El Gobierno de Noboa denuncia un intento de asesinato del presidente en un viaje al sur de Ecuador

El Gobierno de Ecuador ha denunciado este martes un intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa durante un viaje oficial a la provincia de Cañar, en el sur del país. Según la versión oficial, un grupo de personas atacó con piedras y proyectiles la caravana presidencial cuando el mandatario se dirigía al municipio de El Tambo para participar en la inauguración de una obra pública. Noboa resultó ileso y continuó su agenda “con normalidad”, según confirmó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Cinco personas han sido detenidas y serán procesadas por intento de asesinato y terrorismo.

La Presidencia ecuatoriana ha difundido imágenes del incidente a través de la red social X, en las que se aprecia cómo el convoy presidencial avanza entre gritos y lanzamiento de objetos. “Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su presidente”, declaró el propio Noboa. En otro mensaje, el Ejecutivo aseguró que “los desestabilizadores no lograron detener al Gobierno nacional” y acusó a los atacantes de obedecer “órdenes de radicalización” para impedir la entrega de un proyecto comunitario.

Manzano, que presentó una denuncia ante la Fiscalía por un presunto intento de asesinato, detalló que durante el ataque “aparecieron 500 personas” y que en el vehículo del presidente “hay signos de bala”. “Esto no lo vamos a permitir. Ecuador dice: ‘Sí a la paz, sí al trabajo’, y esta clase de manifestaciones que no son pacíficas no son las que necesitamos en un momento de progreso y desarrollo”, añadió. La Secretaría de Comunicación ha confirmado que el coche presidencial se encuentra bajo análisis de Criminalística.

Desde el Gobierno se ha enmarcado el ataque dentro de una estrategia de desestabilización contra la Administración Noboa. “Todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato”, señaló el Ejecutivo, que considera el suceso una muestra de la “radicalización violenta” de ciertos grupos contrarios a las reformas económicas impulsadas por el presidente. El discurso oficial insiste en proyectar la imagen de un Estado que mantiene el control y no cede ante la presión de las protestas.

Sin embargo, las reacciones políticas no se han hecho esperar. La líder del correísmo y excandidata presidencial, Luisa González, ha criticado la versión del Gobierno. “Todo el que se opone a Noboa resulta que es terrorista. ¿Qué nombre le ponemos al que se perdona 98 millones y le encarece todo al pueblo?”, escribió en su cuenta de X, en referencia a la reducción de la deuda de la compañía familiar Exportadora Bananera Noboa, que pasó de 95 a 3,5 millones de dólares. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha denunciado una “brutal acción policial y militar” contra “el pueblo movilizado” durante la llegada del mandatario a El Tambo, y ha reclamado la liberación de los cinco detenidos.

El ataque al convoy presidencial se produce en un contexto de alta tensión social. Las protestas, convocadas por la Conaie, cumplen ya más de dos semanas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, medida que elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares. Los manifestantes exigen la restitución de esa ayuda y una reducción del IVA del 15 % al 12 %. En las últimas semanas, un manifestante indígena ha muerto por disparos presuntamente de militares y más de un centenar de personas han resultado heridas. El Gobierno sostiene que no revertirá la medida, al considerar que el subsidio favorecía al contrabando y a la minería ilegal.

La ministra Manzano ha insistido en que “las comunidades indígenas ancestrales no están involucradas en esto”, atribuyendo los hechos a “ciertas células criminales” infiltradas en las movilizaciones. El Ejecutivo intenta así desvincular el ataque de las protestas legítimas y presentarlo como una acción violenta aislada. Sin embargo, las tensiones entre el Gobierno y la Conaie continúan, con nueve carreteras bloqueadas en tres provincias y un calendario de movilizaciones que amenaza con extenderse hasta el referéndum constitucional del 16 de noviembre.

El clima de inseguridad política no es nuevo en Ecuador. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023, durante la campaña electoral, marcó un punto de inflexión en la percepción de la violencia y la penetración del crimen organizado en la política nacional. Desde entonces, el país ha encadenado episodios de convulsión social y una creciente desconfianza hacia las instituciones.

Noboa, que llegó al poder prometiendo “recuperar la paz”, ha intentado proyectar una imagen de estabilidad pese a los ataques. Tras el incidente en Cañar, continuó su agenda oficial y mantuvo los actos previstos. Pero el suceso vuelve a exponer la fragilidad del escenario ecuatoriano, atrapado entre la presión de la calle, la crisis económica y la necesidad de un liderazgo que aún busca afirmarse. A menos de dos meses del referéndum que podría redefinir el mapa político del país, el ataque de Cañar ha devuelto a Ecuador la sensación de que la frontera entre la protesta y la violencia vuelve a ser demasiado delgada.