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03/11/2014 06:50 CET | Actualizado 02/01/2015 11:12 CET

Cospedal y las amistades peligrosas de la Gürtel

La Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha ha adjudicaco un contrato de 34 millones de euros a una filial del grupo Begar, que preside el imputado por la trama Gürtel José Luis Ulibarri. El contrato ha hecho saltar las alarmas en la región: temen que se desplacen a CLM los empresarios vinculados al PP que un día camparon a sus anchas en Valencia y Madrid y hoy son investigados por la Justicia.

En una semana, el PP ha pasado de puntillas por "esas cosas que nunca deben volver a ocurrir"; ha pedido disculpas por haber elegido malas compañías; ha compartido hartazgo e indignación con los españoles por los casos de corrupción, ha desempolvado viejas medidas anticorrupción y ha activado un Consejo de Transparencia... Bla, bla, bla.

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que hoy se conocerá les situará frente al espejo de una cruda realidad. Los españoles ya no les escuchan. Ni a Cospedal cuando dice que en su partido están tan escandalizados como los ciudadanos por la corrupción; ni a SSS (Soraya Sáenz de Santamaría) cuando anuncia el enésimo paquete de medidas para la regeneración de la vida pública, ni a Mariano Rajoy cuando sostiene compungido que ahora le toca no sólo lamentar, sino actuar. No entienden nada. El veredicto de la opinión pública está ya dictado y pesa sobre sus cabezas. Nadie les cree. Porque no es probablemente la corrupción la que nos distinga de otros países, sino la respuesta contra ella de quienes dirigen la vida pública.

¿Acaso alguien entiende que Bárcenas siguiera cobrando del PP después de que se le descubrieran más de 45 millones de euros en Suiza? ¿Que Rajoy escribiera aquél "Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos"? ¿Que Esperanza Aguirre no leyera los dossiers que le llegaban a su despacho sobre las trapacerías de su número dos, Francisco Granados? ¿Que Cospedal no supiera quienes son los empresarios imputados por la Audiencia Nacional en la mayor trama de corrupción de los últimos años?

Ahí queremos ir hoy. A la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, a las amistades peligrosas del partido en el Gobierno, a la Gürtel, a los sobornos y a los empresarios que en este país están bajo sospecha y siendo investigados por la Justicia. El que va a ocupar estas líneas se llama José Luis Ulibarri. Su nombre ya aparecía en el informe de agosto de 2008 que la Audiencia Nacional hizo sobre la trama corrupta montada por Francisco Correa alrededor del PP. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía le describía como "presidente del Grupo Begar, íntimo amigo de Correa" y al corriente de todos los negocios que se cocían en el entorno de la trama, en especial el de la adjudicación de una parcela municipal en Boadilla del Monte a la promotora UFC, propiedad del mencionado, investigado por la Audiencia Nacional por haber pagado supuestamente un soborno de un millón de euros por aquella operación.

Pues lean, lean porque no hace ni una semana -el pasado 27 de octubre- que la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha acaba de adjudicar un contrato por valor de 34 millones de euros a una filial del Grupo Begar que preside el imputado Ulibarri para la gestión de una residencia de mayores en Toledo. La sociedad en cuestión está registrada con el nombre de Aralia Servicios Sociosanitarios, y hasta septiembre de 2009 estaba presidida por el empresario imputado en la causa Gürtel por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. En el registro hoy aparecen como administradores solidarios su esposa, Milagros Alonso Fernández e hijo, Enrique Ulibarri Fernández.

Según la resolución publicada por la Junta, a Aralia, que nunca antes había contratado con esta Administración regional, se le pagarán 51,79 euros por cada plaza del centro de mayores, 1,79 más de los que se abonan a las empresas privadas que conciertan servicios de las mismas características en aquella Comunidad.

El contrato en cuestión ha hecho saltar las alarmas en la región, no porque haya tacha de ilegalidad en el procedimiento, sino por que se desplacen a Castilla-La Mancha y sean beneficiados con adjudicaciones públicas los empresarios vinculados al PP que un día camparon a sus anchas por Valencia y Madrid y hoy son investigados por la Justicia.

Así que a la secretaria general del PP se le acumulan los problemas. Primero la indemnización en diferido de Bárcenas, después la imputación del ex alcalde de Toledo, José Manuel Molona, por la supuesta mordida de 200.000 euros que le fue entregada por Sacyr para financiar su campaña electoral y ahora sus escarceos con un empresario imputado por la trama Gürtel. Lo dicho: que no es la corrupción, sino la respuesta contra ella; que no es la legalidad, sino la ética y la estética. Y parece que no se enteran.

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