Decisión trascendental de la justicia madrileña en el caso de los herederos de un sultán que exigen a España 16.000 millones de euros
La justicia madrileña reafirma la anulación del nombramiento de Gonzalo Stampa como árbitro en el caso de los herederos del sultán de Sulu.
El pasado viernes, la Audiencia Provincial de Madrid notificó su decisión de mantener la anulación del nombramiento de Gonzalo Stampa como árbitro en el caso de los herederos del sultán de Sulu, quienes reclaman a España 16.000 millones de euros. Esta decisión confirma la resolución previa del 29 de junio de 2021, que anulaba el nombramiento de Stampa debido a irregularidades en la notificación a Malasia, país involucrado en el conflicto.
El origen de esta disputa se remonta a un acuerdo territorial de 1878 relacionado con una región de Borneo, hoy parte de Sabah, Malasia. Los herederos del sultán de Sulu alegan que Malasia incumplió el pago de una renta anual estipulada en dicho acuerdo. En 2021, Stampa emitió un laudo arbitral desde París, otorgando a los herederos una cuantía cercana a los 15.000 millones de dólares, además de tres millones en costas legales.
Sin embargo, la intervención de la justicia española ha sido un obstáculo para la ejecución de este laudo. La Audiencia Provincial de Madrid anuló el nombramiento de Stampa como árbitro, argumentando que Malasia no había sido debidamente notificada. A pesar de esta anulación, Stampa continuó con el arbitraje, lo que resultó en su condena por desobediencia y una prohibición de ejercer como árbitro durante un año.
En diciembre de 2023, los herederos del sultán presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, intentando anular la decisión del 29 de junio de 2021. Basaron su solicitud en un artículo de prensa que alegaba presiones políticas del Ministerio de Asuntos Exteriores español debido a intereses económicos con Malasia. No obstante, el tribunal desestimó el recurso, calificándolo de carente de rigor y consistencia, y ordenó a los demandantes asumir los costos del proceso.
La reciente decisión del 11 de febrero de 2025 reafirma que los magistrados no se dejaron influenciar por presiones externas y que la anulación del nombramiento de Stampa se basó exclusivamente en razones legales.
