crisis desde la Gran Recesión (marco de Seguridad Social, marco de salarios mínimos..);  las bases que vincularán a los EEMM. para una transición ecológica justa y una economía circular neutra en sus emisiones; y, cómo no, el nuevo mecanismo europeo de respeto y sujeción al Estado de Derecho, a las reglas de la democracia (pluralismo, oposición y protección de minorías)  y a la garantía de los derechos consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE).

Permítanme que, para ilustrarlo, señale la crucial importancia que reviste para España el desbloqueo por el Consejo de un mecanismo europeo de solidaridad en la gestión de migrantes y demandantes de asilo,  acompañado de un marco asimismo europeo de salvamento de vidas en la mar y de combate al business model de los tráficos ilícitos y de explotación de personas, que descriminalice en toda la UE la acción humanitaria y rescates por parte de las organizaciones de voluntarios y cooperantes, y establezca un cuadro seguro, confiable y solidario para la determinación del puerto de desembarco de rescates en la mar que sea respetuoso, al tiempo, del Derecho europeo (“paquetes legislativos” del asilo y del refugio), del Derecho del Mar (Convenio de Montego Bay 1982) y del Derecho Internacional humanitario (Convenios de 1974 y 1977 de la ONU sobre seguridad marítima y salvamentos marinos. ¿Hay alguien que pueda dudar que un avance humanitario y europeo de este calibre sería de interés para España, viendo los episodios de disputas entre EEMM acerca de quién y cuándo es responsable de ofrecer a un barco un puerto seguro en que desembarcar, en recurrentes parcheos que continúan encadenándose y sucediéndose aún hoy, con discusiones fragmentarias y decisiones tardías y siempre provisionales?  ¿Y hay alguien que pueda ignorar cuánto importa, en este asunto tan sensible para España, visto el repunte de esfuerzos de nuestro Salvamento Marítimo y Guardia Civil del Mar tanto en el mar de Alborán como en las Aguas Canarias, que la posición española sea confiada y defendida en la mesa del Consejo a un Gobierno capaz de hacerse escuchar construyendo mayorías para ello? 

También por la UE que nos falta, y tantos echamos de menos, el domingo 10-N hay que votar, con ganas.

Sirviendo a esos objetivos, como presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE, tuve el honor de presentar y defender una Resolución sobre Salvamento & Rescates en el Mar Mediterráneo (Search & Rescue) en el curso del II Pleno de Octubre en Estrasburgo. Agradezco de corazón cada voto a favor de esta resolución, solamente en el nombre de tantos y mujeres, niños y niñas, menores no acompañados, que se lanzan a la mar aherrojados por las mafias que les trafican y esclavizan con cantidades inasumibles que explotan su desesperación. Pero deploro y denuncio la mayoría conservadora (principalmente compuesta por PPE, ECR, ID, y No Inscritos) que impidió su aprobación, por sólo dos votos de diferencia: 292 contra 290, marcaron la diferencia entre la insolidaridad y el desprecio por el Derecho europeo y humanitario del mar y la oportunidad perdida de honrar la estatura moral por la que merece la pena que se distinga a la UE en una globalización asolada por la exasperada injusticia de las desigualdades.

Último pleno, Estrasburgo: esos dos votos decisivos nos sacuden la consciencia de la trascendencia intrínseca de cada acto personal de voto, de cada elección; de cómo y de qué manera ningún voto sobra ni cuenta menos que ningún otro a la hora de marcar la diferencia que importa. ¡Y cómo en cada elección nos jugamos todo o nada por una papeleta de menos o un escaño de más!

Por eso, también por la UE que nos falta, y tantos echamos de menos, el domingo 10-N hay que votar, con ganas. Elegir. Votar con fuerza. En todo caso, votar.

 

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